El gobernador de Entre Ríos dio marcha atrás con la polémica ley y ahora ordena a la Legislatura el veto. El mandatario ratificó sin embargo su decisión de "poner en valor productivo esas tierras".
El humedal entrerriano, una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta y de una riqueza invaluable, fue históricamente objeto de usurpaciones, negociados y depredación.
El gobernador Sergio Urribarri propuso
derogar la polémica ley de explotación de islas fiscales entrerrianas
que promueve actividades agroindustriales en el humedal, a través de la
conformación de una sociedad anónima conformada por accionistas privados
y el Estado provincial.
De todas maneras, el mandatario ratificó su decisión
de "poner en valor productivo esas tierras convocando a todos aquellos
sectores que quieran aportar a este objetivo". En el proyecto que elevó a
la Legislatura desmiente "cualquier tipo de intención privatizadora ni
concesiones sobre el Delta" y afirma que la norma, sancionada en
diciembre con el Nº 10.092, "ha sido blanco de críticas maliciosas e
infundadas".
En este marco, el Ejecutivo provincial encarga la
elaboración de un registro de inmuebles que pertenecen al dominio
público y privado del Estado; profundizar las acciones penales y civiles
contra los ocupantes ilegales de bienes del dominio público provincial y
la revisión de la situación dominial de la totalidad de las tierras del
Delta entrerriano.
Además, persiste en la iniciativa de convocar "a
todos aquellos sectores que de buena voluntad quieren aportar a estos
objetivos a elaborar sus propuestas y proyectos, de modo concreto.
Soberanía
La iniciativa postula enfáticamente que el gobierno
entrerriano no volverá atrás con la defensa de la soberanía sobre su
territorio. "No dejaremos que ningún privado, domiciliado donde fuere,
se apropie del dominio público entrerriano e iremos hasta las últimas
consecuencias, incluso penales, en defensa de este criterio".
"El Gobierno de la Provincia de Entre Ríos se ha
propuesto, desde la gestión iniciada el 10 de diciembre de 2007, poner
fin a una historia de despojo para ejercer la defensa y recuperación de
las islas fiscales que pertenecen a su dominio público. En ese marco se
han sancionado una serie de normas destinadas a cumplir ese objetivo e
incluso se han promovido decenas de acciones judiciales con ese mismo
propósito. También se ha profundizado la defensa judicial en acciones en
las que el Estado ha pretendido ser despojado de tierras del dominio
público", reza el considerando.
Articulado
Tras la enfática fundamentación, el gobernador plasmó
la orden de derogar la ley 10.092 y a continuación dispuso en el
segundo artículo encomendar a la Unidad de Control de Inmuebles
dependiente de la Fiscalía de Estado "la elaboración de un registro de
inmuebles que pertenecen al dominio público y al dominio privado del
Estado indicando estado de ocupación y ubicación".
En el tercero, ordena a la Fiscalía de Estado a
profundizar "las acciones penales y civiles contra los ocupantes
ilegales de bienes del dominio público provincial" y en el cuarto,
encomendó a los organismos de control la revisión de la situación
dominial de la totalidad de las tierras que componen el Delta
entrerriano e informe las conclusiones al Poder Legislativo", remata el
texto.
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