Las torres. Son simétricas, tienen 26 pisos cada una y se elevarán a una altura de 85 metros. Foto: Maqueta Estudio Benuzzi
Por José Civita
Santa Fe es una ciudad difícil, complicada de entender aun para los que vivimos en ella. Es un aglomerado que pide a gritos proyectos de inversión privada que complementen la participación necesaria del sector público en obras de infraestructura. Y lo pide porque una gran parte de su población se encuentra debajo de la línea de pobreza. Y porque es necesario activar la inversión productiva y el empleo genuino.
Sin embargo, cuando los proyectos aparecen, a menudo se producen reacciones extrañas que, en nombre de causas supuestamente nobles, esconden motivaciones pequeñas y conductas miserables. Es el pan cotidiano que alimenta la extendida mediocridad de no pocos actores de nuestra vida urbana. Ejemplos sobran, pero vamos a detenernos en uno muy concreto y actual para que se comprenda mejor un problema de vieja data que se actualiza sin cesar en desmedro de la ciudad y su conjunto social.
Un proyecto de magnitud
Nos referimos a uno de los más importantes proyectos encarados por un desarrollador inmobiliario privado en nuestra historia urbana, iniciativa que cuenta con todas Las habilitaciones pertinentes, pero luego de años permanece maneada por el interminable empleo del completo vademécum de trabas judiciales habilitadas por códigos de procedimientos disociados de Las realidades de Las sociedades modernas y sus ritmos económicos. Se trata del proyecto edilicio torres Alem, consistente en la construcción de dos cuerpos simétricos de 26 pisos de departamentos cada uno, que se elevarán a una altura de 85 metros y estarán implantados en un terreno de 140 metros de frente y exiguos 25 metros de profundidad, superficie infrecuente que proviene de un filete de tierra remanente de la realización de la multitrocha ejecutada sobre la traza de la vieja avenida Alem que es, al mismo tiempo, un tramo de la Autovía Nacional 168.
Pues bien, esta buena noticia, que implica una inversión total aproximada de 400 millones de pesos, con un zócalo de cinco pisos de cocheras para 118 autos; y, por encima, 118 departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios (y también de piso completo), que se levantarán mediante una técnica constructiva que pondrá a Santa Fe a la cabeza de la innovación en esta materia, sufre persistentes trabas procesales que demoran su puesta en marcha. Así, no sólo sufre el proyecto, que como mencionamos cuenta con todas Las habilitaciones; también padece la ciudad, habida cuenta de que una obra de este volumen mueve la rueda de la economía urbana al dinamizar sectores tales como los corralones proveedores de materiales, Las fábricas y talleres que producen elementos específicos de calidad, como Las aberturas, equipamientos integrales para cocinas y baños, ascensores, instrumentos electrónicos y, por supuesto retribuciones para los profesionales de la arquitectura y la ingeniería y salarios para el crecido número de operarios que trabajarán en un complejo de esta magnitud, sin olvidar por cierto el significativo porcentaje de la inversión que vuelve al Estado -nacional, provincial, municipal- en concepto de IVA, ingresos brutos, derechos municipales, cargas sociales, etc. En suma, una cadena de inversión, trabajo y recaudación detenida por astucias procesales que aceitan la máquina de impedir al tiempo que hunden oportunidades de desarrollo.
El origen de la trama
Hace un par de años, y a manera de cierre de una serie de publicaciones sobre este tema, que se había instalado en la discusión pública, El Litoral sintetizó en una página —que creía final— Las posiciones de los involucrados: la Dirección Nacional de Vialidad, donante del terreno; el Sindicato de Viales, donatario; Benuzzi Inmobiliaria, que lo adquirió de buena fe a través de un contrato de permuta; Las posiciones de la Municipalidad y el Colegio de Arquitectos; y los pronunciamientos de la Justicia Federal, que había desestimado Las presentaciones de un propietario lindero, el Arq. Oscar Ezcurra.
Sin embargo, la cuestión se sigue dilatando porque Ezcurra y su apoderado continúan instando, pese a sucesivos fallos judiciales, la nulidad de la donación hecha en su momento por la DNV; actividad que impide iniciar el trabajo pese a la habilitación municipal.
Los hechos
El cuestionamiento judicial de Ezcurra respecto de una supuesta extralimitación del administrador general de la DNV, pasa por alto el hecho objetivo de que la donación se produjo en el marco de un programa de transferencias de bienes remanentes solicitados en 2012 por los sindicatos de doce distritos viales dentro de la geografía nacional. Y, lo que es más contundente aún, el sindicato no pudo realizar su proyecto en este terreno a causa de restricciones establecidas en ordenanzas municipales. El problema es sencillo de entender: dada la escasez de tierras disponibles en el espacio urbano, la política municipal es densificar mediante construcciones de altura los sitios que se prestan para tal cometido, por ejemplo, los bordes de avenidas amplias. Y éste es uno de esos casos. El terreno donde se proyecta levantar Las torres Alem, se encuentra en la zona R1A, reservada para la mayor densidad urbana. Por eso, la altura mínima establecida es de 36 metros. Esa disposición tornaba irrealizable el modesto proyecto de los viales, motivo por el cual el sindicato permutó la tierra recibida por inmuebles que satisfacían necesidades administrativas y sociales, y que les fueron entregados hace años por Benuzzi Inmobiliaria.
Los intereses en juego
Así Las cosas, el argumento de los linderos que quedarán detrás de Las torres, respecto de la supuesta defensa de un espacio verde, ofende la inteligencia de cualquier santafesino que medianamente conozca su ciudad. En primer lugar, los linderos que arguyen preocupación por el espacio público y levantan banderas ecológicas avanzaron en su momento sobre el terreno en cuestión, buscando aprovechar el frente sobre Av. Alem. En el caso de la discoteca, con ingreso por calle Necochea, necesitaba asomarse a la Ruta Nacional 168 para evitar el traslado al otro lado de la laguna de acuerdo con el nuevo ordenamiento municipal para el rubro de boliches nocturnos. Además, todos recuerdan que durante años se utilizó el polémico terreno como improvisado estacionamiento de la discoteca, saturado en Las noches por verdaderos racimos de automóviles. Entre tanto, en el ángulo opuesto, sobre la calle Santa María de Oro, un aserradero que funciona en condiciones irregulares y motiva continuas quejas vecinales por polución aérea, también ocupó metros cuadrados que no se corresponden con su título, y lo hizo porque buscaba lograr una posición frontal sobre la avenida. No hay por tanto intereses generales en juego, sino reacciones individuales ante un proyecto que disipa expectativas de acrecimientos individuales a través de un espacio que había dejado de ser público con la donación de la DNV. Por añadidura, la supuesta preocupación verde por una delgada lengua de tierra inapropiada para plaza, pierde toda consistencia cuando se la ubica en el plano urbano y se visualiza que en ese borde se concentra la mayor cantidad de espacios verdes y recreativos de la ciudad a lo largo de unos diez kilómetros que contornean la laguna Setúbal y el río Santa Fe, desde Guadalupe hasta el Parque del Sur y el Parque de la Constitución, pasando por los terrenos portuarios, el parque Alberdi y su unión con la plaza Colón -que ahora absorbe la plazoleta Suiza y Las calles laterales-, con la consiguiente ampliación destinada al uso público cuando se terminen Las obras en curso. Y si esto ocurre en el borde sureste del barrio Candioti, habría que agregar que en su parte media se extiende, a lo largo de 1,5 kilómetros, el paseo botánico del bulevar Gálvez, con el agregado de la plaza Pueyrredón. En consecuencia, si algo sobra en ese sector de la ciudad son los espacios públicos para solaz y recreación de los santafesinos. La cuestión de fondo que impulsa la porfiada judicialización del tema son intereses particulares puros y duros, y que como tales deben ser expuestos a la luz del sol.
Mientras tanto, un proyecto que impactará de manera directa e indirecta en los ingresos de miles de trabajadores, profesionales, fabricantes y comerciantes; y que en buena medida volverá como impuesto al sector público, sigue esperando, tanto como la ciudad, que puede incorporar a su paisaje edificios referenciales y unidades habitacionales que den respuesta a distintas necesidades. Es hora de que la Justicia diga la última palabra, y que para evitar daños múltiples, lo haga en tiempos compatibles con los ritmos de una sociedad moderna que apuesta a dinamizar su economía y mejorar su nivel de vida.
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