La Cámara de Senadores de Santa Fe pidió al gobierno provincial que la Empresa Provincial de la Energía “aplique beneficios directos y revea el exorbitante aumento de las tarifas eléctricas”, tanto para los clientes industriales como para los usuarios residenciales (los hogares) y los comercios. Foto: Archivo El Litoral.
De la redacción de El Litoral
El cálculo involucra tanto a aquellas familias que ya contaban con alguna de las tarifas sociales que desde hace años ofrece la empresa santafesina, como a los hogares que por la aplicación de los nuevos subsidios pagará el gobierno nacional a los sectores más pobres.
En total habrá 347 mil usuarios residenciales de la Epe alcanzados por alguno de los subsidios, tanto provinciales como nacionales. Como el número total de esos usuarios es de un millón de cuentas, aproximadamente el 35 % de los hogares santafesinos contará con esa ayuda estatal.
Los clientes residenciales que gozan de esos beneficios se dividen en tres grupos: 1) las 88 mil familias que tienen desde hace años una tarifa social provincial por su situación económica (que se mantiene); 2) por otra parte, también se sostiene la tarifa subsidiada por la Epe para los jubilados que cobran la mínima y suman 126; y 3) ahora se suman otros 133 mil usuarios que hasta aquí pagaban la tarifa plana pero ahora contarán con una tarifa social abonada por el Estado Nacional.
Junto al aumento del precio de la energía mayorista dispuesto por el gobierno nacional, la administración central creó un nuevo subsidio que (a diferencia de la situación anterior) sólo podrá beneficiar a las familias que son clientes regulares de alguna distribuidora eléctrica y reúnen una serie de condiciones.
Los criterios de acceso al nuevo régimen de subsidios de la Nación están definidos en el anexo 1 de la Resolución N° 7/2016 de la Secretaría de Energía de la Nación.
Allí se establece que pueden ser beneficiarios jubilados o pensionados que cobren hasta dos veces el haber mínimo de Anses (8.598,12 pesos desde marzo); trabajadores en relación de dependencia que cobren en bruto menos dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil (12.120 pesos en bruto); beneficiarios de programas sociales; monotributistas sociales; discapacitados con certificado; y desempleados con seguro de desempleo.
Esto significa que pagarán una energía mayorista más barata, es decir, mantendrán el subsidio nacional. Ese reconocimiento será retroactivo al 1ro. de febrero pasado, cuando la Nación quitó parcialmente los subsidios a la energía y actualizó en hasta 500 por ciento el costo del megavatio.
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