A partir de la condena a cinco personas hace diez meses que no hay más casos denunciados. Desde abril de 2014 hubo 80 sustracciones a mano armada o en la vía pública. Muchas de las camionetas eran sacadas por Oroño hacia el sur con destino a territorio bonaerense.
La Capital |
Una pesquisa sobre el robo de camionetas de trabajo marca Toyota Hilux logró desbaratar este año a una sofisticada banda. La investigación desentrañó un complejo modus operandi, entrecruzó datos de un millón de llamadas, recuperó catorce camionetas y cinco personas fueron condenadas. Pero además de esclarecer 80 sustracciones a mano armada o en la vía pública tuvo un impacto constatado en el terreno: desde febrero de 2015 no se registraron denuncias por nuevos robos de estos vehículos.
El dato surge del informe de gestión 2014/2015 del Ministerio Público de la Acusación (MPA) divulgado la última semana. De allí se deducen varios datos de interés sobre la dinámica delictiva en la ciudad de Rosario. Un capítulo interesante es el de la denominada "investigación Hilux". De allí surge que desde abril de 2014 se llegaron a robar 80 vehículos de esa marca, pero tras la intervención judicial hace ya diez meses que no se denuncian nuevos casos.
"Este tipo de resultados es también producto de un nuevo esquema de investigación que se basa en unificar denuncias en base a un mismo patrón delictivo", dijo el miércoles durante la presentación del informe el fiscal regional Jorge Baclini, al analizar el efecto del nuevo sistema penal sobre determinadas modalidades delictivas. Según indicó, el impacto obedece a un modo de investigación centraliza causas donde aparecen los mismos patrones delictivos.
Pesquisas unificadas. A partir de la reiteración de denuncias de robos de camionetas Hilux, un fenómeno que se da en todo el país pero tuvo un pico en Rosario, la Unidad de Investigación y Juicio del MPA encaró hace varios meses una investigación de estos hechos que arrojó resultados positivos y permitió avanzar en la comprensión de un tipo delictivo complejo.
A partir de la persecución fiscal sobre una banda que cometió 80 sustracciones en Rosario —siete a mano armada y otras 73 por levantamiento de la vía pública— cinco personas fueron condenadas y otra está a punto de llegar a juicio.
Según las estadísticas del MPA, esa saga comenzó a investigarse a partir de un caso del 13 de abril de 2014. Con el estudio en cámaras de vigilancia del recorrido que hacían los vehículos sustraídos se pudo establecer que muchos eran sacados por Oroño al sur, con posible destino en provincia de Buenos Aires.
Otras zonas, mismo delito. Por eso el fiscal Fernando Rodrigo comenzó rastrear la actividad de la banda en Rosario y sus probables conexiones con otras jurisdicciones. Determinó que los sospechados también figuraban en causas del juez federal Claudio Bonadío, quien estaba tras los pasos de una banda de al menos 30 miembros entre ladrones, reducidores y falsificadores de los guarismos.
El mecanismo. Aunque el modus operandi del grupo ya no era un misterio, a los fiscales les llevó un tiempo comprender cómo vulneraban el sofisticado sistema de seguridad que trae de fábrica la camioneta.
Es que no eran nada improvisados. Luego de acceder al habitáculo conectaban una notebook al tablero que interfería el dispositivo antirrobo. Al hackearlo, como se dice en términos informáticos, se habilitaba el arranque de forma manual.
Luego, advertidos de que las chatas podían contar con aparatos de rastreo satelital ocultos en alguna parte del chasis, se las ingeniaban para sacar "el bicho", como lo identifican en la jerga criminal al sistema de GPS, preferentemente marca Lo Jack.
Ese maniobra dificultaba que la empresa informara la ubicación del vehículo a su dueño. Sobre todo porque muchos se percataban varias horas después del robo, lo cual daba tiempo a los ladrones para descartarse del aparato. Los delincuentes concretaban los levantamientos a la noche o la madrugada, lo cual les otorgaba tiempo para fondear el vehículo.
Pero además de las tareas de inteligencia hubo un trabajo casi de hormiga: fue el desglose de la información que surgió de acopiar un millón de llamadas telefónicas de personas sospechadas.
Para desmenuzar semejante cantidad de datos hizo falta la intervención de la Unidad de Operación de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que tiene un software especial para manipular volúmenes masivos de información.
Vínculos. Luego de más de un mes la PSA elevó un informe que permitió esclarecer hechos y confirmó la participación de sospechosos que la fiscalía tenía en vista en base a tareas de inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI).
Esto terminó por vincular y lograr las condenas de Marcelo F. D. M; Fernando D. D. —sus apellidos no se dieron a conocer— y las de Fernando Ariel Scrinzi, Enzo Matías Niz y Oscar Alberto Niz, cuyas penas en juicios abreviados fueron publicadas por este diario.
Además se encuentra detenido el sindicado líder de una de las bandas, Mauricio E. S., a quien se le atribuye el robo de cuatro camionetas, y a Juana M. V., los dos con proyección de inminente condena.
La mega investigación Hilux permitió recuperar catorce camionetas y frenar los robos, a tal punto que no se registran denuncias por nuevos hechos desde febrero de 2015.
El campo, destino de los vehículos
La información que acopió la fiscalía permitió sacar varias conclusiones respecto al fenómeno del robo de camionetas. Una de ellas, interesante en términos de conducta social, es que “la gran demanda (de Hilux) de parte del sector agrario no solamente es lícita” — se venden cerca de 60 por mes en la zona de Rosario — “sino también ilícita, ya es el principal comprador de las camionetas sustraídas. Esa compra ilícita es relativamente segura porque los vehículos tienen por destino grandes explotaciones agropecuarias (norte y sur del país) donde escapan a controles”, consigna el informe oficial.
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