La ley nacional de protección animal. Tiene tres artículos en los que establece qué actos son considerados de maltrato y de crueldad.
En 2012, los abogados Susana Dascalaky y Gerardo Viglia, integrantes del Centro de Crueldad Animal comenzaron a recorrer el país para brindar charlas sobre Derecho Animal, una temática que en Argentina está legislada desde hace más de 60 años, pero sobre la cual aún cuesta generar conciencia social.
El viernes pasado, Dascalaky, estuvo en Santa Fe –invitada por la Agrupación Animalista Santafesina– para contar su experiencia como querellantes en causas penales por maltrato animal y también para debatir sobre el rol de los operadores judiciales ante este tipo de delitos y cómo el actuar a tiempo podría incluso llegar a prevenir casos de violencia más complejos.
“Aunque a muchos les parezcan temáticas lejanas, el derecho animal está íntimamente relacionado con los derechos humanos. Ambos comparten la misma base que es respetar la dignidad del otro, sin importar si es humano o no. Es un ser que siente, sufre y que es consciente de su propia vida y que cuando ese respeto se infringe interviene la ley penal”, explicó Dascalaky en diálogo con Diario UNO.
—¿Qué dificultades encuentran al momento de plantear que los animales también son titulares de derechos?
—A nivel jurídico ninguno, porque está consagrado en el Código Penal e incluso fue el eje de los argumentos de los fallos más recientes que hubo sobre maltrato animal, como fue el caso de la orangutana Sandra. En ese caso, el fallo fue del máximo tribunal penal de la Argentina, que es la Cámara Nacional de Casación Penal, que sostuvo que los animales son sujetos de derecho, que ante un delito cometido en perjuicio de ellos intervine la ley penal argentina y que tienen que ser representados por el asesor de Menores e Incapaces o una organización social legalmente constituida.
Y agregó: “El problema, sin embargo, es más profundo en términos sociales. Mucha gente cree que solo pueden ser titulares de derechos aquellos que nos consideramos superiores porque somos humanos y tenemos raciocinio. Y ese es un gran error, porque los bebés no tiene raciocinio, ni pueden contraer obligaciones y no por eso no son titulares de derechos. Lo mismo pasa con las personas con discapacidades mentales. Incluso, hasta hace muy poco tiempo, las mujeres éramos consideradas inferiores: no podíamos votar, no podíamos tener ningún tipo de derecho en el ámbito positivo reconocido. Los animales hoy están en la misma condición en la que estuvieron muchos de los humanos por todos los prejuicios que desarrollamos. Primero la esclavitud por el racismo, después el nazismo, después el sexismo y ahora estamos en la época del especismo y está en una situación de desventaja aquel sujeto que no es humano”.
La ley penal 14.346, sancionada en septiembre de 1954, detalla en dos artículos cuáles son los actos considerados como maltrato y cuáles son actos de crueldad y, además, dispone sanciones de entre 15 días a un año de prisión para quien practique cualquiera de esas conductas con animales.
Para Dascalaky, se trata de una ley muy innovadora y precursora, sobre todo si se tiene en cuenta la cantidad de años que tiene la norma y que prevé penas similares a las que se aplican en casos de lesiones leves hacia otro ser humano.
Una alarma social
Para la abogada, otro aspecto clave del análisis de los casos de crueldad animal es que pueden constituir una alerta de hechos de violencia entre seres humanos.
“Muchas veces lo que se ve es la violencia contra los animales y lo que está de fondo es un caso de violencia doméstica. Es muy frecuente que en los casos en los que hay niños, mujeres o ancianos golpeados, luego, de las investigaciones surjan que había testigos que vieron cómo castigaban a la mascota de la familia en el patio de la casa. Uno de los casos más recientes es el del hombre que metió a su beba en el lavarropas porque no dejaba de llorar. Casi mata a la nena, que terminó internada en el hospital Garrahan. En la causa penal se conoció que antes había hecho lo mismo con el perro y el gato de la familia. Entonces, si los operadores judiciales, si los asistentes sociales hubieran estado atentos a ese tipo de situaciones de violencia, a lo mejor se podría haber evitado lo que le pasó a la chiquita”.
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