Fue en la sesión del último jueves. Prorrogaron por los próximos 180 días hábiles. La medida da respiro a más de 5.500 propietarios de viviendas únicas en el territorio santafesino.
La Capital |
Los remates fueron suspendidos en la provincia por los próximos 180 días hábiles. El trámite aprobado en la Legislatura el jueves, última sesión del año, no solo dará oxígeno a las más de 5.500 viviendas únicas y familiares que se encontraban en riesgo de subasta en toda la provincia, sino sobre todo a los 500 hogares que ya tenían fecha para que se les bajara el martillo. “Es importantísima la medida”, destacó el integrante del Centro de Estudios Metropolitanos Concejalía Popular, Ariel D’Orazio, quien hizo hincapié en que la medida se extenderá “por lo menos durante los primeros nueve meses de 2016”, un lapso en el que buscarán trabajar en la normativa “de fondo, integral y definitiva”.
El reclamo de suspender los remates venía siendo planteado por familiares y acompañado por la Concejalía Popular desde hace varios meses. Ya se había logrado suspender algunas de las subastas, mientras que en otros casos, con menos éxito, hubo familias que perdieron la propiedad.
En ese marco, el pedido llegó a la Legislatura y la Cámara de Diputados de la provincia aprobó definitivamente en la última sesión del año una prórroga de una suspensión de remates ya existente, que contaba con media sanción de los senadores. Así, el freno a las subastas de viviendas únicas, familiares y permanentes quedó vigente por los próximos 180 días hábiles.
“Ese período significa que los remates estarán suspendidos por lo menos hasta septiembre próximo, ya que al tratarse de días hábiles no se cuentan los períodos de feria judicial de los Tribunales provinciales, los fines de semana ni los feriados”, detalló D’Orazio.
Viviendas salvadas
La medida recayó sobre las más de 5.500 viviendas que se encontraban en riesgo por estar en juicio en toda la provincia, pero sobre todo salvó del martillo a unas 500 que ya estaban con fecha para ser subastadas.
“Ahora estas familias, tanto las 500 como el resto de las miles que se encuentran tramitando el juicio, tienen la tranquilidad de que pueden acogerse a esta normativa”, explicó el integrante de la Concejalía, y detalló que “eso significa llevar adelante el procedimiento que establece la ley y que otorga la posibilidad de rediscutir y hacer un recálculo de la deuda reclamada a partir de la presentación de documentación”.
Además, D’Orazio hizo hincapié en que en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, “es el juez de la causa el que debe determinar el monto de la deuda, lo que permite limpiarla de intereses usurarios, e incluso el proceso permite que el deudor cuestione la parte de lo reclamado que considera ilegítimo”.
La normativa no solo suspende los remates, sino los procesos judiciales, con lo cual no hay posibilidad de que avancen si no es el marco de la ley aprobada.
Compromiso
Estos meses de 2016 permitirán abrir un tiempo de debate y discusión en la búsqueda de una solución “de fondo, integral y definitiva”, marcó D’Orazio, y adelantó que para eso ya está el compromiso de todos los bloques de la Legislatura, desde el Frente Progresista Cívico y Social y el Frente para la Victoria, hasta los que llegarán a partir del 10 de diciembre, como Carlos del Frade y Mercedes Meier, del Frente Social y Popular.
La creación de un registro de viviendas en riesgo y los hogares en riesgo de ejecución concreta; la inembargabilidad de las propiedades únicas, familiares y permanentes, tomando como ejemplo las normativas vigentes en provincias como Buenos Aires y Córdoba, y la jurisprudencia de Mendoza; y el establecimiento de un procedimiento en la Justicia especial definitivo que no tenga fecha de caducidad, serán los ejes del trabajo que ahora se darán los legisladores.
La idea es incluso empezar a analizarlos antes del nuevo año legislativo, que se iniciará recién el 1 de mayo próximo.
En contra
El jueves en la Legislatura, la única voz que se mostró en desacuerdo fue la del diputado Santiago Mascheroni (FPCyS-UCR) –quien se abstuvo–, entendiendo que: “No se puede seguir pateando para adelante el problema. En primer lugar porque las situaciones de injusticia tienen que estar perfectamente determinadas. Se lleva casi una década prorrogando sin abordar el tema. Acá no se analizó cuál es el proceso que existe dentro del juicio para llegar a un entendimiento. En segundo lugar, nosotros reclamamos en todas las instancias que se realice un censo y para ver cuáles son los casos que merecen inmediata atención y la suspensión. No es lo mismo endeudarse para ampliar la casa que para hacer un viaje al exterior”, aseguró. Luego agregó: “Los que votaron la prórroga dicen que es ganar tiempo para sacar una ley. Pero hay una ley que establece los procedimientos, lo que sucede es que no la cumplieron las partes. Esta es la primera vez que me abstengo, porque creo que no es la solución, solo se está ganando un tiempo de incertidumbre”.
“Yo abrigo la secreta convicción de que si hay una intención de discutir en serio y en los 180 días aparece una opción, la analizaremos. Pero sino volveremos a caer en una prórroga y así el cuento de la buena pipa no termina nunca”, se quejó y siguió: “Necesitamos un censo serio y no que se vaya engrosando. Si en 10 años siguen existiendo 5.000 familias afectadas, como ellos (por las ONG) argumentan, aunque hubo un montón que llegaron a un entendimiento y otras que teóricamente fueron ejecutadas, se tiene que conocer cuál es el universo verdadero”.
Por último dijo: “Esto no puede solucionarse desde el punto de vista provincial. Es un problema político nacional. Así como el Estado nacional salvó a los bancos en la crisis (de 2001), que también salve a los deudores. La Nación no lo quiso hacer, y la provincia no está en condiciones de hacerlo. Entonces lo único que se hace es prorrogar y prorrogar. Pero no se toma el toro por las astas”.
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