Valientes. Estas mujeres denunciaron a los narcotraficantes de Rosario y Santa Fe. Hoy viven amenazadas y custodiadas.- Foto:Guillermo Di Salvatore
De la Redacción de El Litoral
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“Quiero que lo internen”, suplica Paola, mamá de B., que empezó a consumir drogas cuando sólo tenía 11 años. “Se puso de novio con una chica de la villa San José y empezó a drogarse en esa placita, cuando todavía estaba en la primaria”, recuerda con angustia.
Al principio fue sólo marihuana, pero hoy consume pastillas y cocaína, y también aspira poxirán, según pudo inferir su madre. Hace tres meses estuvo internado en el hospital Cullen por una sobredosis. Y el fin de semana pasado, la familia vivió uno de los episodios más angustiantes, cuando el adolescente llegó a su casa “dado vuelta”, discutió con su mamá, la golpeó y le quebró dos dedos de la mano.
Desesperada, Paola la llamó a Norma Castaño, de la asociación Madres Solidarias, quien pidió ayuda al 911. El adolescente fue detenido, intervino la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia y lo trasladaron a un refugio de puertas abiertas, donde se alojan adolescentes en conflicto con la ley. “Lo que él necesitaba era atención médica y contención psicológica. En lugar de eso, lo llevaron a un lugar donde no había gente capacitada para atender su adicción”, cuestionó Norma Castaño, referente de Madres solidarias, una asociación civil que lucha contra el consumo de drogas y denunció la connivencia entre la policía y los narcotraficantes.
Dos horas más tarde, B. estaba nuevamente en su casa. “No lo podemos retener”, se excusó el encargado del hogar ante el cuestionamiento de Castaño. Paola estaba asustada, su hijo estaba “sacado” y los amenazó a ella y a su hijo mayor. “Tenía miedo de que pasara cualquier cosa”, reconoce la mujer, todavía conmocionada.
B. buscó algo de ropa y se fue. “Nunca se había ido de casa”, dijo su mamá. Fue a hacer la denuncia por pedido de paradero, pero en la seccional 2a. no se la pudieron tomar porque no tenían papel. “Me dijeron que volviera hoy”, dijo la mujer, 72 horas después de que su hijo se fuera de su casa.
Ningún organismo ni fuerza pública lo buscó, pero él apareció el domingo en su casa de Don Bosco, más tranquilo y sin los efectos de la droga. “Tengo miedo porque la policía me dijo que si no lo controlaba, iba a terminar muerto en un zanjón. Pero yo no lo puedo controlar, por eso estoy pidiendo que lo internen”, rogó desesperada.
“Este caso es sólo una muestra de lo que sufren las familias cuyos hijos se drogan”, aseguró Castaño, que a lo largo de una década de lucha contra la droga escuchó cientos de historias similares. “Todas las mamás nos encontramos con impedimentos y cuestiones burocráticas para que a nuestros hijos los atiendan”, planteó.
Lucha quijotesca
“Los narcos están matando toda una generación”. “No podemos proteger a nuestros hijos internándolos y tampoco podemos protegerlos denunciando a los narcos”. “Éramos cuatro madres que nos animábamos a denunciar y hace menos de un mes nos mataron a una: Norma Bustos. El mensaje de estos mafiosos es que cerremos la boca porque si no vamos a terminar como ella: con un tiro”.
Éstas son algunas de las denuncias que Norma Castaño, Betina Zubeldía y Adriana Abaca, de la asociación civil Madres Solidarias, reiteraron durante la entrevista con El Litoral. Estas tres mujeres son las caras visibles de una lucha que cientos de familias santafesinas llevan adelante en silencio y desamparadas: la recuperación de sus hijos de las adicciones.
Durante años, Norma y Betina se enfrentaron con una cadena interminable de impedimentos y trabas burocráticas para que atiendan a sus hijos adictos. Hoy llevan la voz en nombre de muchas otras madres que no se animan a denunciar públicamente los padecimientos de las familias con un integrante con problemas con las drogas. Padecimientos personales, familiares, pero también conflictos con los vecinos, en el trabajo, con los dealers del barrio, las autoridades y hasta con la policía.
Además de cuestionar la falta de acción y de decisión política por parte del gobierno para frenar estas mafias, las madres expresaron su preocupación porque en la provincia “no hay centros de rehabilitación”.
Si bien coinciden con el espíritu de la ley nacional de salud mental -que considera a la internación como un recurso excepcional-, cuestionan que la persona a internar tenga que dar su consentimiento. “Un chico drogado no reconoce al otro, pierde el interés por las cosas que antes le interesaban, se puede dañar a sí mismo o a su familia. No estamos de acuerdo en que a un chico en estas condiciones se le pregunte si quiere o no seguir un tratamiento”, planteó Zubeldía.
Cabe aclarar que la ley prevé la internación involuntaria cuando existe una situación de “riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”, que se determina según criterio médico. Sin embargo, las madres aseguran que aunque logren sortear todas las instancias burocráticas, no hay un centro de rehabilitación ni en Santa Fe ni en Rosario
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