Trabajaban en la sub 22ª y el chico estaba en el Irar. Le pidieron $ 5 mil para liberarlo cuando ya la jueza lo había ordenado. Ahora fueron condenados por extorsión en grado de tentativa.
La Capital |
Dos efectivos de la subcomisaría 22ª que le habían exigido a una mujer el pago de 5 mil pesos para no trasladar a su hijo, que estaba demorado al Instituto para la Recuperación del Adolescente (Irar) y sobre quien ya se había librado una orden de restitución a sus padres, fueron condenados en un proceso abreviado a penas de ejecución condicional. Es decir que ninguno de los uniformados irá a la cárcel.
El oficial Juan Diego Carrasco fue sentenciado a 2 años y 6 meses por el delito de extorsión en grado de tentativa y en carácter de autor. También fue inhabilitado para el ejercicio de un cargo público por el mismo término. A su vez, el agente Carlos Ariel Carrizo recibió una condena de un año y 3 meses por la misma figura penal, pero como partícipe secundario del mismo delito. Y fue inhabilitado para ocupar un cargo público por el tiempo de la pena. En tanto, la sargento Mariana T., que había sido detenida en una primera instancia, fue liberada tras evaluarse que no estaría implicada en el hecho, al menos en esta etapa procesal. El acuerdo entre el fiscal Fernando Dalmau y Guillemo Muratti, el abogado defensor de los uniformados, fue homologado ayer por el juez penal Alejandro Negroni.
El domingo 10 de agosto pasado Verónica S. denunció que, cerca de las 14 de ese día, dos efectivos de la subcomisaría 22ª le habían solicitado 5 mil pesos para dejar en libertad a su hijo de 16 años, que había sido demorado por la portación de un arma. Según la denuncia de la mujer, los uniformados la habían presionado diciéndole que si no entregaba el dinero su hijo sería trasladado al Irar. Según la acusación del fiscal Dalmau, los dos policías condenados le exigieron el dinero para liberarlo porque el muchacho "estaba muy complicado ya que tenía muchas denuncias en su contra".
Unas nueve horas después la mujer se presentó en la seccional del barrio Santa Lucía y fue recibida por el agente Carlos Carrizo. Luego, según el relato de Dalmau, apareció el oficial Juan Carrasco y la llevó a la oficina del jefe de la dependencia policial. "La mujer le dijo que había juntado 4 mil pesos, pero que sólo podía entregarle 3.500 porque tenía que comprar mercadería para su negocio". Carrasco aceptó ese dinero y le dijo que al hijo "le habían lavado las manos para que no le queden restos de pólvora".
In fraganti. Tras ello, Carrasco acompañó a Verónica S. hasta la puerta de la seccional. Pero en ese momento ingresaron los agentes de la Dirección de Asuntos Internos que esperaban la concreción del hecho denunciado y le secuestraron 4.577 pesos a Carrasco, aunque no estaban los billetes marcados que le había entregado la mujer. Ese dinero apareció en un cesto de basura en el cual uno de los policías intentó ocultarlos y en medio de una requisa a la seccional. Carrizo había sido imputado como coautor de intento de extorsión, pero finalmente le atribuyeron la figura de partícipe necesario porque no recibió el dinero pactado.
La conducta extorsiva de los policías acusados adquiere mayor significación teniendo en cuenta que, según fuentes de la pesquisa, habían recibido órdenes precisas de la jueza de Menores en turno, Carolina Hernández, de dejar al adolescente en libertad previa constatación de su domicilio y notificación a los progenitores.
Ya para entonces el fiscal Fernando Dalmau había tomado conocimiento de la denuncia luego de hablar directamente con la mujer, quien además le advirtió que otra persona del barrio había pasado por la misma situación. De inmediato el funcionario judicial notificó al delegado de Asuntos Internos, Aníbal Candia, para que enviara personal al domicilio de la víctima con el objetivo realizar una "entrega controlada" y así dejar constancia de la maniobra.
"Con una celeridad importante por tratarse de un domingo a la noche, el personal policial movilizó equipos de comunicación y audio. Cerca de las 23 lograron establecer que desde la misma comisaría se habían comunicado con la mamá del chico para decirle que fueran a retirarlo con el DNI. En esa charla la mujer les preguntó respecto de la plata, ante lo cual le contestaron que debía llevarla", había relatado Dalmau a este diario.
Con el encuentro pautado, los pesquisas marcaron y fotocopiaron los billetes destinados al pago y elaboraron una planilla con su numeración. Así, antes de la medianoche, la mujer se presentó en la subcomisaría ataviada con equipos de audio y video ocultos a través de los cuales los investigadores hicieron el monitoreo on line de la conversación entre la víctima y uno de los policías condenados. Apenas se concretó el pago, Asuntos Internos irrumpió en la dependencia policial y puso al descubierto el chantaje.
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