Nueve personas investigadas desde 2008 por la Justicia Federal de San Nicolás se sentarán en dos meses ante el Tribunal Oral Nº 2. Los acusan de ingresar cocaína a la Argentina.
La Capital |
"Miren a Kukato García, que tiene como 35 años, vive en calle Almirante Brown, antes de llegar a la aduana, en una casa que tiene dos medios tambores como macetas, vende todo tipo de drogas y pastillas, sistema delivery con el celular 155106(..) y el teléfono de la madre 423 (...). Los sábados a la tarde vende en Toscaza con el sobrino, un flaco alto como de dos metros que no trabaja, cómo hace para pagar un alquiler en la zona más cara de San Pedro?".
Nada hacía pensar que ese apretado mensaje llegado a la comisaría de una pequeña ciudad bonaerense era el hilván que llevaría hasta una organización dedicada al tráfico internacional de estupefacientes liderada por un ganadero colombiano. El grupo, con integrantes argentinos en roles subordinados, fue investigado por el juzgado de San Nicolás a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo y será juzgado por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario en un proceso cuyo inicio se estima para dentro de dos meses.
Bajo esa actividad de menudeo que el anónimo atribuía a Kukato García se movía, según los acusadores, un grupo que abastecía de alcaloides a esas piezas minoristas, que despachaban sus envíos a destinos de ultramar por vía marítima o aérea. Las cantidades de droga incautadas en Argentina no fueron significativas. Pero las pesquisas telefónicas pusieron al desnudo la dinámica triangular que animaba a los niveles jerárquicos, que traían desde Colombia partidas de cocaína hasta la Argentina para redespacharlas a España, Holanda y Australia.
El ganadero. La investigación iniciada en 2008 se hizo en dos etapas. Con los teléfonos de Javier Celestino Kukato García se determinó rápidamente por escuchas que su proveedor era Marcelo Biradelli, dueño de un bar de la ciudad de Campana, y el colombiano Diego Fernando López Echevarría.
Posando la atención en Biradelli se llegó al abastecedor principal. Este era Argemiro Sierra Pastrana, un ganadero colombiano de 64 años residente en la ciudad de Villavicencio, de tránsito regular hacia Argentina verificado por Migraciones. Un hombre que ostenta como antecedente penal haber sido condenado a 135 meses de prisión en Estados Unidos bajo cargos de conspiración por la venta de 20 kilos de cocaína.
Según consta en el expediente del caso, Biradelli mantenía con Sierra Pastrana diálogos telefónicos fluidos en los que pactaban encuentros semanales en la Capital Federal, en localidades del conurbano y en Campana. En noviembre de 2009 varios vendedores menores del grupo empezaron a caer en la ciudad de Buenos Aires, San Pedro, Moreno y Campana.
Sierra Pastrana se había ido a Colombia el 8 de diciembre de 2008 y, enterado de esas novedades, optó por no regresar. Pero allí lo ubicó Interpol. Fue extraditado el 15 de marzo de 2013 y espera el juicio en prisión.
Frutas en lata. En una abundante secuencia de escuchas destacan las referencias, tanto de Sierra Pastrana como de Biradelli, a la importación y exportación de latas de frutas tropicales. Por el tenor de los dichos el personal policial que actuó estableció que era el medio elegido para transportar estupefacientes. Las conversaciones exponen un claro conocimiento del colombiano respecto de procedimientos vinculados con controles aduaneros.
Las conversaciones de Biradelli también descubrieron a un eslabón muy destacado de la cadena. Era Luis Avelino Esquivel, un argentino de 60 años que residía en España y que confundió a los policías por su acento extranjero. Esquivel entraba y salía de Argentina de modo continuo permaneciendo por breves lapsos.
Las conductas de Esquivel, según Villafuerte Ruzo, garantizaban el funcionamiento de la organización delictiva: su estancia breve en distintos países a fines de recibir el material estupefaciente, la gestión de cobro de la sustancia, las búsquedas de las personas allí para la recepción de los envíos por correo u otras vías.
El 12 de diciembre de 2008 Esquivel abordó en Ezeiza el vuelo 8019 con destino al aeropuerto de San Pablo. En esa ciudad brasileña fue detenido cuando trataba de embarcar a Portugal con 5.745 gramos de cocaína. Las escuchas definieron que Marcelo Biradelli lo había llevado a Ezeiza. Y que tanto éste como López Echevarría estaban al tanto de que trasladaba droga.
Un año después. A partir del 21 de diciembre de 2009 hubo una secuencia de allanamientos a integrantes del grupo. En ellos se incautaron drogas, insumos para su fraccionamiento, balanzas, documental, dinero en efectivo, armas y automóviles.
Esquivel fue condenado a cinco años en Brasil por su fallido traslado de cocaína. Recuperó la libertad en 2012. A su regreso, al ser indagado en San Nicolás, aceptó los hechos que se le atribuían en Argentina y hundió a Biradelli al decir que lo contrató para llevar estupefacientes a Portugal. Pero asumió que no podría ser juzgado porque por ese hecho ya lo habían hecho en Brasil y que por los sucesos posteriores no se lo podía conectar con la droga secuestrada porque estaba preso.
Sin embargo, el fiscal nicoleño Matías Felipe Di Lello sostuvo que igual debía llegar a debate oral. El juez Villafuerte determina que los hechos que se le atribuyen a Esquivel son previos a su detención en Brasil. Que toda la planificación, vinculaciones y operaciones de Esquivel fueron las que aseguraron que la banda siguiera con sus actos hasta diciembre de 2009. Por ello lo envió a juicio.
Juntos. El mismo grupo que está acusado de integrar una organización dedicada al tráfico nacional e internacional de drogas comparecerá en forma conjunta. Primero habían sido procesados Marcelo y Horacio Biradelli, Javier "Kukato" García, Edgardo Maderioli, Matías Uriel Gómez y Diego López Echavarría. Luego se sumaron Sierra Pastrana, que estaba prófugo en Colombia; Esquivel, que cumplía su pena en Brasil, y la colombiana Sulán Ortega, quien según fuentes judiciales es religiosa de una congregación católica (ver aparte).
Vestida de monja ante el tribunal
Sulán Ortega es una mujer colombiana de 32 años que mantuvo una relación sentimental con su compatriota y también imputado en esta causa Diego Fernando López Echavarría, con quien tuvo un hijo. Ortega llega a juicio porque se la consideró la continuadora del negocio cuando López Echavarría fue detenido. Según fuentes judiciales allegadas a la causa, la mujer llamó la atención por una curiosidad: como al parecer pertenece a una congregación religiosa católica, se presenta a cumplimentar con diversos trámites penales vestida como monja.
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