Santa Fe se encuentra entre los distritos que mayor porcentaje del presupuesto destina al área. Los Estados subnacionales gastan más aunque con dispar efecto. El informe indica que el año pasado la provincia destinó el 10,7% de sus gastos hacia esa área, una de las más altas junto con Santa Cruz (13,3%), Córdoba (12,5%) y Buenos Aires (12,3%).
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La inversión en seguridad en cada una de las provincias argentinas está muy lejos de correr en paralelo con políticas eficientes para los ciudadanos que habitan sus territorios y que ubican al tema en el eje de las demandas de la vida cotidiana. Tanto es así que —más allá de considerar que a la inseguridad es imposible abordarla sin atender los aspectos económicos, sociales y políticos—, sólo desde el punto de vista de los fondos, aquellas jurisdicciones provinciales que mejor posicionadas se encuentran a la hora de desembolsar recursos para esta área no son exactamente las que muestran resultados más acertados.
Así, mientras que Santa Fe se encuentra entre las que destina más fondos a seguridad, los propios datos oficiales de la provincia difundido hace pocos días por La Capital indican que, por ejemplo en Rosario, los crímenes aumentaron un 25% en lo que va del año respecto de 2013, con 112 asesinatos registrados entre el 1º de enero y el 11 de mayo, casi la misma cantidad que en todo el año 2007.
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que sondea el tema y analiza el rol de los gobiernos provinciales en materia de gasto en política de seguridad, revela que durante el año 2013, las 23 provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) gastaron en conjunto $43.327 millones en política de seguridad, lo que equivale al 1,63% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional. Esta cifra es ligeramente superior a la observada en 2012 (1,60%) y significativamente mayor a las observadas en años previos.
En este universo, la provincia de Santa Fe está entre las jurisdicciones que más gasta en seguridad, pese a que también es una de las más afectadas por la inseguridad. Al punto tal que el Ejecutivo santafesino debió articular acciones con el gobierno nacional para atender los graves problemas de inseguridad que enfrenta, y que derivaron en la presencia de fuerzas como Gendarmería o Prefectura en el territorio.
El informe de Iaraf indica que el año pasado la provincia destinó el 10,7% de sus gastos hacia esa área, una de las más altas junto con Santa Cruz (13,3%), Córdoba (12,5%) y Buenos Aires (12,3%). En el extremo opuesto, las provincias que menos gastos comprometieron fueron Santiago del Estero (5,3%), Formosa (5,4%), Caba (5,6%), Chaco (5,7%), San Juan (5,8%), La Rioja (6,1%) y Catamarca (6,2%).
Pese que la participación de los gastos de seguridad en el total es alta en la provincia, la tasa de variación anual promedio entre 2008 y 2013, del 3%, es una de las más bajas. El informe aclara que no se midieron los destinados a los aumentos salariales percibidos por los agentes de seguridad provincial a partir de diciembre del año pasado.
El gasto en seguridad consolidado per cápita en Santa Fe es de $1.039 por habitante, por encima del de todas las provincias, que llega a $1.027. En este aspecto, las provincias sureñas de Tierra del Fuego y Santa Cruz y otras como La Pampa, Neuquén, Chubut o Río Negro están por encima de la media con gastos per cápita para seguridad por encima de los $3.500, pero se trata de distritos con baja densidad poblacional.
Por eso, si a Santa Fe se la compara con el grupo de jurisdicciones de mayor densidad (donde también se ubican Buenos Aires, Caba, Córdoba y Mendoza), el gasto en seguridad es casi similar a la media de estas provincias, sólo superada por Córdoba y Mendoza.
Presupuesto. Por otra parte, los datos del presupuesto provincial para 2014 muestran que el gobierno santafesino prevé destinar este año 4.690 millones de pesos para el Ministerio de Seguridad que preside Raúl Lamberto, sobre un total de erogaciones y recursos estimado en unos 53.600 millones de pesos. Es decir, un 8,56% de los gastos tendrán como destino esa cartera.
Durante una entrevista realizada en marzo en este diario, el ministro de Economía de Santa Fe, Angel Sciara, al analizar los componentes del presupuesto, destacó la calidad del gasto en seguridad. “Esta gestión logró un elemento importante que es la ley de emergencia en seguridad y la creación de un fondo que actúa como si fuera un fondo de asignación específica”.
Para el funcionario, “así como tenemos que garantizar que la obra pública continúe, tenemos que garantizar que el gasto en seguridad que se requiera para capacitar a la policía, dotarla de instrumentos, móviles, armas, construcción de cárceles o comisarías, tenemos que darle prioridad a ciertos gastos”.
El informe de Iaraf que analiza el comportamiento del gasto indica que “las provincias hicieron, y continúan haciendo, un importante esfuerzo en materia de seguridad jurisdiccional”.
Sin embargo, aseguran que “lamentablemente, resulta difícil establecer si este esfuerzo se traduce en políticas de seguridad de mayor calidad, verdaderamente capaces de atacar/prevenir la inseguridad, puesto que no se cuenta con indicadores de eficiencia y efectividad de la gestión pública en materia de seguridad para todas las provincias”.
Por tanto, concluyen que “aún resta mucho, no sólo para gestionar un mayor y, por sobre todo una mejor, política de seguridad, sino también en lo vinculado a homogeneizar criterios a la hora de gestionar fondos destinados a la política de seguridad”.
“Una asignación arbitraria y heterogénea vuelve menos competitivas a unas provincias respecto de otras, impactando directamente en la seguridad local, e indirectamente en la localización de recursos humanos y de capital, en la competitividad de su producción y, en definitiva, en el desarrollo de sus economías”, concluyó el Iaraf.
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