La oposición no tratará el veto del Gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, a la norma aprobada por unanimidad el año pasado. En cambio, presentará el mismo texto con algunas correcciones menores que pidió el Ejecutivo.
/Diario UNO |
Diputados provinciales del justicialismo decidieron que no tratarán el veto propositivo del gobernador Antonio Bonfatti a la norma que crea la Policía Judicial u Organismo de Investigaciones. La Constitución de Santa Fe establece que cumplido un mes desde que ese tipo de mensajes llega a la Legislatura y no habiéndose tratado, pierde estado parlamentario tanto el veto como la ley original. Ese plazo se cumple esta semana.
Desde un estricto plano formal, el debate vuelve a foja cero pero en términos políticos la oposición ya anticipó que reingresará un proyecto con algunos cambios propuestos por el Poder Ejecutivo para votar el tema cuanto antes. Así lo indicó a Diario UNO el diputado y presidente de la comisión de Derechos y Garantías, Eduardo Toniolli, que tiene el apoyo de todos los bloques del PJ.
El dirigente del Movimiento Evita indicó: “Nosotros no vamos a tratar el veto del gobernador para que caiga ese mensaje, a la vez que presentaremos nuevamente una iniciativa el próximo jueves. No obstante ello, vamos a incluir en el texto algunas cuestiones planteadas por el oficialismo que para nosotros son menores y no tenemos problemas en cambiarlas”.
Entre ellas figura no equiparar el sueldo del futuro jefe de la Policía Judicial al de un vocal de Cámara, porque en algunos casos eso sería desproporcionado dentro de la estructura funcional del Ministerio Público. De todas formas, Toniolli recordó que ese artículo vetado por la Casa Gris había sido un punto incorporado por los propios diputados del Frente Progresista cuando el proyecto se trató por primera vez.
Según explicaron algunos dirigentes políticos, al caer un veto y por ende también la ley de fondo, ese tema no se puede volver a tratar en la Legislatura durante un año. Para el diputado del PJ no es el caso de la Policía Judicial, ya que “el proyecto fue presentado en 2012, tratado y votado en 2013, y ahora se está en otro ciclo legislativo. En 2014 lo que se está dejando de tratar es el veto, no la ley, y por eso creemos que este año lo podemos volver a debatir”, evaluó.
—Del veto que mandó el Ejecutivo, ¿qué aspectos son innegociables dentro del proyecto?
—Básicamente, todas aquellas que menoscaban o que reducen la funcionalidad de este nuevo cuerpo bajo la órbita del fiscal general de la provincia. Algunos artículos vetados, por ejemplo, plantean achicar la estructura de la Policía Judicial y entonces quedarían muchas de sus funciones en la mismísima policía santafesina, como es ahora.
“Es decir, un punto del gobierno obliga a que el titular del Ministerio Público de la Acusación firme un convenio con las estructuras existentes de la Policía de Santa Fe para cumplimentar la estructura reducida que pretenden instaurar para la Policía Judicial. Eso significa que se empuja al fiscal general de la provincia a seguir utilizando las actuales fuerzas de seguridad para la investigación de delitos complejos”, añadió.
Para Toniolli, la pretensión del gobierno es condicionar autonomía y autarquía al organismo y/o a la fiscalía al dejar algunas facultades específicas en manos de las fuerzas de seguridad. “Otro artículo que se vetó es el que establece derogar todas aquellas potestades de la policía provincial que se contradecían con las funciones que pasaban a tener en este nuevo cuerpo de investigadores civiles, incluso a pesar del explícito pedido del fiscal general Julio De Olazábal”, explicó.
También, el legislador kirchnerista recordó que el gobierno del Frente Progresista incorporó en las correcciones un punto que preveía que aquellos policías que fueran traspasados al Organismo de Investigaciones sólo estén allí uno o dos períodos (de cuatro años cada uno) y después vuelvan a su función original. “O sea que nunca dejarían de tener estado policial ni depender de sus jefes de la policía provincial”, remarcó.
“Nosotros estamos planteando –continuó– algo totalmente distinto: los policías que eventualmente puedan ser incorporados al Organismo de Investigaciones perderán el estado policial y se incorporan a la estructura del Poder Judicial. Por eso vamos a volver a encomendar al fiscal general que establezca todo un mecanismo previsional para hacer ese traspaso”.
El dirigente del Movimiento Evita indicó: “Nosotros no vamos a tratar el veto del gobernador para que caiga ese mensaje, a la vez que presentaremos nuevamente una iniciativa el próximo jueves. No obstante ello, vamos a incluir en el texto algunas cuestiones planteadas por el oficialismo que para nosotros son menores y no tenemos problemas en cambiarlas”.
Entre ellas figura no equiparar el sueldo del futuro jefe de la Policía Judicial al de un vocal de Cámara, porque en algunos casos eso sería desproporcionado dentro de la estructura funcional del Ministerio Público. De todas formas, Toniolli recordó que ese artículo vetado por la Casa Gris había sido un punto incorporado por los propios diputados del Frente Progresista cuando el proyecto se trató por primera vez.
Según explicaron algunos dirigentes políticos, al caer un veto y por ende también la ley de fondo, ese tema no se puede volver a tratar en la Legislatura durante un año. Para el diputado del PJ no es el caso de la Policía Judicial, ya que “el proyecto fue presentado en 2012, tratado y votado en 2013, y ahora se está en otro ciclo legislativo. En 2014 lo que se está dejando de tratar es el veto, no la ley, y por eso creemos que este año lo podemos volver a debatir”, evaluó.
—Del veto que mandó el Ejecutivo, ¿qué aspectos son innegociables dentro del proyecto?
—Básicamente, todas aquellas que menoscaban o que reducen la funcionalidad de este nuevo cuerpo bajo la órbita del fiscal general de la provincia. Algunos artículos vetados, por ejemplo, plantean achicar la estructura de la Policía Judicial y entonces quedarían muchas de sus funciones en la mismísima policía santafesina, como es ahora.
“Es decir, un punto del gobierno obliga a que el titular del Ministerio Público de la Acusación firme un convenio con las estructuras existentes de la Policía de Santa Fe para cumplimentar la estructura reducida que pretenden instaurar para la Policía Judicial. Eso significa que se empuja al fiscal general de la provincia a seguir utilizando las actuales fuerzas de seguridad para la investigación de delitos complejos”, añadió.
Para Toniolli, la pretensión del gobierno es condicionar autonomía y autarquía al organismo y/o a la fiscalía al dejar algunas facultades específicas en manos de las fuerzas de seguridad. “Otro artículo que se vetó es el que establece derogar todas aquellas potestades de la policía provincial que se contradecían con las funciones que pasaban a tener en este nuevo cuerpo de investigadores civiles, incluso a pesar del explícito pedido del fiscal general Julio De Olazábal”, explicó.
También, el legislador kirchnerista recordó que el gobierno del Frente Progresista incorporó en las correcciones un punto que preveía que aquellos policías que fueran traspasados al Organismo de Investigaciones sólo estén allí uno o dos períodos (de cuatro años cada uno) y después vuelvan a su función original. “O sea que nunca dejarían de tener estado policial ni depender de sus jefes de la policía provincial”, remarcó.
“Nosotros estamos planteando –continuó– algo totalmente distinto: los policías que eventualmente puedan ser incorporados al Organismo de Investigaciones perderán el estado policial y se incorporan a la estructura del Poder Judicial. Por eso vamos a volver a encomendar al fiscal general que establezca todo un mecanismo previsional para hacer ese traspaso”.
—El gobierno adujo que la Legislatura se arrogó la potestad de armar prácticamente toda la estructura del Organismo de Investigaciones en lugar de dejarle esa potestad al fiscal general, que es el que conducirá a esta nueva fuerza.
—Es una excusa, porque el fiscal general tiene por la ley del Ministerio Público de la Acusación la potestad de crear un nuevo organismo. Él (Julio De Olazábal) nos requirió en su momento que lo dictáramos por ley para darle más fuerza, más potencia, más reconocimiento presupuestario para ser claros, y cada una de las disposiciones que establecimos en ese proyecto lo fuimos consultando con el fiscal general, que siempre se mostró muy entusiasmado por la iniciativa.
“Lo único que aceptamos de aquel veto es cambiar la cuestión de los sueldos de jefe de Policía Judicial, básicamente porque no fue un punto que incorporamos nosotros a la ley, y dejar en un solo artículo todo lo que tenía que ver con la escuela de capacitación. Es para clarificar algo que ya estaba: los policías judiciales se capacitarán en la órbita de la escuela de fiscales y de acuerdo a la estructuración que le quiera dar De Olazábal. El corazón de nuestra ley no lo tocamos”, concluyó.
Explicaciones oficiales
Al presentar los artículos vetados de la ley de creación del Organismo de Investigaciones, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, explicó que la principal razón era acentuar “la dependencia de la policía judicial del Ministerio Público de la Acusación, teniendo en cuenta su propia estructura”. El funcionario mencionó que se incorporó “un montón de misiones y funciones que se le atribuían a algunos órganos dentro de esta policía, lo cual no tiene sentido si ya estaban contemplados”.
“Vincular este veto con una contrarreforma policial es fruto de un malentendido o de una mala lectura porque es todo lo contrario”, dijo Lewis. Además se agregó que “la policía va a realizar las investigaciones siempre a pedido de un fiscal y de la manera que lo reglamente el fiscal general” porque “antes no estaba esa previsión y eso significa que se trataría de un órgano que podría tener investigaciones autónomas”.
“Para lo que a los legisladores del justicialismo parecía debía ser una constante –que los fiscales investiguen los delitos complejos con auxilio de la Policía Judicial– pasa a ser excepcional en el veto de Bonfatti. De hecho, como está atado a la «capacidad operativa» del nuevo organismo todo es más difuso porque a esa «capacidad operativa» la reducen a la mínima expresión en artículos subsiguientes”, opinó el diputado Eduardo Toniolli.
En tanto, el ministro de Justicia argumentó: “Otro punto que se vetó refiere a una cantidad importante de artículos que crean el Instituto de Capacitación para esta Policía (Judicial), y esto obedece a que ya existe en la órbita del Ejecutivo y del Ministerio Público de la Acusación un órgano del cual esta repartición iba a depender. Una dirección de capacitación, que es la que justamente debe dedicarse a capacitar a todo el personal, sean fiscales, fiscales adjuntos, empleados, investigadores, parte del órgano científico de investigación, lo que fuera”.
Según Lewis, “se estaba avanzando sobre una facultad elemental del Ministerio Público de la Acusación, además de replicar estructuras. Incluso también se creaba una dirección de análisis criminal cuando en la órbita de la fiscalía general ya existe una secretaría de política criminal con una dirección de política criminal y, también, en cada fiscalía regional existe una subsecretaría de política criminal”.
El ministro recordó que “había otras cuestiones como, por ejemplo, se le asignaba al jefe de Policía (Judicial) el mismo sueldo que un vocal de Cámara. Además de ser un monto excesivamente grande y oneroso, resultaba desproporcionado en atención a que se trata de un órgano de apoyo a la gestión y un fiscal estaría cobrando menos. Es decir, el que da las órdenes y el que requiere la asistencia técnica cobraría menos que el requerido para que preste la asistencia”.
—Es una excusa, porque el fiscal general tiene por la ley del Ministerio Público de la Acusación la potestad de crear un nuevo organismo. Él (Julio De Olazábal) nos requirió en su momento que lo dictáramos por ley para darle más fuerza, más potencia, más reconocimiento presupuestario para ser claros, y cada una de las disposiciones que establecimos en ese proyecto lo fuimos consultando con el fiscal general, que siempre se mostró muy entusiasmado por la iniciativa.
“Lo único que aceptamos de aquel veto es cambiar la cuestión de los sueldos de jefe de Policía Judicial, básicamente porque no fue un punto que incorporamos nosotros a la ley, y dejar en un solo artículo todo lo que tenía que ver con la escuela de capacitación. Es para clarificar algo que ya estaba: los policías judiciales se capacitarán en la órbita de la escuela de fiscales y de acuerdo a la estructuración que le quiera dar De Olazábal. El corazón de nuestra ley no lo tocamos”, concluyó.
Explicaciones oficiales
Al presentar los artículos vetados de la ley de creación del Organismo de Investigaciones, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, explicó que la principal razón era acentuar “la dependencia de la policía judicial del Ministerio Público de la Acusación, teniendo en cuenta su propia estructura”. El funcionario mencionó que se incorporó “un montón de misiones y funciones que se le atribuían a algunos órganos dentro de esta policía, lo cual no tiene sentido si ya estaban contemplados”.
“Vincular este veto con una contrarreforma policial es fruto de un malentendido o de una mala lectura porque es todo lo contrario”, dijo Lewis. Además se agregó que “la policía va a realizar las investigaciones siempre a pedido de un fiscal y de la manera que lo reglamente el fiscal general” porque “antes no estaba esa previsión y eso significa que se trataría de un órgano que podría tener investigaciones autónomas”.
“Para lo que a los legisladores del justicialismo parecía debía ser una constante –que los fiscales investiguen los delitos complejos con auxilio de la Policía Judicial– pasa a ser excepcional en el veto de Bonfatti. De hecho, como está atado a la «capacidad operativa» del nuevo organismo todo es más difuso porque a esa «capacidad operativa» la reducen a la mínima expresión en artículos subsiguientes”, opinó el diputado Eduardo Toniolli.
En tanto, el ministro de Justicia argumentó: “Otro punto que se vetó refiere a una cantidad importante de artículos que crean el Instituto de Capacitación para esta Policía (Judicial), y esto obedece a que ya existe en la órbita del Ejecutivo y del Ministerio Público de la Acusación un órgano del cual esta repartición iba a depender. Una dirección de capacitación, que es la que justamente debe dedicarse a capacitar a todo el personal, sean fiscales, fiscales adjuntos, empleados, investigadores, parte del órgano científico de investigación, lo que fuera”.
Según Lewis, “se estaba avanzando sobre una facultad elemental del Ministerio Público de la Acusación, además de replicar estructuras. Incluso también se creaba una dirección de análisis criminal cuando en la órbita de la fiscalía general ya existe una secretaría de política criminal con una dirección de política criminal y, también, en cada fiscalía regional existe una subsecretaría de política criminal”.
El ministro recordó que “había otras cuestiones como, por ejemplo, se le asignaba al jefe de Policía (Judicial) el mismo sueldo que un vocal de Cámara. Además de ser un monto excesivamente grande y oneroso, resultaba desproporcionado en atención a que se trata de un órgano de apoyo a la gestión y un fiscal estaría cobrando menos. Es decir, el que da las órdenes y el que requiere la asistencia técnica cobraría menos que el requerido para que preste la asistencia”.
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