La Fiscalía de Villa Constitución y Asuntos Internos organizaron una entrega de dinero controlada. Los efectivos pertenecen a la Guardia Rural de Peyrano y están en disponibilidad.
.La Capital |
Cinco policías de la Dirección General de Seguridad Rural quedaron presos acusados de exigir el pago de 20 mil pesos a un camionero que había sufrido un desperfecto mecánico para permitirle seguir su camino. La extorsión del personal policial, que terminó con el jefe del destacamento como principal imputado, quedó verificada mediante un procedimiento de entrega controlada del dinero solicitado: los billetes alcanzados a la misma repartición policial por un representante de la empresa transportista fueron previamente identificados por su numeración ante el juez que avaló el operativo, lo que desnudó la maniobra.
La acción delictiva atribuida a los cinco efectivos del destacamento en Peyrano de la Guardia Rural "Los Pumas", en el departamento Constitución, derivó en una audiencia imputativa celebrada anoche en los tribunales villenses donde se les dictó la prisión preventiva por un mes. Además el Ministerio de Seguridad santafesino pasó a disponibilidad a los cinco acusados. El jefe de ellos, comisario Gonzalo Pallavidini, fue reconocido en una rueda de personas por el camionero como la persona que le había realizado la exigencia ilegal. Este oficial es sobrino de Jorge Carlos Daniel Pallavidini, un ex jefe de policía provincial.
Además de la extorsión, el grave delito que mereció el dictado de prisión preventiva fue la privación ilegítima de la libertad del camionero que quedó más de 36 horas al arbitrio de los policías imputados.
Avería. La situación se originó el miércoles pasado cuando un camionero llevaba cereal por una ruta secundaria del sur santafesino y tuvo una avería cerca de Juncal, en la ruta 10S y 18. Según la denuncia, policías de la Guardia Rural de Peyrano se acercaron al chofer y le exigieron documentación del vehículo. Los papeles del camión estaban a nombre de la empresa transportista y no del chofer, por lo que los uniformados señalaron que había una irregularidad y le exigieron un pago equivalente al 20 por ciento del valor de la carga transportada para permitirle seguir su marcha.
El chofer se contactó con un encargado de la empresa propietaria del vehículo, de la ciudad de Venado Tuerto, cuyo dueño decidió hacer la denuncia en la Dirección de Asuntos Internos de la policía, dependiente de la Secretaría de Control de las Fuerzas Policiales. Para entonces los efectivos habían retenido la documentación del camión a fin de impedir que el chofer, una vez que resolviera el desperfecto mecánico, pudiera retomar su ruta.
La investigación fue impulsada por la fiscal Valeria Pedrana y efectivos de Asuntos Internos. Según fuentes judiciales, se decidió hacer una entrega controlada y así el dueño de la empresa fue provisto con 10 mil pesos en billetes identificados ante el juez Rubén Bissio. El transportista entregó el paquete con el dinero en el destacamento de Seguridad Rural en Peyrano el viernes pasado a las 23.
Tras la entrega un patrullero de la Guardia Rural salió con la documentación del vehículo hacia el lugar en la ruta donde el camionero esperaba la devolución de los papeles. Un mecánico que estaba con el transportista fue testigo de la devolución de los papeles del camión.
Una vez entregado el dinero y devuelta la documentación, efectivos de Asuntos Internos intervinieron para la detención de los policías. Cuatro de los empleados de "Los Pumas" fueron apresados allí a las 3 de la mañana del sábado. El jefe del destacamento, Pallavidini, no estaba en la dependencia, dado que reside en Santa Fe y había partido a pasar el fin de semana con su familia. Sin embargo está imputado por estar al tanto de toda la maniobra, que empezó a gestarse dos días antes.
Los efectivos de Asuntos Internos también secuestraron el libro memorándum del destacamento donde advirtieron un indicio significativo: la constancia del incidente del camionero estaba consignada pero el espacio aparecía sin completar. Fuentes de la fiscalía señalaron que tal cosa permite inferir que, según el resultado de la negociación (que hubiera o no pago), se haría constar el hecho de un modo u otro. "El libro de guardia permite ver el movimiento de personal de los días anteriores y una omisión injustificable en el lugar donde debía figurar lo ocurrido", dijo una fuente del caso.
Reconocidos. El sábado a la tarde una rueda judicial de reconocimiento complicó la situación de tres de los policías dado que fueron señalados por el camionero como quienes le pidieron dinero. Ayer a la tarde, en una extensa audiencia imputativa, Pallavidini le recriminó muy exaltado a los efectivos de Asuntos Internos el modo de intervención.
Los elementos colectados, los testimonios de las víctimas y la ronda de identificación determinaron que el juez Bissio les dictara a los cinco policías la prisión preventiva. Los otros imputados son el sargento ayudante Juan A. F., y los sargentos Cristián O., Javier G. y Pablo P.
Les atribuyeron los delitos de "extorsión, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes de funcionario público". Todos quedan en disponibilidad, medida disciplinaria que mientras dure el trámite judicial implica la entrega del arma reglamentaria y la credencial policial, además de la afectación de los haberes mensuales.
La plata que voló
La mayor parte del dinero que se proveyó en la entrega controlada a los policías, en un hecho que fue filmado, no apareció. Se trata de 7 mil de los 10 mil pesos afectados para probar la maniobra.
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