Así lo planteó, por la superpoblación carcelaria, el defensor general Gabriel Ganón en un hábeas corpus que ahora deberá resolver la Sala Penal IV. El amparo fue rechazado en primera instancia.
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La Sala Penal IV de los Tribunales santafesinos deberá resolver en el transcurso de la próxima semana el hábeas corpus colectivo y correctivo que presentó el Servicio Público de la Defensa, donde, entre otras cosas, reclama que mejoren las condiciones de reclusión de presos en comisarías locales. En la audiencia que se concretó el último miércoles se conoció que está superada en más de un ciento por ciento la capacidad de plazas carcelarias y un plan de obras para atenuar esa situación de hacinamiento.
El mismo planteo del defensor general Gabriel Ganón ya fue rechazado en primera instancia, no porque la denuncia no tenga fundamentos sino porque hay amparos similares tramitados con anterioridad y compromisos del Ejecutivo en materia sanitaria, alimentaria y edilicia. De todas formas, la Cámara escuchó a varios actores involucrados con la temática para determinar si hace lugar o no al recurso.
El hábeas corpus pretende, en primer lugar, que se dé intervención al fiscal que por turno corresponda con el fin de que se investigue la posible comisión de ilícito penal atento a que por resolución judicial del 8 de octubre de 2013 se ordenó solucionar el problema del hacinamiento y de las cuestiones edilicias de las dependencias policiales de Santa Fe y “nada se ha logrado al respecto”. Incluso el defensor regional Sebastián Amadeo consideró que dicha situación se agravó.
En la fecha antes mencionada la propia policía informó que sobre 93 cupos de detención en comisarías de la ciudad capital había 203 presos. Un par de meses después, el 15 de enero, poco había cambiado la realidad porque tras las rejas había 200 personas. Hoy, de acuerdo a lo señalado por el Ministerio de Seguridad, son 185 los presos en comisarías: 41 con causas federales. Para la Defensa está acreditado el agravamiento de las condiciones medioambientales y el hacinamiento.
En función de ello, otro pedido del amparo es que los jueces penales antes de dictar prisión preventiva “asuman una actitud proactiva y se cercioren de que los establecimientos en los que la misma se ejecuta cumplan las exigencias constitucionales, internacionales, legales y reglamentarias”. Caso contrario, dispongan a pedido de parte o de oficio medidas alternativas a la prisión preventiva o atenuación de la misma (por ejemplo arresto domiciliario).
También, que se fije un plazo de 30 días con el fin de que el Ministerio de Seguridad adecue los déficits alimentarios y de salud a los estándares internacionales en la materia respecto de todos los privados de libertad en dependencias policiales. Y que en el mismo período, el área que conduce Raúl Lamberto presente un plan y partidas presupuestarias para atender las refacciones edilicias necesarias de los centros de detenciones.
No obstante esos reclamos, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal solicita que la Justicia “encomiende al Poder Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Justicia y Ministerio de Seguridad, organice una Mesa de Diálogo en la que invite a la accionante y a todos los interesados con el fin de proponer programas de acción concretos para solucionar la problemática penitenciaria”. En general, todos coinciden con ese punto pero poco se avanzó.
Posiciones y posturas
Tanto Ganón como Amadeo dijeron a la jueza Marta Feijoo que en la Constitución Nacional se establece que las cárceles “serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”. Bajo esa premisa, argumentaron que el Estado tiene una posición de garante de los detenidos y no deben restringirles otros derechos –salud, higiene, alimentos e infraestructura adecuada– por fuera de la libertad.
Los defensores remarcaron que los datos sobre hacinamiento y condiciones medioambientales no sólo surgieron de los informes oficiales sino que también realizaron inspecciones en cada una de las dependencias policiales. En febrero de 2012, por ejemplo, en la comisaría 1ª había lugar para siete detenidos y había 16; en la comisaría 2ª, ocho cupos y 24 presos; y en la comisaría tercera, ocho plazas pero 41 privados de su libertad.
Para octubre de 2013 los números eran similares y fue entonces que el Juzgado de Instrucción 6º dio lugar a un hábeas corpus –similar al tramitado ahora por Ganón– que entonces habían interpuesto los defensores públicos 4, 5 y 6. El gobierno asumió en esa oportunidad una serie de compromisos que hoy dice llevar a la práctica, aunque se excusó en dos aspectos.
Por un lado, las obras edilicias están atadas a procedimientos administrativos –como licitaciones– que tienen plazos específicos que respetar. Por el otro, que el Poder Ejecutivo no dispone ni de las detenciones ni de las libertades de las personas, potestades de la Justicia, por lo cual los cupos en comisarías son fluctuantes de acuerdo a la actuación de los jueces y del número de detenidos por distintos delitos.
O sea, el secretario de Seguridad Matías Drivet recordó que “las órdenes de detención emanan directamente de los juzgados intervinientes en cada una de las causas en que existen detenidos” y que “las dependencias policiales alojan detenidos, procesados y condenados (por lapsos superiores a 24 horas) única y exclusivamente por orden de las magistraturas intervinientes en cada caso concreto, funcionando la policía a modo de auxiliar de la Justicia”.
Por caso, indicó que en 2011 el Poder Ejecutivo pudo construir un nuevo pabellón en la cárcel de Las Flores y eso permitió desalojar lo que se conocía como La Piojera en la ex Jefatura de Policía (ahí hoy funciona el Ministerio de Seguridad) y todas las dependencias policiales. En marzo de 2012 no había presos en comisarías pero los problemas de cupo en penitenciarías y la propia dinámica delictiva hace que hoy haya nuevamente 185 presos en las seccionales de la ciudad.
Gabriel Ganón le respondió que el gobierno “no puede justificar en la falta de recursos presupuestarios” no hacer obras edilicias urgentes en comisarías que están en pésimo estado. Y también retrucó que si el Ministerio de Seguridad conoce que la infraestructura carcelaria está colapsada, por qué no lo informa a la Justicia para que ésta evite de mandar a los detenidos a esas dependencias.
Entre los muchos números que se conocieron en la audiencia hay un par que ayudan a graficar la situación de los privados de libertad en comisarías de toda la circunscripción judicial Santa Fe (que abarca a localidades de siete departamentos). De los 415 presos que constató la Defensa, el 55 por ciento tenía prisión preventiva; el 30 por ciento estaba detenido por la policía por algún ilícito; el 12 por ciento corresponde a condenados y el tres por ciento estaba allí por averiguación de antecedentes.
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