Se trata de Norberto Oyarbide, Daniel Rafecas y Claudio Bonadio, a quienes se los acusa de mal desempeño en causas que pasaron por sus manos. Sospechas de revanchismo político y la protección a funcionarios investigados. El rol de Guillermo Moreno
Un momento difícil para los jueces federales que habitualmente lidian con causas de alto voltaje político. Tres de los doce jueces federales de la Capital Federal están siendo juzgados por el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño en su cargo.
Uno de los casos es el de Daniel Rafecas. Su definición viene postergándose desde el año pasado. L0a acusación original tiene que ver con que el juez mantuvo un chat vía Whatsapp con un abogado allegado al vicepresidente Amado Boudou mientras investigaba el caso Ciccone.
Son conversaciones que tuvo con Ignacio Danuzzo Iturraspe, abogado del empresario José Núñez Carmona, este último amigo de Boudou, sobre cuestiones vinculadas al caso. Por este hecho es que Rafecas fue apartado de la causa -reemplazado por Ariel Lijo- y denunciado en el Consejo de la Magistratura.
En varias sesiones el año pasado no se avanzó hacia un juicio político como lo viene pregonando el kirchnerismo en el Consejo. Pero un hecho nuevo volcaría la balanza en contra del juez, pues el próximo lunes se darán a conocer los fundamentos de la absolución del ex presidente Fernando de la Rúa y otros acusados en el juicio por los supuestos sobornos en el Senado que hubo en el 2000 para aprobar la ley de reforma laboral.
De la Rúa y los demás señalados fueron a juicio por decisión de Rafecas pero el Tribunal que los absolvió consideró que el hecho no existió. Ya se sabe que a la par le pedirán al Consejo de la Magistratura que lo investigue por su accionar en esa causa.
Este último hecho no es anecdótico, ya que a la voluntad del oficialismo de avanzar con el juicio político se suma parte de los consejeros de la oposición de la mano de la UCR. Pero en los últimos días, algunos de los tres representantes de jueces que hay en el organismo, en charlas informales, aseguraron a integrantes de la oposición y el oficialismo que estaban reevaluando sus votos y estarían dispuestos a aprobar que a Rafecas se lo someta a juicio político.
Los casos de Oyarbide y Bonadío son recientes. El primero de los jueces quedó en la mira al confesar que tras el llamado del segundo de Carlos Zannini frenó un allanamiento a una financiera que él investigaba por lavado de dinero. Es la mutual Propyme del empresario Guillermo Greppi quien a su vez denunció que los policías a cargo del operativo intentaron sobornarlo y decían que actuaban bajo las órdenes de Oyarbide.
Oyarbide fue invitado a hacer un descargo voluntario en la última sesión de la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo, y esta última semana el juez recusó a cuatro consejeros. El próximo paso que puede aprobar el organismo será la de citarlo en forma obligatoria para que dé una explicación.
En paralelo, un fiscal imputó a Oyarbide en una causa penal esta semana por haber frenado el allanamiento a partir del llamado de Carlos Liuzzi, quien lo alertó sobre el pedido extorsivo de los policías en Propyme.
En el Consejo por ahora el oficialismo votó avanzar por el primer paso del proceso y no como había propuesto la oposición de citarlo para que obligado haga su descargo. Por eso en la última sesión el senador de la UCR Mario Cimadevilla acusó al bloque kirchnerista en el organismo de proteger al magistrado.
El caso de Bonadío es el más avanzado en el Consejo de la Magistratura pues ya fue citado a declarar obligatoriamente para mediados de abril, y luego de su descargo el organismo evaluará si lo envía o no a juicio político. La citación de Bonadío fue a raíz de demoras supuestamente injustificadas en dos causas a su cargo: la privatización de la firma Tandanor y aquella por las presuntas irregularidades en créditos del Banco Nación que recibió la curtiembre Yoma en los ´90.
No pasa desapercibido que Bonadío poco antes había tomado decisiones en contra del Gobierno, pues había resuelto indagar al ex jefe de Gabinete Juan Abal Medina y al vocero presidencial Alfredo Scoccimarro por la irregularidad en la emisión de un spot en el "Fútbol para Todos". Pero también fue el juez que había avanzado en una causa contra el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno; y elevado a juicio la causa por la tragedia ferroviaria de Once con los ex secretarios de transporte Ricado Jaime y Juan Pablo Schiavi como principales imputados.
Una muestra de la fricción entre el juez y el Gobierno. El día que la Comisión de Acusación y Disciplina resolvió citar a Bonadio a dar explicaciones, el juez firmó apenas horas después la elevación a juicio de Moreno acusado de abuso de autoridad en multar a una consultora privada. Los tres casos que evalúa el Consejo son distintos entre sí pero evidencian el momento político que tiene preocupado a los jueces.
INFOBAE.
No hay comentarios:
Publicar un comentario