El Gobernador Antonio Bonfatti presidió ayer la primera reunión de la Mesa interinstitucional de seguimiento de la nueva justicia penal. Consagrado por decreto del Poder Ejecutivo, será un espacio de permanente monitoreo y evaluación del modelo acusatorio que comenzó a regir en la provincia a partir del pasado 10 de febrero.
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Del encuentro, llevado a cabo en el salón Blanco de Casa de Gobierno, participaron además los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, y de Seguridad, Raúl Lamberto; el secretario de Seguridad Pública, Matías Drivet; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez; y el resto de los ministros del máximo tribunal: Daniel Erbetta, María Angélica Gastaldi, Mario Netri, Eduardo Spuler y Roberto Falistocco; la secretaria de Transformación de los Sistemas Judiciales, María Cecilia Vranicich; el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Julio De Olazábal; los fiscales regionales Jorge Baclini (Rosario), Ricardo Fessia (Santa Fe), Carlos Arietti (Rafaela) y Eladio García (Reconquista); y legisladores que integran la comisión bicameral de seguimiento de la reforma procesal penal.
En la oportunidad, se analizó la puesta en marcha de la nueva justicia penal en la provincia a un mes y medio de su entrada en vigencia, explicaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, los participantes de la mesa coincidieron en evaluar y profundizar líneas de trabajo referidas a la infraestructura (recursos materiales, humanos, informáticos) y al funcionamiento en sí del flamante sistema, especialmente apuntando a que las anteriores prácticas no se instalen en el nuevo.
También se señaló la necesidad de profundizar la difusión sobre las características, ventajas y utilización de este modelo basado en audiencias orales y públicas, que por primera vez rige en Santa Fe.
MESA INTERINSTITUCIONAL
El decreto N° 645, de creación de la Mesa interinstitucional de seguimiento, fue firmado por el gobernador y por el ministro de Justicia y Derechos Humanos el 14 de marzo.
La norma destaca que este modelo judicial “no sólo constituye una transformación normativa, sino también cultural, ya que implica un cambio en la práctica organizacional, operativa y de gestión”. Por eso “se torna primordial que desde los distintos niveles del Estado se lleve a cabo un seguimiento y evaluación del nuevo sistema, circunstancia que contribuirá no sólo a transparentarlo, sino también a detectar falencias e implementar políticas necesarias para corregirlas”.
En ese marco, este espacio interinstitucional permitirá generar mecanismos que faciliten la recolección y procesamiento de datos para la generación de estadísticas e indicadores sobre el nuevo sistema, y que las reparticiones participantes propongan diferentes líneas de trabajo para sortear eventuales inconvenientes.
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