SANTA FE; ENTREVISTA A JORGE BARRAGUIRRE "El Derecho Penal tiene un mensaje para dar a la sociedad"

El procurador general de la Corte permanecerá en su cargo para ayudar con el proceso de transición, dar curso a causas emblemáticas y acelerar procedimientos internos contra la morosidad judicial.

EL LITORAL.

“Lo que yo entiendo es que, en esta transición, dada la agenda 2013 de causas que se han ido tramitando, el viejo sistema debe merecer la misma atención que el nuevo”. Foto: Luis Cetraro

Pilas de papeles ordenados según un criterio que escapa a la mirada accidental del observador. Teléfonos que suenan constantemente, para canalizar consultas por cuestiones de competencia entre fiscales, gestionar custodia de testigos, agilizar trámites. Más papeles, esta vez esperando ser firmados. El procurador general de la Corte, Jorge Barraguirre, recibe a El Litoral en el que debió ser su último día en el despacho de calle San Martín, en una jornada que resultó mucho menos tranquila de lo previsto inicialmente, antes de aceptar prolongar su estadía hasta la feria del mes de julio. Un nivel de actividad que se corresponde con la impronta que el funcionario quiso otorgar a su gestión, prevista para un espacio temporalmente acotado, pero con el propósito de realizar un aporte institucional genuino, y un mensaje alentador para la sociedad.

Algo de eso fue percibido por la Corte Suprema de Justicia de la provincia, los miembros del fuero penal, referentes de la sociedad y de los medios de comunicación, e incluso por algunos vecinos -según cuenta el propio Barraguirre, con indisimulado orgullo- y por los miembros de su propia familia, cuando lo alentaron a permanecer en el cargo al menos unos pocos meses más, y posponer su regreso al ámbito privado y al mundo del arbitraje internacional, que también lo entusiasma.

—Es una muy buena oferta de trabajo, y significa participar en la defensa de los Estados, no de gobiernos, y de la discusión de cómo se fijan las reglas jurídicas del capitalismo global en materia de inversiones. Cuáles son los patrones interpretativos para entender el contenido narrativo de los estándares de protección, del que prohíbe expropiar sin compensar, del que obliga a dar un trato justo y equitativo a las inversiones, en ese sentido también es muy interesante -señaló.

—¿Esto es parte de un objetivo personal?

—Claro, porque también me va a permitir otras cosas que hoy son imposibles, por la dedicación full time que este puesto requiere. Una es volver a ocuparme de dar clases. Hay algunos déficits institucionales que se perciben en la sociedad, pero que no provienen -por ejemplo- de la formación de jueces, sino que hay un problema con la formación del abogado, que es previo a su decisión vocacional de convertirse en juez. Yo lo que advierto es que hay un promedio bajo, que impide que ese promedio sea reclutado. En general, la sociedad no se desarrolla con los niveles más altos de la abogacía, o la medicina pública. Lo hace con un promedio, porque los más altos normalmente son tentados por el sector privado. Entonces, si el promedio es muy bajo, por más que exista el mejor mecanismo de selección, no va a dar resultado.

Lo otro es poder dedicarme a escribir. Contar las experiencias en el Ciadi por Argentina, y en materia de derecho público, en mi paso por la Fiscalía de Estado.

—¿Por qué la postergación, entonces?

—La verdad es que cuando anuncié mi decisión, fue sorprendente la reacción de la Corte, primero; de la familia, después; del Ministerio Público, en general, y sobre todo del fuero rosarino y el periodismo crítico. Y ahí me parece que hubo expresiones de afecto que uno no esperaba. La Corte fue muy enfática en el sentido de que acompañe esta primera parte del período de transición del sistema penal, igual que mi familia.

Cuenta regresiva

—¿Cuáles van a ser los ejes para estos meses adicionales de gestión?

—Seguir reforzando el viejo Ministerio Público, prepararlo para resolver las causas del viejo sistema, que no se caigan. No puede haber desinteligencias entre los tres organismos de investigación del viejo sistema, como es en la causa de Leiva (N. de la R: en la que el ex líder de la barra de Colón, sospechado de haber matado a un hombre en un bar céntrico de Santa Fe, fue liberado por el juez porque el fiscal no pidió la prisión preventiva).

—¿Qué pasó con este caso?

—Se está abriendo un expediente disciplinario; no necesariamente para que haya una sanción, sino para ver qué es lo que ha pasado. Porque es un caso emblemático para el Ministerio Público, en el cual el titular del Ministerio Público no estaba informado de las actuaciones, de cómo el caso iba evolucionando.

Hay otras causas emblemáticas en Santa Fe, en Rosario, en

“El Derecho Penal puede hacer contribuciones a nivel de establecer quién es la autoridad: si el Estado, que detenta el monopolio de la fuerza legítima, o los grupos criminales, que emplean violencia sistemática para fines ilícitos”

Con una impronta de fuerte dedicación a la gestión, el jurista santafesino busca apuntalar las expectativas de los ciudadanos “dispuestos a cumplir con la ley”. Foto: Luis Cetraro
otra.“Estamos dando prioridad a los casos en que pueda estar involucrada la trata de niños, niñas y adolescentes. En especial en los búnkeres de drogas”.

jurisdicciones, que tienen que ver con cuestiones centrales. En general, lo que a mí me preocupa es determinar quién es la autoridad. El Derecho Penal puede hacer algunas contribuciones, humildes, emblemáticas o simbólicas a nivel de quién es la autoridad: si el Estado, que es quien detenta el monopolio de la fuerza legítima -sobre todo en un Estado democrático-, o grupos criminales, que emplean violencia sistemática para fines ilícitos. Y eso es lo que me parece que esta Procuración trató de meter en la agenda pública. Y de alguna manera lo logramos.

—¿Cuáles son las causas a las que considera emblemáticas en ese sentido?

—Las causas contra barras bravas, contra grupos criminales violentos, para determinar quiénes son los funcionarios que no nos custodian como nos deben custodiar y no honran el uniforme -y por eso estamos sobre el enriquecimiento ilícito, cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público-. La investigación que puede hacer ver al Derecho Penal con otro sesgo, que no sea el de punir a los sectores más vulnerables de la sociedad. Y ahí me parece que el Derecho Penal tiene una palabra que decir con respecto a la tenencia y la portación de armas, la circulación ilegal, la adulteración. Y me parece también que a veces la velocidad de las investigaciones no coincide con los deseos de uno. Por eso, estamos con un fiscal de Cámara en Santa Fe y otro en Rosario a los fines de tratar de desarticular a los proveedores de este mercado ilegal de armas.

También hemos dado una instrucción muy reciente en el sistema de conclusión de causas, por el cual estamos dando prioridad a los casos en que pueda estar involucrada la trata de niños, niñas y adolescentes. En especial en los búnkeres, dar tratamiento de víctimas de trata a estos niños y niñas que son utilizados por los traficantes de droga y retenidos en construcciones precarias. Y también algunas investigaciones disciplinarias vinculadas con la magistratura. Estamos tratando de poner en caja algunas cuestiones relacionadas con la morosidad judicial, con el incumplimiento de la función de dispensar justicia.

En tránsito

—¿Espera tener resultados concretos en estos temas, o dejarlos en marcha?

—Yo creo que en estos cuatro meses que quedan hasta la feria podemos tener resultados, porque son causas que ya estaban en curso y los fiscales tienen posibilidad de llevarlas adelante. El problema de estar en un momento de quiebre cultural, donde entra en vigencia un nuevo sistema, más transparente, que genera mayor visibilidad y debería funcionar como un incentivo para que los actores cumplan con mucha eficacia las funciones públicas que se le encomiendan, es que también es el momento en que se producen los reemplazos. Y afecta a quienes formaban parte de esta trilogía que genera extrañezas y confusión, porque no se sabe quién investiga -el juez preventor, la policía al mando del juez instructor, pero también se requiere de los fiscales-, hay una confusión de responsabilidades. Y en el caso de los fiscales, pueden sentirse responsables de que la investigación no se haga como corresponde, y me parece que ahí es necesario acompañar.

Me parece que el viejo Ministerio tiene mucho que aportar, mucha experiencia, mucha riqueza, y tal vez hay ciertas rutinas institucionales o pautas culturales que hay que terminar de desarticular, para que haya un sistema de conclusión de causas exitoso.

—¿Cómo ve este período de transición procesal? Porque hay fuertes advertencias de que el viejo sistema queda demasiado desguarnecido.

—Es complejo, pero necesariamente tiene que ser así. Si uno está poniendo los escasos recursos públicos que hay en formar una estructura nueva, es lógico que vaya a haber menos recursos para lo viejo. Lo que yo entiendo es que, en esta transición, dada la agenda 2013 de causas que se han ido tramitando, debe merecer la misma atención que el nuevo sistema. Ahí, hay causas emblemáticas, como la de Los Monos, como la de la explosión de calle Salta. Por ejemplo, el fiscal que atiende la causa de Los Monos está prácticamente dedicado a esa causa. Yo creo que esto se va a entender, y se va a terminar dotando de los recursos suficientes como para que esas causas sean resueltas exitosamente.

Un mensaje a la sociedad

—¿Confía en el impacto que esto vaya a tener en la comunidad?

—A mí me da la sensación de que, cuando hay cierta crítica académica de que el Derecho Penal no desincentiva de manera suficiente las conductas ilícitas, no funciona en el nivel de la prevención general negativa, sí funciona en el de la prevención general positiva. El Derecho Penal sí sirve para enviar fuertes mensajes simbólicos, o generar acciones comunicativas con respecto a quienes adhieren a las normas, y no son desalentados en sus esfuerzos sociales por seguir viviendo bajo el imperio de la ley. Me parece que éste es el problema cuando uno tiene que articular política criminal: no sólo se hace para desincentivar conductas disvaliosas, sino también para poner las instituciones públicas en línea con las sensibilidades razonables de la comunidad.

—¿Para todos los sectores?

—Sobre todo en los sectores más vulnerables, que es donde se facilitan las condiciones para la construcción social de la persona en conflicto con la ley. Por eso, es muy importante redirigirlo, por ejemplo hacia los estafadores, los delitos de cuello blanco, que es lo que hizo la Justicia de Santa Fe; más allá de que después la reclamó la Justicia Federal, la causa Rossini -sobre presuntas estafas en el sector de inversiones bursátiles- hay que poner muy de relieve la actuación de la fiscal de Cámara y del juez de instrucción. Cuando a nivel federal se había negado justicia, se detuvo al presunto implicado y se lo dejó en prisión, en uno de los primeros casos en que un sospechoso de cometer ese tipo de delito fue aprehendido por la legalidad santafesina, no la federal.

Ésa es la acción comunicativa, la dimensión simbólica del Derecho Penal. Eso no disuade, como tampoco lo hace que el procedimiento sea escrito u oral. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en la prevención general positiva: en el mensaje simbólico que enviamos a los enormes sectores sociales que están dispuestos a cumplir la ley y que no vean frustradas sus expectativas.

Ejes de fin de gestión

-Resolver causas emblemáticas (Los Monos, explosión de calle Salta, casos de enriquecimiento ilícito).

-Participar en la transición entre sistemas procesales penales: zanjar conflictos de competencia, limar asperezas, establecer mecanismos de colaboración.

-Aportar desde el aspecto disciplinario: indagar y sancionar casos de morosidad judicial.

-Reforzar la prevención general positiva, enviando a la sociedad mensajes en favor del cumplimiento de la ley.

“Hemos puesto en marcha acciones destinadas a poner en caja algunas cuestiones vinculadas con la morosidad judicial, con el incumplimiento de la función de dispensar justicia”.