Juliano Salierno
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| “Soy un convencido de que la falta de experiencia la vamos a suplir con la enorme voluntad que hay entre los fiscales”, aseguró De Olazábal. |
“Quiero decirle a la gente que como integrantes que somos de la Justicia y como personas que nos hemos decidido a luchar por una Justicia mejor, aspiramos a recuperar la confianza de la gente”, apuntó el fiscal General Julio de Olazábal, algunas horas antes de que el Nuevo Sistema Procesal Penal entre en vigencia plena en la provincia de Santa Fe.
Perceptivo como pocos, el ex camarista provincial sabe que existe “una enorme distancia entre la Justicia y la gente” y considera que “esa distancia no se ha producido por los errores de los jueces, sino por un sistema que estaba concebido para no ser transparente, alejado de la gente, con una idea de Justicia de dos siglos atrás”.
Por eso, lejos de la comodidad de su antiguo despacho y tras una basta carrera tanto en las aulas como en los tribunales, el actual titular del Ministerio Público de la Acusación asumió el desafío: “La forma que tenemos de recuperar la confianza es a través de las audiencias públicas, donde la gente pueda entrar y ver lo que ocurre. Que puedan venir a las fiscalías, que tengan derecho a preguntarnos a nosotros qué es lo que está pasando, que la víctima sea atendida, que no sea rechazada por el sistema y que empecemos de a poco a recuperar la confianza en la Justicia”, dijo como plantando una bandera de renovados principios.
Para De Olazábal, el nuevo sistema abre un vasto campo de acción para quienes tendrán a su cargo la persecución del delito y para ello plantea la necesidad de “diagramar una política general”. Además -continúa-, “vamos a tener en cada jurisdicción un Consejo Asesor, integrado por tres fiscales, tres representantes de instituciones oficiales y tres representantes de distintas instituciones civiles, que van a debatir en cada región qué es lo que está ocurriendo y qué lo que se reclama. Esa es una forma de transparencia y participación y puede significar un cambio importante de la forma de administrar justicia”, señaló de cara al 10 de febrero histórico.
—¿Cómo esperan que sea la puesta en marcha del nuevo sistema?
—El lunes, el Nuevo Sistema Procesal Penal entra en vigencia. Esto produce sentimientos diversos, porque por un lado significa un logro muy importante para la provincia, porque después de larguísimo tiempo de estar con un proceso al margen de la Constitución y después de 20 años de debate, finalmente se implementa un código. Y la provincia no solamente queda colocada dentro de la Constitución en lo que hace al Código Procesal Penal, sino que queda a la cabeza dentro del concierto de las demás provincias en cuanto a la modernidad del código.
Debemos decir que el código nuestro, de alguna manera junto con el código de Chubut, va a encabezar la modernidad en la Argentina en materia procesal, toda vez que muchas provincias tienen sistemas más o menos mixtos, más o menos acusatorios; en cambio, nosotros vamos a tener un código puro. Desde ese punto de vista es una alegría.
Ahora, desde otro punto de vista, esto es, la actuación que le va a tocar a la fiscalía, genera respeto y consideración ya que a partir del lunes vamos a ser nosotros los encargados de investigar y de preparar el juicio.
—¿Cómo se han preparado los fiscales para el 10 de febrero?
—Si bien se han preparado fiscales ganando los concursos y después se han dictado cursos de capacitación, lo cierto es que falta la experiencia, que es necesaria. Yo soy un convencido de que la falta de experiencia la vamos a suplir con la enorme voluntad que hay entre los fiscales. He recorrido todas las fiscalías regionales de la provincia y en todas partes nos hemos sorprendidos porque el mensaje último que me dan es de tranquilidad y optimismo.
Si bien desde el primer momento esto no va a producir resultados óptimos, lo vamos a tener que ir modificando, aprendiendo y estableciendo prácticas.
Tiene que tener en claro la población que estamos cambiando el código procesal y ello no tiene un reflejo directo e inmediato en la seguridad, que es algo distinto, nosotros tenemos que actuar después de cometido el delito.
Un largo proceso
—¿Cuánto tiempo llevó este proceso de elaboración?
—Este proceso en la provincia empezó en los años ‘90 con la Comisión Bicameral que se constituyó durante el gobierno de (Carlos Alberto) Reutemann, integrado en aquel momento por el Dr. Jorge Vázquez Rossi, Ramón Ríos, Víctor Corvalán y yo mismo, que junto con los legisladores elaboramos el código. Pero ese código se presentó y provocó tanta resistencia que no se pudo sancionar. Fue muy triste porque ese proyecto sirvió de modelo para muchas otras provincias pero en la nuestra no se hizo.
En esos años, hubo otros intentos de modificaciones, hasta que llegamos al 2006 cuando se produce la convocatoria, esta vez en el gobierno de Jorge Obeid, para el desarrollo de un Plan Estratégico de la provincia; para mí una noticia inesperada, porque no tenía ya mucha fe cuando se produce la sanción del nuevo código el 16 de agosto de 2007.
Sin embargo, después de esa sanción se corría todavía un riesgo, y era que el código sancionado no se implementara nunca y por el paso del tiempo fuera derogado. Pero asumió el socialismo la gestión de gobierno y lo tomó como una cuestión propia y, aunque se demoró, estamos llegando.
Tengo que señalar que todo esto fue acompañado por la Legislatura de manera totalmente unánime; hubo discusiones que fueron muy sanas, pero no hubo resistencia, en eso creo realmente que estamos en presencia del desarrollo de una política de Estado en la provincia de Santa Fe, donde gobiernos de distinto signo han permitido que hoy estemos a las puertas de instaurar un nuevo código en la provincia.
—¿Qué va a pasar con las causas pendientes?
—La etapa de transición de un código viejo a uno nuevo es, en todas partes, traumática. En otras naciones, sobre todo en aquellas de corte unitario, se ha modificado el código penal y se han fijado plazos más breves para la prescripción de causas viejas. Es decir se tomó la decisión política de terminar las causas viejas y reducir el tiempo para que así suceda.
En la provincia de Santa Fe, lo que se hizo fue elegir un día determinado -el lunes 10 de febrero- para la entrada en vigencia. Entonces, se estableció que los hechos que se conozcan a partir del lunes se tramiten de acuerdo con el código nuevo; y los hechos que ya se habían producido queden en ese “sistema residual” o “de conclusión de causas”, a los que se les sigue aplicando el código viejo con sus respectivas autoridades. Y a estos últimos, se les asignan tres años para que los terminen, aunque el plazo puede ser prorrogable. Entonces, creo que no se va a producir una denegación de justicia. La Corte Suprema de Santa Fe ha fijado pautas para que los jueces informen mensualmente qué es lo que está ocurriendo con las causas viejas, de modo tal que haya un control. Claro, hay algo que es duro de entender para la víctima, ya que a medida que nos vamos alejando en el tiempo de la comisión del delito es cada vez más difícil probar ese hecho.
—¿Cuál es el mensaje de los fiscales para con las fuerzas de seguridad con las que van a tener que realizar el trabajo?
—Lo más importante que en esta materia se ha producido es la creación, todavía dentro del Ministerio de Seguridad, de un nuevo órgano que es la Secretaría de Investigaciones. Aunque va a costar que se consolide es uno de los temas más importantes, además de la necesidad de separar las funciones policiales de investigación y prevención.
Para mí, la Policía de Investigaciones es muy importante porque ahora vamos a contar con un cuerpo que únicamente va investigar y depender funcionalmente de los fiscales, y no va a estar afectado a otro tipo de funciones. Es un cambio cualitativo muy importante y la creación de esa policía de investigación es lo que va a marcar la transición entre el viejo sistema y el nuevo.
—¿Qué va a pasar en las poblaciones más chicas donde no habrá fiscales?
—Es inevitable porque no hay Estado que resista la presencia de fiscales, jueces y defensores en absolutamente todas las poblaciones o asentamientos del país. Se tendrán que trasladar los fiscales, no nos queda otra alternativa, tenemos una presencia bastante importante en las distintas zonas cuyas Regionales son Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto.
El dato
Diferencias sustanciales.
Para De Olazábal, “la diferencia entre los fiscales del viejo y el nuevo sistema es la siguiente: el fiscal del viejo sistema, como tenía que trabajar en un procedimiento escrito, fatalmente, estaba atado al escritorio. No era una decisión personal, tenía que contestar por escrito, tenía plazos que respetar y tenía que escribir. En cambio, en el nuevo sistema, como no va a haber escriturismo se le va a dar un poco más de margen al fiscal. Si bien la actividad principal va a ser estar en las audiencias, tiene que dirigir a la policía de investigación. Es decir, la investigación la va a seguir haciendo la policía pero quien la va a orientar es el fiscal”.
Recursos humanos
—¿Con cuántos fiscales comienzan?
—La ley de creación del Ministerio de la Acusación (Nº 13.013), usando estándares internacionales previó la existencia de 144 fiscales en la provincia. Largamos con un poco menos de 70, algo menos del 50%. Pero ya se están realizando los concursos en las distintas jurisdicciones para que nombren a los que faltan.
Además, algo de margen vamos a tener, porque en el primer momento no van a estar trabajando al 100% porque no va a haber arrastre. Esto no quiere decir que yo me conforme, no; sigo haciendo los reclamos.
Espero que en un par de meses estemos en los 144 y ahí veremos si las estadísticas nos han mentido o si, con los estándares internacionales, se puede manejar.
Hay un déficit importante -y eso lo hemos hablado con la Corte y la Provincia-, que son los empleados. Todavía no tenemos asignado un número adecuado de empleados que haga a la tarea propia de apoyo y le permita al fiscal dedicarse a las funciones que no puede delegar en ellos. Estamos haciendo concursos en este momento y reclamando al Ejecutivo la mayor celeridad posible al menos para la designación transitoria del personal.
El Litoral.
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