El proyecto, que será expuesto en Audiencia Pública este martes 5 de noviembre, tiene como objetivo establecer criterios y procedimientos para la prevención de catástrofes y la protección de las personas, el ambiente y bienes materiales en dichas contingencias; como así también optimizar los recursos y la capacidad de reacción de los organismos gubernamentales, no gubernamentales y de la población en general.
La legisladora evaluó que “esto es posible sólo con una acción coordinada entre los distintos niveles gubernamentales y la participación activa de la sociedad civil.”
Para ello, el proyecto contempla acciones concretas como:
· Creación del Consejo Federal de Protección Civil para la articulación de todas las acciones federales de prevención y protección ante potenciales catástrofes.
· Diseño de un mapa de riesgo por regiones con la participación de las Universidades y organismos Nacionales competentes.
· Definición de las obras públicas necesarias y priorización presupuestaria de las mismas.
· Elaboración de protocolos operativos de prevención y actuación en situación de catástrofes y manejo del riesgo, con articulación y responsabilidades claras por jurisdicción.
· Desarrollo de programas federales de prevención con participación de la sociedad civil para una cultura del cuidado y autocuidado de las personas y el ambiente.
Para Finalizar remarcó: “El hecho de que no exista aún un organismo que articule la acción y los recursos federales ante una situación de emergencia, ni normas que organicen esa articulación definiendo responsabilidades; ni siquiera un mapa que permita prever con cierta rigurosidad dónde se pueden producir situaciones que dañen la vida, el ambiente y/o los bienes, nos habla del nivel de improvisación con que se ha manejado historicamente nuestro país en estos temas. Este proyecto, aunque perfectible, intenta promover el debate para la institucionalización de los organismos y herramientas que nos permitan contar con profesionales formados, equipados y organizados ante cualquier contingencia como por ej. las que se plantean cada vez con más frecuencia a partir de situaciones climáticas. El proyecto tiende al ordenamiento de la actuación tanto en la prevención como durante y a posteriori del evento. En esta última fase, se trata del acompañamiento a las víctimas así como de la sistematización de experiencias haciendo posible la producción de mayor conocimiento.
El proyecto se hace referencia al marco de acción para la implementación de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) que definió la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) quien toma como antecedente el Mandato de Ginebra sobre Reducción de Desastres, adoptado en julio de 1999 durante el foro del Programa del Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales (DIRDN), el cual reafirma la necesidad de que “tanto la reducción de desastres como el manejo de los riesgos sean elementos esenciales de las políticas gubernamentales”. La EIRD menciona el compromiso que deben asumir los distintos niveles del Estado para “reducir los riesgos presentes en los pueblos y su subsistencia, en las infraestructuras sociales y económicas, y en el medio ambiente”. Para lograr esto, se afirma la necesidad de que “la ‘cultura de la prevención’ logre ejercer influencia en quienes detentan el poder de decisión, no solamente dentro de los gobiernos nacionales sino también entre las autoridades locales” (todas las citas fueron extraídas de http://eird.org/esp/acerca-
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