El Fiscal General de Santa Fe, Julio de Olazábal, explicó el rol de los distintos actores en el proceso acusatorio. Oralidad e inmediatez, nuevo organismo de investigaciones y rol de la víctima.
—¿Qué va a pasar a partir del 10 de febrero de 2014?
—Según las previsiones y decisiones comunicadas por el señor gobernador, se produciría un cambio total en la forma de enjuiciamiento en materia penal dentro de la provincia. Las leyes dictadas oportunamente establecen que en un determinado momento, fijado por el gobernador, se producirá una sustitución total del sistema. Con lo cual podemos imaginar un punto en el que se dividan las aguas entre las viejas causas, iniciadas hasta entonces, que quedan atrapadas por el sistema viejo, y las que se produzcan a continuación, que pasan al nuevo sistema penal. Es algo casi mágico, algo que puede hacer el derecho, pero no la realidad.
—Y en la realidad ¿cómo lo visualiza?
—La gente a esto no lo va a percibir en forma inmediata, porque los que toman los primeros contactos con los hechos delictivos son las autoridades policiales, que lo comunican a la autoridad judicial, y se pone en marcha el engranaje. Y eso va a seguir siendo más o menos igual. La autoridad policial, sea a través de las comisarías o de los centros que se van a habilitar, recibe denuncias o actúa de oficio, y lo comunica. Lo que va a cambiar es que en lugar de hacerlo a un juez de instrucción o a un juez del viejo sistema, lo hace al fiscal del nuevo sistema. Este fiscal va a empezar a actuar, de modo informal, de modo distinto, y va a empezar a dirigir la investigación. A partir de allí se empieza un camino muy diferente. Porque los fiscales van a estar en la calle, van a estar controlando a la autoridad policial, dirigiendo. Y paulatinamente se irá viendo la desaparición de los expedientes.
—¿Podría describir cómo va a ser la actuación del fiscal?
—El fiscal inicia la investigación, constata los daños, entrevista testigos, revisa documentos. Y, actuando como el abogado de la víctima, le dice si hay elementos suficientes para ir a juicio. Y ahí sí, va a ir al tribunal, va a pedir una audiencia, y va a comenzar el juicio. Pero sin expediente, sólo con una carpeta de pruebas; con la excepción de algunas que requieran ser protocolizadas.
Si hay que hacer una autopsia o un allanamiento, el fiscal sí va a necesitar la autorización de un juez, que no tiene que ser el que después va a resolver en la causa. Pero todo de una manera muy informal, como uno ve en las películas y en las series norteamericanas. Lo mismo si hay sospechas de que un imputado se puede escapar u ocultar pruebas. Se le pide a un juez una audiencia para resolver si queda o no detenido, donde el fiscal tiene que convencer al juez, de manera oral y rápida, y el juez decide ahí mismo.
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—¿En qué punto la comunidad va a advertir la diferencia?
—Lo muy importante y que sí va a ver la población, es que todo va a ser oral y público. Nosotros venimos padeciendo desde hace muchos años una forma de enjuiciar que no cumple lo que se proclama, que es la publicidad de los actos. Porque se forma un expediente en secreto, que después tampoco las personas se pueden poner a leer. Tampoco pueden instalar una carpa en el tribunal para estar ahí cuando se toma una declaración, o cuando hay una audiencia. En cambio, aquí el tribunal decide en el momento, evalúa los argumentos y las pruebas, y todo de manera oral y delante del público. Una de las razones por las que se ha perdido la credibilidad de la Justicia es la falta de transparencia. Cuando uno no puede ver lo que sucede, desconfía. A lo mejor en otras épocas no, había una fe ciega en las instituciones. Pero eso, hoy no es así. Entonces, lo único que se puede hacer es abrir las puertas a la gente. Y si después alguien pregunta por qué otro quedó preso, ya conocen las razones. Y si alega que hay testigos en favor del imputado, uno le puede decir “bueno, pero aquí no dijeron eso, o no se presentaron”.
—¿Por qué hoy no pasa eso, más allá de las características formales del procedimiento?
—La Justicia Penal actual está concebida en sistema de feudos separados. No por una perversidad, imagino que, por ejemplo en Santa Fe, pongamos que Estanislao López creó el primer juzgado penal. Como después era poco, se creó otro más, y así sucesivamente. Pero cada juzgado fue concebido como una unidad total, con su juez, su secretario, sus libros, sus empleados. Eso se fue multiplicando hasta el infinito; cada uno con una autonomía prácticamente total. El problema es con los delitos más complejos, el crimen organizado, que traspasa el momento de la comisión del hecho. Y se da que los jueces intervienen por turnos, y sobre hechos aislados; no hay un plan general.
Supongamos que un juez quiera coordinar acciones y saber qué está haciendo el juzgado de al lado. Podría, digamos, asomarse a la puerta y preguntarle en voz alta a su colega, y pedirle el expediente. Pero eso no está permitido. Tiene que librar un exhorto; algo de la época medieval, hasta por su denominación y vocabulario. Y si es para un juez superior, una rogatoria, que tiene que empezar en mayúscula y decir “me dirijo a vuestra señoría y ruego y suplico”, etc. ¡Ruego y suplico! ¿De qué estamos hablando? Como sea, ese documento tiene que cumplir formalidades, ser firmado por el secretario, ir a la oficina de exhortos, volver, ser respondido. Todo eso lleva quince días, en vez de un minuto.
“Una de las razones por las que se ha perdido la credibilidad de la Justicia es la falta de transparencia. Cuando uno no puede ver lo que sucede, desconfía”.
Política criminal
—¿Y de qué manera afecta eso el servicio de Justicia?
—Mire, por caso, el combate a las bandas de narcotráfico en Rosario: si no hubiera habido un procurador de la Corte que les hubiese ordenado a los jueces que unifiquen, y dejen de lado los argumentos de turnos y hechos puntuales, no se hubiese podido avanzar. Con el nuevo sistema, en cambio, se parte de una investigación regida por el principio de la unidad. Yo, desde la fiscalía general, voy a establecer políticas criminales de persecución. Sabemos que en Rosario hay bandas. En Santa Fe, ¿hay o no? Las famosas bandas de cuatreros en el norte, ¿cómo funcionan? ¿Qué pasa con los robos de motos? Tener un plan. Y en función de ese plan se van a bajar las instrucciones a los respectivos fiscales. Entonces, va a ser una actividad organizada, no desperdigada. Los fiscales no vamos a tener turnos, ese sistema ya no va a existir. Esto va a permitir trabajar de otra manera. Y tampoco va a haber manera de que alguien especule con que esté de turno alguien que le convenga, por una u otra razón. También va a haber protocolos unificados de actuación, tanto para los fiscales como para la policía. Y si no se cumplen, va a haber sanciones. Eso va a uniformar primero, y mejorar después los procedimientos.
—Pero, ¿cómo se va a llevar a cabo la parte de operativa de la indagación y recolección de pruebas?
—Para esto estamos formando también el futuro organismo de investigación. De la policía no se puede prescindir, porque es la única autoridad con presencia en todo el territorio de la provincia. Y felizmente aquí yo me encontré con un ministro de Seguridad como (Raúl) Lamberto, muy capaz para entender esto y muy permeable a las nuevas ideas.
Hay que partir de que la policía cumple dos funciones, por ley: una de prevención, y otra a la que se llama “función judicial”. Conforme a la primera, la policía trata de evitar que se cometan los delitos, cuidar el orden. Ésa es la función esencial. Una vez que ocurrió el delito, tiene que empezar a actuar otra policía, con otros conocimientos, otras capacidades. La policía tiene que mirar hacia adelante, para que no ocurra lo que no debe ocurrir. La policía, en función judicial, mira para atrás, por qué ocurrió el delito, cómo, quién lo hizo. Son miradas totalmente distintas. Lamentablemente, en la historia de la policía estas dos funciones se le dieron a una sola autoridad, y se terminaron confundiendo.
—Entonces, ¿va a haber una Policía Judicial?
—Trabajamos en dos frentes: en la Legislatura, para que se creara un organismo de investigaciones; que ni siquiera se llame policía, para que quede clara la separación. Esto ya tiene media sanción de Diputados, y en algún momento se va a crear. Ahora, esto va a llevar tiempo. Porque no es cuestión de hacer un rejunte de gente, hay que seleccionar a los más capacitados, hacer concursos, buscar tanto conocimientos técnicos como experiencia... En lo inmediato, había que hacer algo, un paso intermedio de la actual dispersión a algo parecido a lo que va a ser el organismo de investigación, unificando pautas. Entonces, ellos crearon la Subsecretaría de Investigación, dentro todavía de la policía. Pero al frente va a haber un civil y va a tener una estructura parecida a lo que luego va a ser el organismo de investigación. Nosotros ya vamos a tener injerencia, estamos elaborando protocolos, vamos a poder dar instrucciones, de modo que no sea traumática la transición.
Con la ley, junto a la víctima
—Otra novedad trascendente es el rol de la víctima en el nuevo sistema.
—Cuando se empieza a producir todo este cambio, es por dos razones fundamentales. Una es que se advierte que el procedimiento santafesino era netamente inconstitucional. Pero al mismo tiempo se reveló que era notoriamente ineficiente. Las causas demoraban muchos años o no se resolvían.
Cuando se sanciona el nuevo Código, se advierte también que el gran convidado de piedra era la víctima; un problema de todo el derecho penal mundial, que fue cambiando de a poco. A la víctima se la consideraba como la ocasión para el delito, pero después se la ignoraba. Es muy triste ver a las víctimas deambulando por los tribunales, porque quieren saber, y los jueces no están preparados para atenderlos, porque en realidad ni siquiera disponen de un asistente social para eso.
En el nuevo Código, el delito se piensa como un conflicto. El delito es un daño; originariamente, es un problema entre dos personas. Entonces, al enfocarlo así, lo que vemos es que hay distintas maneras de enfrentarlo. Algunos pueden solucionarse y otros no. Para los que no, está el Derecho Penal, no hay otro camino. Pero algunos sí pueden solucionarse. No en el caso de un homicidio o una violación, pero sí otros, que pueden ser resueltos por vías alternativas, con una mediación, no metiendo preso al vecino. Pero para poder hacer esto, había que revalorizar a la víctima.
—¿Y esto de qué manera se hace?
—Los códigos casi siempre dicen que lo primero que debe hacer la Policía ante un delito es asegurar el lugar del hecho. Pero cuando me puse a ver Derecho Comparado, me encontré con que en varias normas aparece que, en realidad, el primer deber es asistir a la víctima. Después, hay que preguntarle cómo se le puede resolver el problema, prestarle atención, derivarla adonde corresponda. Y si no está conforme con la acción del Ministerio Público, el Estado está obligado a proporcionarle un abogado para que se convierta en querellante y accione por sí misma. Pero el lema del Ministerio Público es, precisamente, “Junto a la víctima, por una justa aplicación de la ley”. Nosotros vamos a tratar de conjugar esos dos elementos. Ése es el desafío.
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