El máximo tribunal se pronunció sobre la disputa que existía en torno a la norma, objetada por el Grupo Clarín. La oposición pidió "respetar la sentencia" pero reclamó al Gobierno que su aplicación sea igualitaria. Sabbatella dijo que el proceso de adecuación de oficio "ya está en marcha" y el multimedio lo acusa de violar un fallo de la Cámara Federal.
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Seis jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunciaron ayer, a cuatro años de su sanción, a favor de la constitucionalidad de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. En su fallo, cuatro de ellos coincidieron en que el plazo de desinversión está vencido y ahora la aplicación de la norma dependerá de la AFSCA.
A la par, los jueces indicaron que deben existir políticas transparentes sobre subsidios y publicidad oficial. La AFSCA debe ser independiente y la ley debe ser aplicada respetando la igualdad y el debido proceso, evaluaron.
El único de los miembros del máximo tribunal que no coincidió con el criterio fue Carlos Fayt. Según consta en el resumen que ofreció el CIJ, el juez apuntó que el análisis del caso parte de considerar que hay un derecho individual a la licencia que tiene la protección similar a la de un derecho de dominio y que involucra el derecho a la libertad de expresión.
Al respecto, sostiene que "como la licencia se equipara al derecho de dominio, no puede restringirse su disposición, y por ello es inconstitucional el artículo 41 de la ley". Y añade que "hay otros modos menos restrictivos de controlar los fraudes".
Por otro lado, Fayt considera que las limitaciones del artículo 45 "no son proporcionadas ni idóneas para alcanzar los principios de diversidad perseguidos" en la norma, reportó ese sitio.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Carmen Argibayy Carlos Maqueda coincidieron, en cambio, en declarar la constitucionalidad de la Ley de Medios. Defendieron la norma como una facultad del Congreso y aclararon que el análisis constitucional es ajeno a los conflictos futuros que puedan presentarse con la aplicación de la ley, que serán materia de otros pleitos.
Según detallaron, es "legítima una ley que fije límites generales a priori porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la concentración del mercado".
De acuerdo con las constancias de la causa, en el caso no se encuentra afectado el derecho a la libertad de expresión del Grupo Clarín, en tanto no ha sido acreditado que el régimen de licencias que establece la ley ponga en riesgo su sustentabilidad económica. La sustentabilidad no puede ser equiparada a "rentabilidad", y en este sentido, hace a la naturaleza propia de un proceso de desconcentración la posibilidad de una reducción consiguiente de los márgenes de ganancia empresaria, evaluó la Corte.
"No resulta admisible que sólo una economía de escala, como la que posee actualmente, le garantiza la independencia suficiente como para constituir una voz crítica. Hay numerosos medios pequeños o medianos que ejercen una función crítica y, a la inversa, hay grandes concentraciones mediáticas que son condescendientes con los gobiernos de turno", agregaron los magistrados.
"Es un gran paso para avanzar en la plena aplicación. La Justicia tiene sus tiempos, pero no se puede tardar cuatro años, por las estrategias y medidas dilatorias de un grupo que ofreció resistencias constantemente para no cumplir la ley", sostuvo el funcionario, en referencia al Grupo Clarín. "Ahora tenemos que recuperar estos años que se perdieron", añadió.Con aire triunfalista, el titular de la Afsca, Martín Sabatella, y dos funcionarios brincaron por la tarde una conferencia de prensa a raíz del fallo de la Corte Suprema. "Estamos muy contentos. Es un día muy importante para la libertad de expresión, la democracia y sus instituciones", resaltó el ex intendente de Morón.
No obstante, celebró: "El fallo tiene exactamente lo que nosotros planteamos: no hay forma de garantizar la libertad de expresión si el Estado no regula el mercado".
Las dudas sobre la aplicación
El ex intendente de Morón fue tajante sobre lo que hará el Gobierno: "Acá no se expropia nada, sino que se hace cumplir la ley", dijo.
Sobre la forma en que se instrumentará la ley, explicó: "El Afsca estableció un procedimiento para la adecuación voluntaria y la de oficio, y eso ya está en marcha. Los pasos son: notificación, tasación, selección, concurso y adjudicación a los nuevos titulares. El anterior titular, mientras, debe garantizar el servicio y las fuentes trabajo. Luego analizaremos el camino a seguir en la reunión de directorio del 4 de noviembre".
Uno de los puntos en discusión es el plazo de adecuación de un año que establece la ley. "Para la Corte está totalmente vencido. El proceso de adecuación ya está en marcha, ahora sólo incorporamos a Clarín a ese proceso", señaló Sabatella.
Ante la insistencia de las preguntas, indicó: "El proceso de transferencia de oficio del Grupo Clarín ya está en marcha y fue notificado. Ahora se continúa con ese procedimiento que había sido suspendido en la Justicia".
Sin embargo, el funcionario no precisó cuándo se completará ese proceso. "No quiero arriesgar una fecha, pero esperamos que sea lo antes posible", señaló.
Acerca de la posibilidad de que el Grupo Clarín recurra a tribunales internacionales, contestó: "Puede hacer lo que quiera, porque está en su derecho, pero no es vinculante. Para nosotros se acabaron las instancias judiciales y vamos a aplicar la ley integralmente, para todos", sentenció.
Sabatella también fue consultado sobre la posibilidad de que el Grupo Clarín sea indemnizado, tal como plantea el fallo. "Es la ley la que prevé un resarcimiento para el momento de la adecuación, que es el dinero que surja de la venta de las licencias y que se lo va a quedar el titular. Lo que la Corte dice es que si alguien se considera perjudicado puede presentarse ante la Justicia a hacer su reclamo pertinente", respondió.
La respuesta de Clarín
El Grupo afirmó que "respeta" el fallo de la Corte que declara constitucionales los artículos de la ley de medios que había impugnado, pero aclaró que "analiza" llevar el caso a "tribunales internacionales".
"Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la ley de medios, el Grupo Clarín ratifica, como lo ha hecho en cada instancia judicial, que se encuentra a derecho y que respeta las decisiones judiciales. También, que analiza las futuras derivaciones judiciales del caso, incluyendo la apelación ante tribunales internacionales", aseveró el multimedio en un comunicado.
El gerente de Comunicaciones del Grupo Clarín, Martín Etchevers, sostuvo en tanto que la adecuación de oficio a la ley de Medios que planteó Sabbatella es "una herramienta ilegal, ya que la propia Justicia dijo que es ilegal".
"Lo que dijo (el funcionario) es la primera muestra de aquello que señaló la Corte en el fallo de mayoría, la aplicación selectiva de la Ley de Medios. Ya se empieza incumpliendo la Ley y los fallos judiciales", afirmó.
Según precisó el ejecutivo, Sabbatella "está violando dos situaciones: una, cuando inició esta aplicación de oficio lo hizo de manera totalmente ilegal en el mes de diciembre pasado porque la Ley en ese momento, cuando desembarca en el Grupo Clarín, estaba suspendida. Por lo tanto, esta adecuación de oficio es totalmente nula. Luego, por si esto fuera poco, la nulidad de esta adecuación de oficio fue determinada por la Cámara Federal en el mes de junio pasado".
Etchevers resaltó que el Grupo Clarín "no ha tenido" todas las alternativas que han tenido el resto de los grupos de medios, como "prórrogas, plazos de adecuación voluntaria o tolerancia, extraños a la letra de la Ley".
Etchevers resaltó que el Grupo Clarín "no ha tenido" todas las alternativas que han tenido el resto de los grupos de medios, como "prórrogas, plazos de adecuación voluntaria o tolerancia, extraños a la letra de la Ley".
También marcó que la Corte "deja muy en claro" que, para que se cumpla el fallo, se necesita "el tratamiento igualitario por parte de la autoridad de aplicación y la necesidad de que esa autoridad de aplicación sea independiente, neutral y técnica".
"Ambas cosas, tanto el tratamiento igualitario como la independencia de la autoridad de aplicación están muy lejos de cumplirse en la realidad. Con lo cual, la misma Corte en este fallo da la posibilidad de que esto sea impugnado judicialmente", afirmó Etchevers por radio Continental.
A la noche, la diputada y senadora electa por el PRO, Gabriela Michetti, adelantó que el macrismo trabajará en una "presentación judicial en este sentido". Pidió que "no se aplique" el fallo la Corte Suprema de Justicia, que consideró constitucional la Ley de Medios, hasta que se "estén las condiciones del fallo"
Etchevers, en tanto, ante una pregunta sobre si Clarín iba a presentar batalla en la Justicia, señaló que "sí", que los abogados del Grupo "están analizando técnicamente el fallo con todos los condimentos de un fallo complejo y muy extenso, así que vamos a tener más precisiones en los próximos días".
Luego, reiteró que si la AFSCA "va a hacer cuestiones ilegales con la adecuación de oficio, con cuestiones que están al margen de la Ley y de los fallos judiciales, obviamente serán impugnadas, a través de las instancias competentes".
Por último, explicó que el Gobierno no sólo quiere "desguazar al Grupo Clarín, sino determinar cuáles son los medios que van a entregar a sus aliados mediáticos que todos conocemos".
Sabbatella, que tuvo una extensa agenda por los medios de comunicación, le contestó al directivo de Clarín la noche y sostuvo que "de ninguna manera el Gobierno define quiénes comprarán los medios que deben desprenderse los grupos".
Explicó que la ley contempla dos tipos de adecuaciones: la voluntaria, donde el empresario define a quién le vende sus medios; y la de oficio (que es la que ya rige con Clarín) donde se llama a concurso para determinar quién se queda con las licencias.
En medio de una disputa que parece no tener fin entre el kirchnerismo y el multimedio, referentes de principales espacios de la oposición coincidieron en su llamado a "respetar el fallo" de la Corte Suprema pero le reclamaron al Gobierno que su aplicación sea igualitaria para los medios "críticos y los amigos".
El presidente del bloque de diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, por su parte, cuestionó con dureza la norma. "La decisión debe ser respetada, lo que no quiere decir que la ley no sea objetable desde un punto de vista de técnica legislativa". Y redundó: "Esta decisión de la Corte no significa que la Ley de Medios sea una buena ley. Esta Ley de Medios es mala, además de sumamente controvertida, y desde el Congreso tiene que ser modificada en un futuro".
La diputada Elisa Carrió fue más allá. Cuestionó el fallo y volvió a denunciar "un pacto" entre el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y el secretario de Legal y Técnica del Gobierno, Carlos Zannini. Es el mismo convenio que denunció en el Congreso y por el que recibió varias críticas luego de la sentencia del máximo tribunal en contra de la reforma judicial.
En el kirchnerismo, motivos para festejar
Funcionarios y referentes del Frente para la Victoria (FpV) celebraron la decisión del máximo tribunal aunque cuestionaron que el fallo definitivo haya demorado cuatro años. El vicegobernador bonaerense y ex titular de la Afsca, Gabriel Mariotto, fue uno de los primeros en salir a manifestarse sobre el tema y dijo que estaba "conmovido" por el fallo favorable al Gobierno.
"A mí se me piantó un lagrimón", afirmó Mariotto, quien trabajó intensamente para elaborar el proyecto de ley que impulsó el kirchnerismo y que fue aprobado en septiembre de 2009 en el Congreso, aunque después apelado judicialmente.
El vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, en tanto, opinó que "los argentinos tienen más igualdad que esta mañana".
Por la noche, militantes de agrupaciones oficialistas se concentraron frente al Congreso de la Nación para celebrar la sentencia del máximo tribunal que posibilitó la plena aplicación de la ley 26.522, aprobada luego de un fuerte debate, en el que participaron entidades y ONG en todo el país, pero a los pocos meses sufrió el primer traspié.
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