El ex secretario general del gremio de la construcción, Emanuel Araya, suma siete causas penales, entre ellas “tentativa de homicidio” y “tenencia de armas”.
El ex secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Emanuel Araya suma siete expedientes que lo tienen como protagonista de delitos que versan entre tentativa de homicidio y tenencia de armas. El procurador de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Barraguirre, ordenó que sean acumuladas.
Cuatro de esos expedientes están en juzgados de instrucción y los otros tres en la Justicia correccional. La causa más antigua, está radicada en el juzgado de instrucción de la 5ª Nominación, a cargo de Darío Sánchez. En ese expediente, del 2010, Araya está acusado por tenencia de armas de guerra.
La semana pasada, Sánchez recibió del juez de instrucción 7º, Diego de la Torre, las investigación de las dos causas que tomaron estado público este mes: los desmanes ocurridos en el microcentro santafesino el pasado 2 de mayo, en el cual Araya está acusado por “Estrago, daño, lesiones y abuso de armas” y la que resultó de la balacera a la casa de Berón de Astrada, el gremialista opositor, en la que quedó acusado por “abuso de armas”.
Días después, cuando allanaron la casa de Araya, del vehículo estacionado en la cochera los policías secuestraron una pistola calibre 6.35 marca Pietro Beretta ubicada debajo del volante del automóvil, y cuando la revisaron le encontraron un cartucho en la recámara y el cargador con ocho proyectiles en su recámara.
Según consta en la denuncia de Giménez, en ese momento unas 70 personas que respondían a Araya, atacaron a los 20 que buscaban trabajo. Giménez dijo que intentó refugiarse en una panadería de la zona, donde lo acorralaron y lo apuñalaron en la pierna derecha.
El miércoles de la semana pasada, el fiscal Nº 4, Juan Pablo López Rosa había adelantado la unificación de las causas, en busca de una investigación más eficiente. Ahora se sumaron las directivas de Barraguirre para ajustar las líneas de investigación.
A estos expedientes más violentos, se suman investigaciones de la justicia correccional, que lleva adelante el juez Eduardo Pocoví, quien tiene a su cargo una causa por “lesiones leves dolosas”, por un hecho ocurrido el 18 de mayo de 2012; otra por la usurpación de locales gremiales, tras una denuncia del actual interventor de la Uocra filial Santa Fe, Horacio Lemos y una última por piquetes realizados en el acceso al parque industrial de Sauce Viejo.
A raíz de esos dichos, el fiscal Lopez Rosa presentó un requerimiento ante el juez Jorge Patrizi para que llame a Hilbert a declarar por “intimidación pública”.
“Lo dije en una audiencia en la Cámara, lo reitero ahora y me hago responsable. Lamentablemente, si esto sigue así puede haber hechos que vamos a lamentar toda la vida, como algún muerto. Y no me vengan a cargar a mí el muerto, porque yo solo hice el amparo. Y tampoco a las actuales autoridades que han terminado su mandato. Acá hay un mensaje para (el interventor del gremio, Horacio) Lemos y para Berón de Astrada, que lo veo salir mucho en los medios: les digo que nadie quiere reñir con ellos, nadie tiene temor, sino que fije una fecha de elecciones”, había dicho Hilbert.
Aquel día, en la sede de la Uocra había más de 70 delegados (entre ellos estaba el joven obrero) convocados a una reunión de la que participaron el secretario de Actas, Emmanuel Araya, y el tesorero de una comisión interna de obra, Eduardo Leiva. González se retiró antes del encuentro y –súbitamente– también lo hicieron Araya y Leiva.
A las pocas horas, el joven albañil fue encontrado con una fuerte hemorragia, debido a que la bala le había perforado la arteria femoral. Lo encontró una vecina, cuando ya estaba agonizando. Meses después, el juez de Instrucción Diego de la Torre dictó la “falta de mérito” para Emanuel Araya y Eduardo Leiva; ordenando su libertad. Ambos habían sido detenidos cuatro meses después del crimen y quedaron libres 18 días más tarde.
Cuatro de esos expedientes están en juzgados de instrucción y los otros tres en la Justicia correccional. La causa más antigua, está radicada en el juzgado de instrucción de la 5ª Nominación, a cargo de Darío Sánchez. En ese expediente, del 2010, Araya está acusado por tenencia de armas de guerra.
La semana pasada, Sánchez recibió del juez de instrucción 7º, Diego de la Torre, las investigación de las dos causas que tomaron estado público este mes: los desmanes ocurridos en el microcentro santafesino el pasado 2 de mayo, en el cual Araya está acusado por “Estrago, daño, lesiones y abuso de armas” y la que resultó de la balacera a la casa de Berón de Astrada, el gremialista opositor, en la que quedó acusado por “abuso de armas”.
Días después, cuando allanaron la casa de Araya, del vehículo estacionado en la cochera los policías secuestraron una pistola calibre 6.35 marca Pietro Beretta ubicada debajo del volante del automóvil, y cuando la revisaron le encontraron un cartucho en la recámara y el cargador con ocho proyectiles en su recámara.
Entre golpes y cuchillos
A estas tres causas que tiene Darío Sánchez, se suma la que está radicada en el juzgado de Susana Luna, que investiga un hecho ocurrido el 1 de agosto del año pasado, y por el cual resultó gravemente herido Miguel Giménez, un obrero de la construcción que junto con otros 20 albañiles hacían fila en una obra del norte de la ciudad para anotarse como empleados.
A estas tres causas que tiene Darío Sánchez, se suma la que está radicada en el juzgado de Susana Luna, que investiga un hecho ocurrido el 1 de agosto del año pasado, y por el cual resultó gravemente herido Miguel Giménez, un obrero de la construcción que junto con otros 20 albañiles hacían fila en una obra del norte de la ciudad para anotarse como empleados.
Según consta en la denuncia de Giménez, en ese momento unas 70 personas que respondían a Araya, atacaron a los 20 que buscaban trabajo. Giménez dijo que intentó refugiarse en una panadería de la zona, donde lo acorralaron y lo apuñalaron en la pierna derecha.
El miércoles de la semana pasada, el fiscal Nº 4, Juan Pablo López Rosa había adelantado la unificación de las causas, en busca de una investigación más eficiente. Ahora se sumaron las directivas de Barraguirre para ajustar las líneas de investigación.
A estos expedientes más violentos, se suman investigaciones de la justicia correccional, que lleva adelante el juez Eduardo Pocoví, quien tiene a su cargo una causa por “lesiones leves dolosas”, por un hecho ocurrido el 18 de mayo de 2012; otra por la usurpación de locales gremiales, tras una denuncia del actual interventor de la Uocra filial Santa Fe, Horacio Lemos y una última por piquetes realizados en el acceso al parque industrial de Sauce Viejo.
Palabras cargadas
Pero además, la Justicia santafesina investigará al abogado del grupo de afiliados de la Uocra alineados a Araya, Luis Hilbert quien el miércoles 15 de mayo, brindó una conferencia de prensa en la advirtió que “puede haber hechos que vamos a lamentar toda la vida como algún muerto”, en referencia a los hechos de violencia que se iniciaron el 2 de mayo.
Pero además, la Justicia santafesina investigará al abogado del grupo de afiliados de la Uocra alineados a Araya, Luis Hilbert quien el miércoles 15 de mayo, brindó una conferencia de prensa en la advirtió que “puede haber hechos que vamos a lamentar toda la vida como algún muerto”, en referencia a los hechos de violencia que se iniciaron el 2 de mayo.
A raíz de esos dichos, el fiscal Lopez Rosa presentó un requerimiento ante el juez Jorge Patrizi para que llame a Hilbert a declarar por “intimidación pública”.
“Lo dije en una audiencia en la Cámara, lo reitero ahora y me hago responsable. Lamentablemente, si esto sigue así puede haber hechos que vamos a lamentar toda la vida, como algún muerto. Y no me vengan a cargar a mí el muerto, porque yo solo hice el amparo. Y tampoco a las actuales autoridades que han terminado su mandato. Acá hay un mensaje para (el interventor del gremio, Horacio) Lemos y para Berón de Astrada, que lo veo salir mucho en los medios: les digo que nadie quiere reñir con ellos, nadie tiene temor, sino que fije una fecha de elecciones”, había dicho Hilbert.
Hace tres años
El 13 de abril de 2010 Juan Alberto González, de 27 años, murió en el hospital Cullen tras recibir un disparo en una pierna, y desangrarse al borde del terraplén, en la manzana 7 de Alto Verde. González era obrero de la construcción y había trabajado en el obrador de la ruta 19. Lo hizo hasta que la Uocra lo convocó para asesorar a sus compañeros en el local gremial de la avenida Ituzaingó en la capital provincial.
El 13 de abril de 2010 Juan Alberto González, de 27 años, murió en el hospital Cullen tras recibir un disparo en una pierna, y desangrarse al borde del terraplén, en la manzana 7 de Alto Verde. González era obrero de la construcción y había trabajado en el obrador de la ruta 19. Lo hizo hasta que la Uocra lo convocó para asesorar a sus compañeros en el local gremial de la avenida Ituzaingó en la capital provincial.
Aquel día, en la sede de la Uocra había más de 70 delegados (entre ellos estaba el joven obrero) convocados a una reunión de la que participaron el secretario de Actas, Emmanuel Araya, y el tesorero de una comisión interna de obra, Eduardo Leiva. González se retiró antes del encuentro y –súbitamente– también lo hicieron Araya y Leiva.
A las pocas horas, el joven albañil fue encontrado con una fuerte hemorragia, debido a que la bala le había perforado la arteria femoral. Lo encontró una vecina, cuando ya estaba agonizando. Meses después, el juez de Instrucción Diego de la Torre dictó la “falta de mérito” para Emanuel Araya y Eduardo Leiva; ordenando su libertad. Ambos habían sido detenidos cuatro meses después del crimen y quedaron libres 18 días más tarde.
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