El fiscal Juan Murray explicó que la medida que involucra a Beto Fernández y Carlos Quintana se aplazó por un pedido de sus defensores, quienes anticiparon recusarán al juez federal a cargo de la causa, Carlos Vera Barros. Fernández y Quintana están acusados de formar una empresa criminal junto a Tognoli y Ascaíni.
La Capital |
Las declaraciones indagatorias del comisario Néstor “Beto” Fernández y el cabo Carlos Quintana previstas para esta mañana en los Tribunales Federales, fueron suspendidas al menos por tres días ya que sus abogados defensores pedirán la recusación del juez Carlos Vera Barros. Ambos imputados en la causa que involucra al comisario Hugo Tognoli y Carlos Ascaíni como parte de una empresa criminal.
El fiscal Juan Murray explicó que “a pedido de la defensa de ambos imputados se han suspendido las audiencias en las que se había resuelto ampliar la declaración indagatoria, ambos colegas defensores anunciaron que van a interponer una recusación contra el juez Carlos Vera Barros al entender que al resolver el autoprocesamiento con prisión preventiva había vertido expresiones que lo habían llevado a un prejuzgamiento respecto de la situación de sus defendidos”.
Desde el Ministerio Público Fiscal adhirieron al pedido, “en orden a un correcto ejercicio del derecho de defensa, y para prevenir hipotéticas futuras nulidades” .
Respecto a los plazos , Murray aclaró que no tendría que extenderse por más de tres días y dijo que confían en que “los defensores a la brevedad posible van a realizar los pedidos correspondientes dentro de los tres días hábiles previstos, es decir que tendrían que ser durante esta semana”.
Respecto a la declaración comisario Cristian Sola conocida los días pasados, Murray explicó las razones por las que la consideraba importante para la causa. “Como un elemento más, la respuesta que dio Sola fue que ante un hecho menor como podría ser detectar que un subordinado suyo hubiera utilizado para una cuestión privada -por ejemplo la consulta de un amigo acerca de si el vehículo que había adquirido estaba embargado-, que implicaría la utilización espuria e ilegal de la base de datos del registro nacional automotor, Sola manifestó que hubiera iniciado las actuaciones administrativas correspondientes y las hubiera remitido a la Justicia”.
“Entendimos que si ante una situación menor debía implementar un sistema de contralor, eso también debía existir ante una situación más grave como que se suministre información a una persona investigada por narcotráfico. Fue una respuesta contundente”, concluyó Murray.
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