El titular del Colegio de abogados de Rosario, Ignacio Del Vecchio, se refirió a la denuncia por estafa de un abogado y juez de Faltas municipal. El titular del Colegio de Abogados destacó el rol del Tribunal de Etica de la entidad.
La Capital |
En el marco de la denuncia realizada por la familia de una víctima de un accidente vial contra su representante legal, a quien acusaron de quedarse con una suma millonaria, el titular de Colegio de Abogados de Rosario señaló: "Hay que ver si es cierto. Pero si lo es esto a nosotros nos perjudica enormemente".
El presidente de la entidad, Ignacio Del Vecchio, explicó que la institución se ve afectada "porque cuando se interactúa de esa manera bien alevosa queda mal la abogacía".
"Lo que hay que decir es que —los que cometen ilícitos— no son ni el 5 por ciento que están en esta tesitura. Los demás son gente buena. Y si no tenemos un Tribunal de Etica para juzgarlos por estas conductas y apercibirlos o suspenderlos como corresponde", agregó.
Del Vecchio se refirió a la denuncia de familiares de una víctima fatal de 2001 contra su abogado, que además figura como juez de Faltas de la Municipalidad. El profesional se habría quedado con una importante porción de la indemnización en favor de sus clientes: los familiares debían percibir más de 2 millones de pesos, pero el letrado les dio solo 300 mil, quedándose con el resto.
Tras tomar conocimiento del hecho, Del Vecchio se presentó ante la jueza interviniente, Roxana Bernardelli, y le solicitó los antecedentes del caso, a fin de dar intervención —de ser necesario— al Tribunal de Etica del Colegio de Abogados.
"La jueza me dijo que todavía no fue indagado el supuesto responsable de ilícito, que también faltaba la contestación de la aseguradora que supuestamente abonó esa cantidad de dinero, y que en el expediente no figura si se pagó o no se pagó. Y ni siquiera esta indagado el profesional que habría incurrido en este hecho", resumió el titular del Colegio de Abogados.
A modo de prevención, contó que en las distintas seccionales policiales colocaron cartelería en donde hacen saber a los familiares de la víctimas que "tienen dos años para consultar, y que si alguien les sugiere un abogado que no firmen ningún poder para evitar", a fin de evitar a los llamados "caranchos".
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