Una mujer inició juicio por daños y perjuicios por la muerte de su marido y de su pequeña hija el 11 de octubre de 1999, cuando la niña de 8 años cayó de una barranca al río.
La Capital |
El municipio de Villa Gobernador Gálvez deberá pagar casi dos millones de pesos a una mujer que le inició juicio por daños y perjuicios por la muerte de su marido y de su pequeña hija en la trágica jornada del 11 de octubre de 1999, cuando a la altura de la bajada Constancio Vigil la niña de 8 años cayó de una barranca al río. Su padre se arrojó al agua para intentar salvarla, pero ambos quedaron atrapados en un remanso y perdieron la vida. En tanto, los abogados de la viuda recibirán la suma de 600 mil pesos en concepto de honorarios.
El convenio de pago, aprobado recientemente por el Concejo villagalvense en una sesión extraordinaria, establece que Marta Sara Ledesma recibirá 1.900.000 pesos pagaderos en un anticipo de 700 mil que se concretaría el 20 de febrero próximo, y el saldo se le abonará en 30 cuotas mensuales y consecutivas de 40 mil pesos cada una. La primera de estas se le depositará el 20 de marzo de este año y las restantes los días 20 de cada mes subsiguiente.
Los ediles aprobaron a su vez el acuerdo de pago para José Angel Lanza y Cecilio Rufino Lescano, los abogados patrocinantes de Ledesma, que consiste en un adelanto de 300 mil pesos y el resto en 30 cuotas mensuales de 10 mil pesos, en los mismos plazos establecidos para su representada, que ganó la demanda por daños y perjuicios.
El accidente se produjo cuando un matrimonio y sus cinco hijos concurrieron al balneario municipal La Vigil. Mientras pescaban, la hija menor de la familia, una nena de 8 años, resbaló y cayó al río por un desmoronamiento de la barranca. Fue entonces que su padre, Ramón Torres, un operario metalúrgico de 36 años, se arrojó al agua para tratar de rescatarla, pero ambos murieron ahogados.
La zona, considerada como muy peligrosa y donde hubo otras muertes, no se hallaba delimitada, ni vallada, ni señalizada y no había cuidador. En ello se basó la demanda de Ledesma ante el Tribunal Colegiado Extracontractual de la 2ª Nominación, que condenó al municipio en diciembre de 2008 a pagar una indemnización de 620 mil pesos más intereses a la familia.
Los magistrados Víctor Moneta, Alejandro Martín y José Luis Bentolila entendieron que el fatal episodio se podría haber evitado si en lugar hubiesen existido medidas de prevención y de alerta para las personas. Además, establecieron que las víctimas “fueron a pescar y era lo que estaban haciendo; no fueron a bañarse ni lo intentaron nunca, por ello entendemos que a las víctimas no se les puede hacer ningún reproche”. Y si la barranca “era peligrosa, además de la estricta prohibición de bañarse, por los peligros inherentes al cauce del río, la titular del dominio (la Municipalidad) debía cercar el lugar para que no hubiera acceso a los fines de pescar”.
Apelación rechazada. El municipio accedió por recurso de apelación extraordinaria a la revisión de la sentencia, donde cuestionó la falta de legitimación de Ledesma para reclamar un daño material y sostuvo que el hecho se produjo por culpa de su marido, quien se tiró al agua para salvar a su hija y se ahogó. Y agregó que el matrimonio asistió a un lugar sin conocerlo, sin asegurarse que estuviera habilitado para pescar.
En noviembre de 2010 la sala I de la Cámara Civil y Comercial de Rosario rechazó esta apelación y fundamentó que el municipio no prohibió el ingreso de las víctimas al predio de su propiedad y además no probó la existencia de carteles indicativos del peligro en el lugar.
Intereses. En junio de 2011, durante la intendencia de Jorge Murabito, el Concejo —presidido en ese sentonces por el opositor y actual intendente Pedro González— rechazó un convenio de pago a la demandante. Por ese entonces la indemnización era de 1.500.000 pesos para Ledesma y 500 mil para sus abogados, pero por esta demora de dos años en saldar el compromiso, la suma se actualizó en 500 mil pesos más.
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