El kirchnerismo explicita sus deseos en Santa Fe

Freyre declaró que había “razones judiciales e institucionales para intervenir la provincia de Santa Fe”. El PJ sancionó una ley de Emergencia en Seguridad que avanza sobre el Ejecutivo. Boudou y Rossi justificaron el agravio de Larroque. Rafael Bielsa presentó un escrito en el “expediente Tognoli” sugiriéndole acciones a la fiscal Bettiolo.

Parece que el Justicialismo elige los viernes para generar hechos políticos en la provincia de Santa Fe. Hace dos viernes se producía la orden de detención de Hugo Tognoli. El viernes pasado el inexplicable y bochornoso plantón de los diputados nacionales al gobernador Antonio Bonfatti, y este viernes, para no ser menos, el presidente del PJ santafesino, José Luis Freyre, avanzó con una declaración delirante: que “el Poder Ejecutivo Nacional tenía razones para intervenir la Provincia”.

Los hechos no fueron aislados. En el medio de la inocultable disolución de las supuestas pruebas que comprometían al ex Jefe de la Policía de la provincia, el peronismo venía sembrando acciones y afirmaciones que desnudaban sus intenciones.

Antes del exabrupto del “Cuervo “Larroque, el PJ santafesino venía imponiendo en la Legislatura santafesina un despliegue de acciones inéditas. La velocidad en la constitución de la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados, la citación a Norma Castaño y al ex Secretario de Seguridad, Marcos Escajadillo. Y por si fuera poco, la sanción en tiempo récord de una Ley de Emergencia en Seguridad que, en pocas palabras, pretende digitar desde la Legislatura las acciones que le competen exclusivamente al Poder Ejecutivo.

Pero vino el escándalo Larroque que, al grito de “narcosocialismo”, daba por sentado que los hechos denunciados contra Tognoli eran veraces y probados. Y mientras los diputados del FAP y la UCR se retiraban ofendidos del recinto, el diputado nacional por Santa Fe y jefe del bloque del Frente para la Victoria (FpV), Agustín Rossi, lejos de calmar los ánimos y morigerar la afirmación de su compañero de banca, aplaudió y abrazó efusivamente al vicepresidente de La Cámpora, con la fuerza de quien celebra un gol.

Pero faltaba más: el inexplicable millonario y vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, aseveró: “Lo que dijo Larroque es verdad. Es lo que piensa la gente”, insistiendo con la presunción de culpabilidad de Tognoli, y agraviando desde las máximas alturas del Ejecutivo Nacional a la totalidad de la segunda fuerza nacional en las últimas elecciones.

El súmmum fue la afirmación del titular del PJ e intendente de Venado Tuerto que no dudó en asegurar que “Santiago del Estero fue intervenida por un conflicto mucho menor. Si el Gobierno nacional quiere intervenir la provincia parece que tiene elementos judiciales e institucionales como para hacerlo”. Desconociendo claramente los articulados de la Constitución nacional y clarificando que el Kirchnerismo persigue un objetivo: quedarse con la provincia, sin importarle los métodos. Cualquier medio es válido: la invención de causas, la descalificación, la intromisión en los otros poderes, o directamente pensar en el juicio político o la intervención desde la Nación.

Si bien el propio Freyre y el diputado Rossi adujeron, en declaraciones a radios rosarinas, una “descontextualización” de la frase, las afirmaciones del presidente fueron explícitas y venales. Tanto como las expresiones del ex candidato a vicegobernador de Miguel Del Sel y ahora de nuevo en las filas del PJ, Osvaldo Salomón, que pidió públicamente el inicio de un juicio político a Bonfatti.

El increíble escrito de Bielsa a la fiscal

Si algún dato faltaba para corroborar la intencionalidad política de algunos de los dirigentes del Kirchnerismo en torno a la causa que investiga la presunta vinculación del ex jefe de la Policía de Santa Fe con el narcotráfico, era que apareciera un documento de un funcionario del Poder Ejecutivo Nacional, “sugiriéndole” a la Fiscalía cuáles son los pasos que debe seguir en la investigación. Parece imposible, pero pasó.

El 24 de octubre, a las 11, un empleado del Sedronar, presentó en la Mesa de Entrada de la Fiscalía de Bettiolo un escrito firmado por el actual secretario de Estado de la Presidencia, titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, Rafael Bielsa.

En el documento, Bielsa explica: “He recibido una nota anónima, tal como ocurre habitualmente en la Secretaría que represento, que podría guardar relación con las actuaciones de referencia”.

Más adelante agrega el texto del anónimo, en el que se advierte “la contraseña de usuario para acceder a los datos obrantes en la Dirección Nacional del Registro Automotor asignada a Tognoli Hugo Damian es segu210183. Que con dicha contraseña, se consultó en fecha 25-11-09 la titularidad del dominio del vehículo portador de la chapa patente DSI 951, que resultó  citado añade que “en variadas ocasiones posteriores, dicha contraseña fue utilizada por el encargado del Turno Tarde de la Oficina de Computación de la Unidad de Drogas Peligrosas de (sic) Leonardo Velazquez, por orden del mencionado Tognoli, para comprobar la titularidad de otros vehículos relacionados con investigaciones en materia de delitos previstos por la ley 23.737, lo que se hacía para proteger a los eventualmente involucrados en maniobras delictivas”.

Hasta allí, Bielsa cumple con su función y su obligación de presentar una prueba- anónima- que podría aportar datos importantes para revelar la presunta responsabilidad de Tognoli.

Lo insólito se encuentra en la contracara del escrito de una hoja: Bielsa, en su condición de funcionario público, le sugiere a la fiscal los pasos que cree se deben seguir y escribe:

“En tal orden de ideas, estimo que resultaría conveniente profundizar la pesquisa mediante:

a. La disposición de pericias informáticas que permitan determinar en cuantas otras ocasiones la contraseña fue empleada al 25/11/2009 para consultar la titularidad de otros vehículos y cuál fue el resultado eventual de dichas consultas.

b. La disposición de Pericias informáticas que permitan determinar el IP desde donde fueron hechas las consultas aludidas en el punto I, en el caso de que las mismas se hubieren verificado.

c. La declaración testimonial del encargado de la citada dependencia de apellido Velázquez

d. La disposición de las declaraciones en los términos del art. 294 del ritual adjetivo de la Nación”.

Y finalmente,
 

“e. La solicitud a la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, de la asignación de los nombres de usuarios y claves para acceder a la base de datos otorgadas a la Policía de Santa Fe, sus respectivas constancias de entrega y que informe su al momento de la entrega de las mismas se explicita su confidencialidad y la responsabilidad por su empleo”.

Antes de firmar, Bielsa aclara que todas sus sugerencias, persiguen los fines de determinar el verdadero grado de responsabilidad y posible existencia de connivencia de los imputados en autos. “Saludo a la señora fiscal muy atentamente, Dr. Rafael Bielsa”.

Bielsa, algo ligero en las expresiones, olvidó que sus funciones y obligaciones en el Poder Ejecutivo alcanzan para aportar presuntas pruebas en cualquier causa judicial que se persiga el esclarecimiento de hechos vinculados con el narcotráfico. Lo que no puede, porque es tarea exclusiva  de la propia fiscal o de los querellantes, es aconsejar medidas.