En los crímenes cometidos en La Capital hay un alto grado de participación de jóvenes que resuelven sus conflictos a los tiros. Especialistas advierten sobre la falta de políticas de Estado que cubran las necesidades básicas de niños y adolescentes
Las cifras surgen de un relevamiento realizado con las notas publicadas en El Litoral. Para elaborar el informe este medio solicitó los datos a la dirección de Investigaciones de Análisis Criminal de la provincia pero los negaron esgrimiendo que “era información sensible que no consideraban oportuno hacer pública por respeto a los familiares de las víctimas”.
En las estadísticas resultó tristemente célebre el caso de Exequiel Nicolás Ojeda, la víctima más joven de este año: con tan solo 13 años recibió un impacto de bala a la altura de la axila cuando estaba en su casa del barrio Chaqueño. También la muerte de Priscila Soria de 16 años, la mujer más joven entre las 65 víctimas que falleció este año por dos balazos. Estaba junto a un joven de 18 en una vivienda de Monseñor Zazpe al 4100 en barrio Santa Lucía cuando varios individuos irrumpieron a los tiros en el interior de la casa. En abril de este año, también falleció Sandra Guadalupe Pelozo, de 24 años, embarazada de 7 meses. Desde un auto abrieron fuego hacia donde ella se encontraba en Santiago de Chile al 8000; su bebé se salvó.
La gran mayoría de los enfrentamientos con armas de fuego, y las muertes, se producen por discusiones personales, por venganzas entre bandas dedicadas a delinquir o por quedar en el fuego cruzado entre fracciones.
Los números de la taquilla de homicidios que ocurrieron el año pasado no son muy diferentes a los del presente y evidencian el alto grado de violencia que se vive en algunos barrios, la facilidad para conseguir armas de fuego y la consecuente resolución de conflictos a los tiros. En 2011 se contabilizaron 75 homicidios, 53 se cometieron con armas de fuegos, 24 fallecidos tenían entre 35 y 21 años y 19 tenían menos de 20. Marcos Benítez fue la víctima más joven: tenía 10 años cuando fue acribillado en la vereda de su casa en zona del Arenal al quedar en el fuego cruzado de bandas. Una bala que no era para él le atravesó el pecho.
El año pasado también fue asesinado en la zona de La Boca en el distrito costero de Alto Verde, Nicolás Meza, de 11 años, un niño al que ejecutaron a quemarropa luego de haber participado en el robo de una play-station y una cafetera. Por el caso, la justicia procesó a un hombre de 32 años.
No es un juego de niños
Los años que lleva la doctora Ana María Elvira a cargo del Juzgado de Menores Nº 2 le dieron la experiencia y las palabras precisas para responder las preguntas de las que partió la entrevista que le otorgó a El Litoral: ¿Cómo un niño de 13 años termina muerto de un balazo? ¿Cómo un adolescente tiene a los 16 años una carrera delictiva suficiente como para que le juren una bala?
Elvira también maneja números. Según dijo, en el año 1989 llegaba al juzgado un homicidio cada cuatro años, cifra que se modificó exponencialmente entre 2011 y 2012: el promedio actual es de 4 homicidios por mes en cada juzgado. Los casos que llegan al juzgado N° 1 y N° 2 (están de turno un mes cada uno) son los que involucran a menores de 16 a 18 años que cometieron delitos que conllevan más de dos años de pena. “Un hurto o una lesión leve no entra”, aclara Elvira.
Antes de contestar, se aferra a los libros que la rodean. “Yo aplico la ley, tenemos leyes ideales pero virtuales”, dispara prendida de un ejemplar ajado del Código Penal. En la legislación nacional y en las normas provinciales no está contemplado el proceso penal para menores de 16 años que cometen un delito sino un proceso tutelar. Tampoco está permitido dejarlos detenidos por el amparo de la ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (la N° 26.061) y la provincial de Protección y Promoción Integral de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes (la N° 12.967). En cambio, debe intervenir la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que se ocupa de velar por los derechos de los niños, es decir, hasta los 18 años según la ley.
“Me pregunto qué se hizo antes de los 16 para evitar que lleguen a un juzgado”, pronuncia Elvira y se responde: “Si la familia no está, los niños viven tirados en la calle con hambre, con frío y con miedo. Crecen en la calle donde se les respeta la libertad ambulatoria pero no el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, a jugar. Entonces, cuando ese chico llega a los 16 y mata la sociedad entera habla con espanto”.
Con el delito consumado la alternativa para el menor son las instituciones que dispone el Estado pero, según la magistrada, no hacen más que prolongar la desatención. “No cuentan con gente capacitada para atenderlos, trabajan por lo mismo que se paga por un plan social y hay casos en que descargan con los chicos los problemas que llevan desde la casa”, sentenció.
Una de las variables que se repite casi como condición para el inicio en el delito es la deserción escolar, la expulsión por parte del sistema escolar de chicos que tienen serios problemas de aprendizaje, repiten los cursos por años y tienen serios problemas de conducta.
“Acá llegan con un alto grado de analfabetismo, a veces me dicen ‘doctora si usted escribe mi nombre yo puedo copiarlo’. El paso siguiente es la calle”, repitió la jueza una y mil veces.
En ese momento, la alternativa es la lección que les da el entorno donde sobrevive el más fuerte, a veces a la par de los mayores.
“¿Es posible que de esa vida se logre un ser humano equilibrado y respetable? ¿por qué va a ser ‘normal’ ese adolescente que desde la panza fue maltratado?”, interroga Elvira después de haber dado todas las respuestas.
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