El Gobierno de Santa Fe tomó la
decisión, y también elevó el informe de Asuntos Internos al magistrado
de Reconquista, quien procesó a los tres jóvenes apremiados sin darle
intervención a la defensora oficial. El jefe de la Unidad Regional 9 de
Policía, Daniel Wilhjem, fue el encargado de aplicar la medida. Hubo
cinco relatos coincidentes.
Wilhjem Daniel - Jefe de la Unidad Regional 9 de Policía
Por decisión del ministerio de
Seguridad, el jefe de la Unidad Regional IX de la policía provincial,
Daniel Wilhjem, pasó a disponibilidad a cuatro efectivos policiales de
la comisaría de Florencia, tras la denuncia por torturas presentada por
los jóvenes Roberto Valenzuela, Lucio Prieto y Martín Gómez, de entre 18
y 20 años, a quienes a mediados de mayo les hicieron reconocer la
autoría de delitos a través de apremios con picana eléctrica, golpes y
submarino seco. La semana pasada, la dirección de Asuntos Internos de la
policía elevó su informe sobre lo ocurrido, lo que precipitó las
decisiones políticas. "El miércoles presentamos esa investigación al
juez de instrucción de Reconquista, Virgilio Palud, pero al margen de la
investigación judicial, que deberá definir las responsabilidades
penales, nosotros evaluamos que existen responsabilidades
administrativas autónomas, de inmediata resolución", indicó Matías
Drivet, Secretario de Control de Seguridad del Ministerio.
En su oportunidad, la denuncia de los tres jóvenes fue acompañada por
el defensor general Gabriel Ganón y el diputado provincial Eduardo
Toniolli, presidente de la Comisión de Derechos y Garantías. Para Ganón,
se trató de un hecho de "extrema gravedad institucional". El ministerio
de Seguridad definió la semana pasada pasar a disponibilidad a Pablo
Fantín, así como al comisario de Florencia y a otros dos efectivos,
cuyos nombres no hizo públicos. "Hay desprolijidades evidentes, además
de contar con cinco relatos coincidentes. Si el juez llama o no a
indagatoria a los efectivos, es un resorte que excede a la autoridad
administrativa. Mientras tanto, estamos dando una clara señal de que no
existe ninguna connivencia del poder político y además, queremos impedir
cualquier obstáculo a la investigación judicial en marcha", apuntó
Drivet.La decisión del ministerio de Seguridad de pasar a disponibilidad se debió al informe de Asuntos Internos, y por una cuestión de formalidad, fue el jefe de la Unidad Regional 9 el encargado de tomar la medida. La jefatura de policía provincial debe confirmarla, mientras continúan las investigaciones tanto administrativa como judicial en marcha.
A partir de esta medida, los cuatro efectivos fueron despojados de su chapa y del arma reglamentaria, y tienen derecho a mantener hasta el 70 por ciento de su salario mientras se terminen las investigaciones.
Justamente, la actuación de Palud es un punto conflictivo, ya que los jóvenes fueron procesados por los delitos que habían "confesado" producto de los apremios ilegales, y con marcas evidentes de torturas, sin que el magistrado diera intervención a la defensora oficial. En su momento, Palud hizo caso omiso a las denuncias de los tres detenidos sobre las torturas que habían sufrido.
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