Acciones contra los "caranchos"

Los colegios de abogados y médicos impulsan campañas educativas, y respaldan el proyecto de ley que tiene media sanción en el Congreso. El jueves diserta la senadora nacional Nancy Parrilli.

 Desarticular las maniobras de organizaciones integradas por abogados, médicos, camilleros, choferes de ambulancias y policías, entre otros, que lucran con el dolor de las víctimas o deudos de accidentes de tránsito, es el objetivo común asumido por agrupaciones profesionales de nuestro medio, bajo la consigna de utilizar “armas legales para combatir el ‘caranchismo’”.

Específicamente, los Colegios de Abogados de Santa Fe y de Médicos han venido bregando por la erradicación de estas prácticas e, incluso, han generado acciones específicas con los diversos sectores involucrados, concretando diferentes campañas de difusión sobre el tema, reiterando los derechos que les asisten a las víctimas y cómo deben obran ante situaciones tan traumáticas; a la vez que han coordinado medidas para intentar poner un freno a este tipo de conductas reprochables.

En ese contexto, se iniciaron las reuniones de una comisión integrada por distintos sectores -en diversos momentos participaron los representantes de los hospitales públicos, el Ministerio de Seguridad, la policía y las compañías de seguros-, con el objeto de diseñar estrategias y acciones concretas en la materia.

Al respecto, la reunión del próximo jueves 28 de junio a las 19, en el anexo del Colegio de Abogados (salón Alberdi), en 3 de febrero 2743 1º piso de nuestra ciudad, tendrá como objetivo evaluar los resultados obtenidos hasta el presente por la comisión, como así también activar otros mecanismos tendientes a cumplir con los objetivos proclamados en su conformación. Pero, fundamentalmente, será la oportunidad de escuchar la disertación de la senadora neuquina Nancy Parrilli, autora de un proyecto de ley -que a la fecha cuenta con media sanción en el Congreso-, que apunta específicamente a combatir este tipo de maniobras inescrupulosas.

La iniciativa apunta a proteger a los sujetos más vulnerables y afectados por el accionar de las mencionadas asociaciones ilícitas; generalmente humildes trabajadores que, ante experiencias dolorosas ocasionadas por accidentes de tránsitos, son defraudados y estafados, quedando en un total desamparo, con la pérdida del sostén económico de la familia y sin la indemnización que por ley les correspondería.

De aprobarse también en Diputados y convertirse en ley, las víctimas estarán protegidas frente a estas maniobras. El dispositivo contempla las siguientes modificaciones legales: a) todo acuerdo extrajudicial sobre una indemnización de este tipo, debe ser homologado por el juez; b) el pago de la indemnización debe ser efectuado directamente a la víctima, aunque hubiera dado poder para cobrar; c) se prohíbe ceder más del 40% de los créditos derivados de accidentes de tránsito.

Derechos en juego

En diálogo con El Litoral, el presidente del Colegio de Abogados, Eduardo Massot, hizo hincapié en el recaudo de la homologación judicial como recaudo protectivo para las víctimas, ya que garantiza el control judicial frente a los arreglos que, de lo contrario, se llevaban adelante al margen de esa supervisión. Por otra parte, recordó que las campañas educativas desarrolladas apuntan a dejar en claro a las víctimas y sus familiares que no es necesario firmar un poder a nombre de terceros para poder reclamar una indemnización, y que los derechos al respecto no se pierden por no hacerlo inmediatamente.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos, José María Albrecht, explicó hasta qué punto los “caranchos” condicionan la atención médica, dado que se aprovechan de la desesperación de las víctimas y sus familiares -en medio de una conmoción que, muchas veces, los encuentra en un lugar ajeno y desconocido- para prometerles atención médica adecuada a cambio de la cesión de derechos.

“La persona tiene que saber que el Estado tiene obligación de darle atención. El hospital tiene que dar una pronta respuesta, para evitar este tipo de maniobras, y las compañías de seguros podrían colaborar con un fondo específico para afrontar estos casos”, sostuvo.

Massot y Albrecht, en representación de los abogados y los médicos, establecieron que las víctimas deben tener en cuenta derechos de dos rangos diferentes, y con tiempos también distintos: la protección de la salud, que requiere atención inmediata, y el resarcimiento económico por el daño, que “puede esperar” sin verse afectado.