Los abajo firmantes, docentes, estudiantes, egresados, no docentes, y demás miembros pertenecientes a la Universidad Nacional de Tucumán, comprometidos con la misión universitaria de cultivar los saberes de las humanidades, las ciencias, y las artes; y convencidos, a la vez, de
nuestra vocación de servicio a la comunidad nacional a la que pertenecemos, en salvaguarda de los bienes naturales, materiales y culturales, declaramos:
1. Que
la explotación minera a cielo abierto es una actividad que pone en
crisis la biodiversidad por la elevada contaminación que acarrea; por el
uso intensivo de recursos escasos como el agua y la energía, y por la
altísima depredación de la geografía, el paisaje y las vías de
transporte.
2. Que esa actividad se realiza con inexplicables ventajas económicas y tributarias, a favor de empresas megamineras transnacionales. En
tiempos en que la presión impositiva avanza sobre el patrimonio de los
ciudadanos, la explotación de los recursos naturales mineros se realiza
en condiciones de expoliación y saqueo.
3. Que
la completa desvinculación con el aparato productivo nacional, el claro
detrimento de otras actividades económicas, la escasa mano de obra
directa que emplea y la continuidad de la pobreza y el clientelismo como forma de sustento, son algunas de las causas que justifican el
rechazo popular al actual modelo minero vigente en nuestro país,
expresado en diferentes ciudades del norte argentino como Famatina,
Belén, Tinogasta y Andalgalá. Rechazo que alcanza, por otra parte, a
políticos, universitarios y otros funcionarios municipales, provinciales
y nacionales que son cómplices de dicho saqueo.
4. Repudiamos
que este proceso de expresión popular no sea escuchado por los
gobiernos provinciales que dicen representarlos, ni tampoco por las autoridades universitarias; y rechazamos asimismo su actitud de connivencia con las mineras, negando y tergiversando información o
adulterando informes con el fin de dar vía libre a la explotación
perversa de recursos que nos pertenecen a todos los argentinos.
5. Reivindicamos
que -haciéndose eco del debate abierto en torno a este tipo de
explotación- una importante cantidad de unidades académicas y casas de estudio hayan rechazado los fondos que por ley Minera La Alumbrera –YMAD destina al sistema universitario nacional.
6. Como universitarios tucumanos –de la universidad nacional y pública-
afirmamos además que, a pesar de las importantes sumas de dinero que la
Universidad ha recibido de ese emprendimiento minero, uno de los más
grandes de Latinoamérica, ninguno de sus problemas estructurales ha sido solucionado.
Al tiempo de esta declaración, la UNT atraviesa una nueva crisis económico-financiera con un inexplicable déficit operativo.
7. En ese marco referencial, es dable destacar que -transgrediendo en
muchos casos las normas de administración financiera del estado- esos
fondos sólo financiaron obras menores con sobreprecios escandalosos,
actualmente investigados por investiga la justicia federal. Idénticas consideraciones pueden realizarse sobre las “inversiones” en cuevas financieras que la Universidad ha realizado con
fondos provenientes de la explotación minera, que también están siendo investigados por la justicia.
8. Se
configura así un marco en el que las condiciones de saqueo de los
recursos naturales de nuestro país aparecen rodeadas, en nuestra Alta
Casa de Estudios, de injustificables hechos de corrupción que atentan,
desde el interior de la UNT, contra el legado de Abel Peirano a nuestra
universidad.
9. Exigimos
que estos legítimos reclamos sean prolijamente considerados por el
gobierno nacional y las autoridades universitarias, de manera de
revertir la actual política de promoción y estímulo a la instalación de proyectos de megaminería.
10. En consonancia con el reclamo popular de las localidades movilizadas, nos manifestamos enérgicamente en contra de la instalación y continuidad de estos megaproyectos mineros a cargo de grandes empresas extranjeras, en tanto atentan contra cualquier tipo de
desarrollo popular autónomo; se apropian de la renta colectiva; niegan
los valores culturales de las comunidades originarias y ponen en
riesgo todo tipo de vida; saqueando nuestros recursos y dejándonos la contaminación.
11. Como miembros de una institución educativa pública, asumimos el
compromiso social y ético de acompañar el reclamo de las asambleas
populares, repudiando el extractivismo que sólo busca la maximización de
la ganancia a costa de la pérdida de los derechos más elementales de
las poblaciones.
12. Exigimos un modelo económica y ambientalmente sustentable de
producción y desarrollo, que garantice una razonable distribución de
sus frutos no sólo para la presente generación de argentinos, sino
también para las futuras. Repudiamos el actual modelo extractivista que sólo pone énfasis en el lucro, con el agravante de las
probadas ventajas comparativas sin riesgo empresarial con que cuentan las empresas trasnacionales para realizar tareas que están prohibidas en sus países de origen.
13. Por ultimo, hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, gremiales y políticas que sientan orgullo de pertenecer a nuestra universidad, y estén dispuestas a coordinar acciones conjuntas para detener estos emprendimientos y promover
un modelo productivo nacional sustentable, construido en consonancia con las expresiones populares que bregan democráticamente por un presente y un futuro mejor para el pueblo argentino. Los universitarios tucumanos abajo firmantes consideramos una obligación moral defender el rico patrimonio de la UNT puesto en riesgo por las
políticas universitarias aquí cuestionadas.
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