Una auditoría de la AGN, que
investigó al APE y a las prestadoras de los gremios, encontró múltiples
irregularidades que involucran montos millonarios.
Desde que estalló la denominada \"mafia de los medicamentos\",
los negocios oscuros en torno de los servicios de salud quedaron en la
mira, particularmente en lo que se refiere al rol de las obras sociales y
a su interacción con la Administración de Programas Especiales (APE),
un organismo dependiente del Ministerio de Salud que se encarga de los
tratamientos de alta complejidad y de mayor costo.
Ese escándalo motivó en 2009 la intervención de la Auditoría General de
la Nación (AGN), que se dedicó a investigar no sólo la actuación de la
APE y de más de cuarenta obras sociales, sino también de la
Superintendencia de Seguros de Salud (SSS), encargada de controlar el
funcionamiento del circuito de fondos entre el Estado y las obras
sociales.
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