Tanto en el Senado como en
Diputados restan definirse los acomodamientos internos de los diferentes
bloques. En lo parlamentario, el jueves 9 deberá sesionar la Asamblea
Legislativa.
Pero antes y para ordenar el funcionamiento normal de las dos Cámaras deberán definirse las integraciones de las comisiones, claves para la tarea parlamentaria, aunque con problemáticas bien diferentes en los cuerpos.
Quien visite el sitio www.senadosantafe.gov.ar verá que las últimas novedades legislativas e institucionales son de diciembre. Con el cursor se comprueba que está disponible la información sobre casi todos los accesos que presenta la página oficial. Presidencia, Senadores, Autoridades, Reglamento. En cambio no están aptas para cliquear las secciones “Bloques” y “Comisiones”. Y las razones políticas que explican la demora se vinculan.
El reglamento de la Cámara habla de la existencia de 13 comisiones. Más la de administración, que es imprescindible para el funcionamiento económico del cuerpo, cuya integración ya ha sido resuelta provisoriamente con los integrantes anteriores a la renovación del cuerpo.
También Senadores fue prolijo para dar con el consenso y designar a los miembros de la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, que forman los diputados y los senadores. En cambio, no están los representantes de la Cámara Baja.
Queda por darles integrantes y presidentes a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General (la última para cualquier proyecto de ley); la de Seguridad Pública (que asegura a su titular una alta exposición pública para un senador opositor; la de Presupuesto y Hacienda (que define buena parte de la suerte de los proyectos por su viabilidad económica) y todas las restantes.
La mayoría justicialista (11 senadores) todavía no ha logrado acordar qué comisiones tendrán qué presidentes, y cómo será finalmente la integración de su bloque o su interbloque. La decisión quedó para madurar en enero y ciertas condiciones para el empate permiten la indefinición.
En cuanto a la discusión interna por cómo agruparse frente al oficialismo está claro que todos se plantean actuar como una sola bancada. Pero unos piensan en un interbloque de justicialistas, con dos o más bloques del PJ y otros en uno solo.
La división es de dos grandes grupos de cinco y cinco. Aunque todos coinciden en apoyar al gobierno nacional unos lo hacen bajo el rótulo del Frente para la Victoria y otros con el del PJ.
El undécimo, el rafaelino Alcides Calvo, un dirigente muy cercano al diputado nacional Omar Perotti, insiste con la unanimidad y por eso no se convierte en el sexto de ninguna de las opciones.
Entre los 8 del oficialismo la idea es armar un interbloque, con un bloque radical y otro unipersonal del socialista Miguel Lifschitz.
En Diputados
En cambio, en Diputados los 28 justicialistas y los 7 de la Unión Pro Federal designaron y votaron los integrantes en cada comisión pero resta hacer lo propio con los del Frente Progresista (15 integrantes) que exigen tener mayor participación -por ser oficialistas- especialmente en las dos comisiones clave: Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda.
La discusión pasó para febrero, mes que llegó y si bien hubo conversaciones informales entre autoridades de la Cámara y referentes de todos los bloques, la solución parece no estar cerca. El minoritario oficialismo reclama tener alguna llave en el funcionamiento institucional, tema que se complica cuando la discusión llega a la mayoría justicialista dividida en 9 bloques antes de la jura de Héctor Acuña quien también formará un unipersonal.
El otro gran interrogante es saber si ahora que es mayoría, el justicialismo designará representantes para la Comisión Legislativa de Control y Revisora de Cuentas que es bicameral y que ya lleva seis años sin conformarse y donde ya muchos dudan de la constitucionalidad de su formación. Es que la comisión debe revisar lo actuado por el Tribunal de Cuentas y ni en la última etapa de Jorge Obeid con el PJ dominando ambas Cámaras ni en los cuatro de Hermes Binner el cuerpo se conformó con excusas varias surgidas desde la política.
Pliegos en discusión
En la última Asamblea Legislativa realizada en el 2011, el cuerpo dio acuerdo al Fiscal de Estado, Pablo Saccone, y postergó para febrero el tratamiento de los restantes pliegos remitidos oportunamente por el Ejecutivo y habilitados para el tratamiento en Extraordinarias. No obstante, la falta de conformación de la Bicameral de Acuerdos abre interrogantes sobre la decisión a adoptar con los nombramientos.
Los pliegos en análisis corresponden a Luciano Agustín Leiva propuesto como defensor del Pueblo Adjunto para la Zona Norte; Analía Isabel Colombo como defensora Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes; Luciano Daniel Juárez como juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario; María Celeste Rosso como jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial. 1ra. nominación; Federico Gustavo Bertram como juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial 2da. Nominación, ambos de la ciudad de Venado Tuerto; del Luciano Daniel Juárez como juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario; María Celeste Rosso como jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial. 1ra. nominación y de Federico Gustavo Bertram como juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial 2da. Nominación, ambos de la ciudad de Venado Tuerto.
Aumento
El diputado Héctor Acuña (PJ) reclamó que el gobierno provincial tenga en cuenta “la resolución emitida por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), que dispone que el aumento del servicio de agua se realice de forma escalonada y discriminando la situación socioeconómica de los usuarios en virtud del consumo de cada uno de ellos, todo ello teniendo en cuenta los resultados de las audiencias públicas llevadas a cabo a tal efecto”.
El legislador presentó un proyecto solicitándole al Poder Ejecutivo que aplique el aumento sugerido por el Ente y promete salir a juntar firmas en las 15 ciudades de la concesión para revertir el decreto dictado sobre el particular.
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