Según Susana Trimarco, dos ex
gobernadores, un ex subsecretario de seguridad, un ex juez y la cúpula
policial de dos provincias permitieron que el crimen ocurriera.
La declaración testimonial de Susana Trimarco en el juicio
oral que se sigue por el secuestro y posterior desaparición de su hija
Marita Verón, puso al descubierto la complicidad política con la trata
de personas y la impunidad que rodea no solo a los proxenetas, sino
también a los funcionarios que habrían colaborado para que la
investigación se desvirtue.
Dos ex gobernadores, un ex subsecretario de seguridad, un ex juez y la
cúpula policial de distintas provincias fueron según Trimarco los que
allanaron el camino para que las mafias hagan desaparecer a su hija,
pero ninguno de ellos está sentado hoy en el banquillo de los acusados,
cuando según el buen entender de un fiscal imparcial, que sigue de cerca
el caso, deberían estar rindiendo cuenta de su accionar en la función
pública.
Miranda y Maza. El detallado relato de Trimarco, que por momentos se
volvió dramático, puso en el ojo de la tormenta al ex gobernador de
Tucumán, Julio Miranda, a quien no dudo de calificar de \"atorrante\" y
responsabilizarlo por haber introducido en la casa de gobierno a la
mafia de los Ale.
Tampoco ahorro críticas para el ex mandatario de La Rioja, Ángel Maza,
quien hizo oídos sordos a sus reclamos, cuando le solicitó el pronto
accionar de la policía local para dar con el paradero de su hija: “Él
también fue cómplices de las mafias”, deslizó firme ante el tribunal.
Juez y parte. Trimarco contó su impotencia ante la indiferencia social,
pero se horrorizó aún más cuando citó el testimonio de Andrea Darrosa,
que temerosa a represalias se negó a declarar la primera vez que fue
citada:
“Más tarde me confesó que su negativa a declarar se debía a que el juez
Walter Moreno, que tenía la causa no le daba ninguna garantía\", sostuvo
Trimarco. \"Me lo dijo clarito: \'¿cómo me voy a declarar ante el juez
con el que me he acostado?\'. Ese tipo iba a los locales del Chenga y
Medina en La Rioja -donde algunas víctimas de la trata aseguran haber
visto a Marita- y a las chicas la hacían poner en fila para que él
eligiera”, agregó.
Otro funcionario judicial que habría hecho todo lo posible para que la
investigación se desvirtuara, según denunció Trimarco ante el tribunal,
fue el secretario de la fiscalía que investigó el caso Eduardo Baclini, a
quien acusó de estropear pruebas fundamentales y jugar para beneficiar
siempre a los Ale.
Durmiendo con el enemigo. Lejos de encontrar contención y colaboración
por parte del gobierno de Julio Miranda, Susana Trimarco encontró en el
ex Subsecretario de Seguridad Julio Díaz, un aliado incondicional de los
Ale -fuertemente sospechados por la desaparición de su hija- no solo
dispuesto a entorpecer la investigación, sino también a vigilarla para
que su causa no llegue a buen puerto.
Según contó: “Él me propuso que fuese hablar con los Ale, porque según
me dijo, ellos con la remisería Cinco Estrellas son los vigías de la
ciudad. ¿Cómo va a ser, si es una mafia?”, dudó Susana. Pero su esposo
la convenció de que aún de ser ellos, harían aparecer a Marita para
quedar como héroes.
Al poco tiempo, se convenció que los Ale no la iban a ayudar, porque
estaban involucrados directamente en el secuestro de su hija y descubrió
que Julio Díaz le había enviado una psicóloga que en lugar de contener a
su nieta Micaela, espiaba en su casa como marchaba la pesquisa familiar
para delatar a Díaz cualquier pista que pudiera surgir por fuera de la
investigación oficial.
Van por ellos. Hoy ninguno de estos ex funcionarios que habrían
colaborado con las mafias en el secuestro y posterior desaparición de
Marita Verón según el relato de Trimarco, están sentado en el banquillo
de los acusados. La mayoría goza de una plácida jubilación, pero según
esbozo un reconocido funcionario judicial, es de esperar que de las
pruebas que van surgiendo en su contra, el tribunal que tiene a cargo el
caso debería ordenar una investigación penal preparatoria por tratarse
de delitos de acción pública.
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