En la lucha contra el lavado de
dinero, la UIF dispuso un “techo” en la compra de inmuebles: en aquellas
que superen los 600 mil pesos, habrá que justificar la procedencia de
los montos. Alfredo Migone del Cisfe, afirmó que la gente no tendrá
problemas para realizar inversiones.
Con la ley Nº 25.246 -y sus modificatorias- se crea la Unidad
de Información Financiera (UIF), órgano encargado de tomar las medidas
necesarias para prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de
financiación del terrorismo. La normativa establece sanciones
económicas y penales a las personas que cometan tales delitos, y a los
“sujetos obligados” que incumplan con sus deberes, en orden a los
compromisos internacionales asumidos por el país con el Grupo de Acción
Financiera Internacional (Gafi). Dentro de esos sujetos obligados están
los agentes inmobiliarios matriculados. La UIF emitió una resolución
hace unos días, estableciendo las medidas, procedimientos y obligaciones
para los corredores.
Esa resolución estableció un “techo” financiero: para operaciones de compra de inmuebles de más de 600 mil pesos, se deberán justificar ante la Afip la procedencia de esos fondos (por debajo de ese límite, bastará con una declaración jurada). Los alquileres también quedan comprendidos dentro de los mismos montos -por encima de una locación de 50 mil pesos mensuales, habrá que dar justificación-. También la resolución de la UIF dispone nuevas obligaciones respecto de la estructura y funcionamiento interno para los corredores inmobiliarios, como la presencia de un oficial de cumplimiento y la emisión de reportes de emisiones sospechosas (ver Dato).
La nueva situación despertó inquietud en el sector. “Estamos preocupados sobre cómo la gente va a reaccionar. Pero hay que dejar algo en claro: si los fondos para operaciones inmobiliarias no provienen del narcotráfico ni del terrorismo, la gente se tiene que quedar tranquila y hacer sus inversiones, porque no va a encontrar mayores dificultades”, refirió a El Litoral el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Santa Fe (Cisfe), Alfredo Migone
Esa resolución estableció un “techo” financiero: para operaciones de compra de inmuebles de más de 600 mil pesos, se deberán justificar ante la Afip la procedencia de esos fondos (por debajo de ese límite, bastará con una declaración jurada). Los alquileres también quedan comprendidos dentro de los mismos montos -por encima de una locación de 50 mil pesos mensuales, habrá que dar justificación-. También la resolución de la UIF dispone nuevas obligaciones respecto de la estructura y funcionamiento interno para los corredores inmobiliarios, como la presencia de un oficial de cumplimiento y la emisión de reportes de emisiones sospechosas (ver Dato).
La nueva situación despertó inquietud en el sector. “Estamos preocupados sobre cómo la gente va a reaccionar. Pero hay que dejar algo en claro: si los fondos para operaciones inmobiliarias no provienen del narcotráfico ni del terrorismo, la gente se tiene que quedar tranquila y hacer sus inversiones, porque no va a encontrar mayores dificultades”, refirió a El Litoral el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Santa Fe (Cisfe), Alfredo Migone
No hay comentarios:
Publicar un comentario