Mientras esperan la autorización legislativa para la creación de cargos, parte del tribunal concurrirá a tratar el tema en la Cámara Alta. El mismo día se expedirá sobre los planteos de inconstitucionalidad de Agustín Bassó referidos a las atribuciones de la Acusación y la Defensa.
La postergada sanción legislativa para la creación de los 820 cargos requeridos por el Poder Ejecutivo para nutrir los planteles del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Provincial de Defensa, tendrá una nueva y significativa instancia este jueves, cuando parte de los ministros de la Corte -en aceptación de la invitación girada por el cuerpo, y si bien la cuestión está trabada en Diputados- concurran a dialogar al respecto con senadores provinciales. Los miembros del tribunal dejarán para ese mismo día el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad contra las leyes en que se apoya la estructura del nuevo sistema procesal penal, formulado por el procurador general Agustín Bassó en el entendimiento de que violan las atribuciones conferidas a la Corte en lo que hace al nombramiento y manejo del personal que revista en el Poder Judicial. A contrapelo del unánime respaldo político e institucional que recibió la transformación del sistema inquisitivo escrito al acusatorio oral, con la consecuente creación de los órganos de acusación y defensa diferenciados del encargado de juzgar, la instrumentación respectiva resultó tan trabajosa como controvertida. Así, los cargos requeridos ya cuentan con partida presupuestaria, pero la Legislatura requirió al Ejecutivo que su creación sea tratada por cuerda separada, a través de leyes específicas. El gobierno envió los mensajes solicitados y esos son los que -por razones no solamente atinentes a la reforma judicial- todavía no han logrado llegar al recinto de la Cámara baja. Las razones esgrimidas por diputados de la oposición atendieron a la cantidad -habría acuerdo para reducirlos en unos 200- y la imputación presupuestaria, ya que si bien quedó claro que pertenecen al Poder Judicial, figuran como partida del Ministerio de Justicia, a los efectos de luego derivarlos a los órganos autónomos de la Acusación y la Defensa. Atribuciones En este punto surge la otra controversia, que atañe a quién tendrá la facultad para designar al personal, establecer su destino y tareas, y ejercer sobre él la superintendencia y el poder disciplinario. El procurador Bassó, apoyado en la normativa constitucional, entiende que esto debe estar en cabeza de la Corte, y en ello funda -entre otros puntos- la impugnación presentada ante el propio Tribunal, que también sería resuelta este jueves. El criterio de Bassó ya fue avalado en un pronunciamiento previo por el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, y el ministro Eduardo Spuler. Por el contrario, Daniel Erbetta y María Angélica Gastaldi, con apoyo en los tratados internacionales que obligaron a la transformación penal, sostuvieron que el manejo del personal debe estar en manos de los nuevos órganos penales, como supuesto inescindible de la autonomía y autarquía que deben ostentar. Roberto Falistocco y Mario Netri rechazaron en primera instancia el tratamiento de la presentación de Bassó por cuestiones formales, aunque en el tenor de sus votos -sobre todo el del primero- parece advertirse la voluntad de respaldar la constitucionalidad de las leyes impugnadas, con algunas limitaciones o condicionamientos. Esta misma discusión mereció categóricos pronunciamientos del fiscal Julio de Olazábal y el defensor Gabriel Ganón, coincidentes en el fondo y disonantes en la forma. De Olazábal explicó que la letra de la Constitución Provincial todavía está atada a un sistema penal en que están mezcladas la función de acusar, defender y condenar. Pero que ahora, para poder cumplir con la autonomía otorgada a la Fiscalía y la Defensa, éstos órganos deben poder manejar sus presupuesto y su personal, y no que estén sujetos a las decisiones de otro. Ganón, por su parte, aludió a la supuesta pretensión de “un sector de la Corte” de seguir haciendo designaciones en ejercicio de un “poder autocrático” y en base a criterios de favoritismo.
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