Finalmente, esta semana, Thomas Griesa terminará su período de vacaciones en su rancho de Montana y retomará su trabajo. Y, obviamente, el caso más importante que debe resolver es el del "juicio del siglo" entre la Argentina y los fondos buitre. El próximo paso que debe dar, una vez ya en actividad, es tomar contacto con el negociador que él mismo designó, Daniel Pollack, que le transmitirá el reclamo que insistentemente le hacen la Argentina y sus abogados cada vez que se encuentran con él: que le pida a Griesa que reponga al "stay". Sólo así, dicen desde el lado argentino, se podrá encarar una negociación seria, sin presiones ni "extorsiones" como le transmitió la delegación nacional a Pollack el viernes pasado.
La posición se la volvieron a transmitir el viernes pasado a Pollack los secretarios de Finanzas, Pablo López, y de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, Federico Thea; además de los abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H), Carmine Bocuzzi y Jonathan Blackman. Todos estos insistieron en que únicamente con el restablecimiento del "stay", con lo que el país podría pagar los vencimientos del 30 de junio pasado sin temor a embargos, y así sentarse a discutir el fondo del eventual acuerdo con los fondos buitre.
Pollack pareció entender (al menos ésta es la sensación que quedó en los concurrentes del lado argentino), y ahora debe comunicarle la situación a Griesa que debería resolver. El tiempo para esto corre, ya que la fecha tope es el 30 de julio, cuando terminan los 30 días de gracia para que el país cumpla con el pago de los u$s 538 millones que debe liquidar por el vencimiento del bono Discount antes de caer en default técnico. Una posibilidad, adelantada por este diario, es que sean los propios abogados de los fondos buitre (Ted Olson, Robert Cohen y Robert Carroll) los que le pidan a Griesa por el "stay"; para que continúen las negociaciones. Esta alternativa sólo sería posible si un acuerdo fuera inminente. Al país le quedan 17 días corridos antes del segundo vencimiento.
La segunda cuestión que debe analizar Griesa son las posibles salidas a la aplicación de la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO), por la cual la Argentina debe pagarles a los acreedores que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 el mismo dinero que se les reconozca eventualmente a los fondos Buitre. Al menos si el acuerdo con los holdouts se cierra este año, ya que la RUFO ya no rige desde enero de 2015.
Según los abogados de CSG&H, la opción más sólida para evitar una catarata de juicios posteriores a la firma de un acuerdo con los acreedores es que sea Griesa el que firme explícitamente que la Argentina paga porque está obligada por su fallo de octubre de 2012, y que lo hace de una manera "involuntaria". Suponen Bocuzzi y Blackman que así se evitaría que progresen (nunca que no se presenten) reclamos judiciales de otros acreedores que aceptaron los canjes de deuda al observar los futuros jueces que reciban los casos que hay un escrito de un colega que aclara que el país no paga porque quiso, sino porque lo obligaron. Otra opción con una fuerza legal menor es que Griesa acepte que la Argentina paga "in protestum" o "bajo protesta", opción que no incluye un escrito personal de Griesa, pero sí su aval. Las dos posibilidades dependen de la buena voluntad del juez que esta semana vuelve de sus vacaciones, magistrado que hasta ahora no le dio muy buenas señales de amistad al país, al menos en esta etapa.
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