SANTA FE: Bolsafé: piden la indagatoria de 49 operadores financieros

El fiscal Walter Rodríguez,con la colaboración de la Procelac, presentó ayer el requerimiento ante el juez Francisco Miño. Hay 480 víctimas individualizadas.

Diario UNO | 

La megaestafa bursátil que estalló en diciembre del 2012 con la detención del contador santafesino Mario Rossini, titular de la emblemática firma Bolsafé Valores, tiene ahora un total de 49 imputados. Se trata de operadores financieros que –para el fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez; el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, y el coordinador del Área de Fraudes Económicos y Bancarios de ese organismo, Pedro Biscay– captaban ahorristas y luego se quedaban con sus títulos y valores. Ayer al mediodía, los fiscales presentaron un requerimiento para que el juez federal Nº 2, Francisco Miño, cite a indagatoria a los sospechosos y, horas después, en conferencia de prensa y ante casi un centenar de damnificados, hicieron público el listado de las personas investigadas (ver “Los imputados”).

La nómina sobre quienes se reclama la indagatoria está compuesto, además de Rossini, por otros 25 empleados, productores y directivos de Bolsafé y BV Emprendimientos; 13 directivos del Mercado de Valores del Litoral y 11 del Banco de Galicia e individualiza los casos de 408 víctimas. Sin embargo, remarcaron que Bolsafé llegó a contar con 13 mil comitentes en cartera, lo que revela la envergadura del daño producido, el fuerte impacto económico y la pérdida de confianza generalizada sobre el mercado de capitales local.

Los delitos por los cuales se requirieron las indagatorias son: asociación ilícita (para la concreción de una “indeterminada cantidad de delitos financieros y patrimoniales”, entre ellas la intermediación bursátil no autorizada y administración fraudulenta); y el lavado de los fondos, que eran fruto de aquellas maniobras ilícitas.

El escrito de los fiscales detalla que Rossini comenzó a actuar con este tipo de operaciones en 2003 y que la modalidad delictiva de funcionamiento consistió en captar a los clientes quienes entregaron sus valores a Bolsafé. Independientemente de la existencia de un contrato de “alquiler”, esta sociedad luego los transfería sin consentimiento de sus titulares a BV Emprendimientos, también manejada por Rossini, y luego los liquidaba a través del Banco de Galicia.

“Rossini mentía a sus clientes generando desconocimiento en las víctimas que ignoraban que las operaciones de alquiler de títulos ofrecidas por Bolsafé Valores SA estaban prohibidas por el mercado, y que BV Emprendimientos (antiguamente Bolsafé Valores Emprendimientos SA) no era una sociedad de bolsa autorizada y tampoco conocían que a partir de la transferencia de sus valores a BV Emprendimientos perdían la titularidad de las especies que eran liquidadas en el mercado mediante la intermediación de Banco Galicia, Galicia Valores y Valfinsa Bursátil”, explicaron los fiscales en el extenso requerimiento de casi 60 carillas.

En la conferencia de prensa, los fiscales explicaron que las estafas fueron posibles gracias a la cobertura del Mercado de Valores de Santa Fe y del Banco de Galicia: “El Mercado debió supervisar que Bolsafé y BV Emprendimientos no realizaran la actividad de intermediación financiera para la que no estaban autorizadas” . En ese sentido, los fiscales señalaron que en las auditorías que el Mercado de Valores estaba obligado a realizar “debía surgir que había un significativo flujo de valores negociables hacía la cuenta de BV Emprendimientos. La falta de acción del Mercado de Valores implicó su complicidad con la maniobra”.

Respecto del rol del Banco de Galicia, los fiscales explicaron que debió reportar ante la Unidad de Información Financiera (UIF), tal como lo estipula la ley antilavado, que las empresas de Rossini estaban realizando operaciones sospechosas de blanqueo de activos obtenidos -en este caso- mediante una defraudación.

En este sentido, remarcaron que la entidad bancaria nunca cuestionó las operaciones de más de 80 millones de pesos que realizó la empresa en un plazo de ocho meses, cuando había declarado ante la entidad crediticia que su actividad principal era el desarrollo y la comercialización de software. “La estructura montada por Mario Rossini pudo mantenerse en el tiempo durante años porque el gran caudal de clientes, nuevos y de antigua data, le permitía ir cumpliendo con los requerimientos que le hacían quienes querían retirar sus acreencias”, indicaron los fiscales.

La propia dinámica de las operaciones fraudulentas le permitieron tener liquidez para ir pagando los compromisos devengados en los falsos contratos de alquiler, mientras lograba que los clientes no le reclamaran los títulos y siguieran confiando en él. Pero Rossini enfermó, no pudo mantenerse al frente de la empresa y finalmente las maniobras y la insolvencia fueron saliendo a la luz.