El ajuste en las boletas que anunció la provincia debía comenzar en el mes de julio. Pero el ente regulador aún no se pronunció por una fuerte interna.
La Capital |
Aguas Santafesinas (Assa) no podrá cobrar en julio el anunciado aumento del 15 por ciento en la tarifa. El Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) aún no emitió su dictamen, no vinculante, pero imprescindible para que el gobierno aplique la suba. Hoy, el directorio del ente analizará el expediente, pero entre sus cinco integrantes existe una fuerte división respecto al incremento propuesto por la Gobernación que para todo el año asciende al 26,5 por ciento. Parte del organismo cuestiona a la provincia por incumplir las obras anunciadas en el último ajuste.
El 5 de abril pasado el entonces presidente de Aguas, Alberto Daniele, anunció junto al titular de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Daniel Cantalejo los aumentos tarifarios en los servicios públicos santafesinos.
En el caso de Assa, el primer aumento entraba en vigencia el 15 en junio y se informó que los clientes iban a pagarlo con la factura que vence la primera quincena de julio. Luego en octubre habrá un nuevo ajuste, del 10 por ciento, que vencerá en noviembre. De esta forma, el total consolidado será del 26,5 por ciento.
En aquella oportunidad, Daniele justificó la suba propuesta por la evolución de los gastos operativos de la empresa. "En las contrataciones de servicios e insumos esenciales para 2013 se registra un incremento del 30 por ciento promedio respecto de 2012", dijo tras lo cual puso como ejemplos el cloro (95 por ciento); cal (30); sulfato, (40); insumos de laboratorio, (35) y cañerías y accesorios (30).
Entre el 28 y el 29 de mayo se realizaron en Rosario y la ciudad de Santa Fe audiencias públicas para debatir la propuesta oficial. Allí se escucharon fuertes críticas de los organismos defensores de los derechos de los consumidores por la magnitud de los aumentos acumulados en los últimos años y las obras anunciadas y demoradas en su ejecución.
De acuerdo a la regulación vigente, para que el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente autorice a Assa a incrementar la tarifa, debe mediar antes un dictamen del Enress. Pero el organismo de contralor aún no se pronunció y dejó en suspenso el ajuste en los montos que deben pagar los usuarios.
Sucede que las facturas que llegarán en los próximos días a los hogares rosarinos y vencen la primera quincena de julio son emitidas por Assa como fecha máxima el día 20 del mes anterior (en este caso junio).
El directorio del Ente regulador tiene previsto reunirse hoy. En ese marco, "es probable que se precisen plazos y tal vez se decida cuándo se oficializará el dictamen", confió una fuente del órgano de contralor.
La demora en la definición del Ente está vinculada a la fuerte interna que atraviesa su composición, que dificulta arribar a un dictamen de consenso.
En ese sentido, dos de los cinco integrantes, Juan Giani y Alberto Muñoz, han sido muy críticos de la política sanitaria del gobierno socialista y han cuestionado los aumentos acumulados en dos años (150 por ciento, según sus cálculos), la disminución de los presupuestos oficiales para obras y las demoras en la colocación de medidores.
Pese a que el dictamen del Enress no es vinculante para la Casa Gris, por lo bajo los consultados admiten que ignorarlo íntegramente tendrá un impacto político significativo para la gobernación.
Por esa razón, en el Ministerio de Aguas están a la espera de la definición del Ente para actuar después. Incluso, la cartera que dirige el ministro Antonio Ciancio deberá definir si aplica alguna carga retroactiva por las demoras en la formalización del ajuste.
Desde la provincia advirtieron que las "dilaciones" administrativas afectan la estructura de costos de la compañía sanitaria ya que los compromisos deben pagarse.
Un voto clave
En el directorio del Ente Regulador de Servicios sanitarios (Enress) todas las miradas parecen conducir al voto de Julio Blas. Este ingeniero en construcciones representa al sindicato de Obras Sanitarias y su posición será clave para inclinar la balanza para un lado u otro del dictamen final. Juan Giani y Alberto Muñoz son críticos del pedido del Ejecutivo, mientras que los otros dos directores (a la sazón el presidente y vice del organismo, Oscar Pintos y Omar Brachetta) son más conciliadores.
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