Son tres los proyectos con estado parlamentario. Posiciones encontradas sobre la viabilidad constitucional del instituto.
Con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Treharne Lewis, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados iniciará el debate sobre si la provincia debe tener un Consejo de la Magistratura por ley o bien seguirá siendo una facultad autolimitativa dictada por el propio titular del Poder Ejecutivo. El funcionario fue invitado a exponer mañana desde las 10 y en sucesivas semanas serán invitados los colegios de abogados, de magistrados, las facultades de Derecho con sede en la provincia e incluso no se descarta solicitar la opinión de la Corte Suprema de Justicia.
En Diputados tienen estado parlamentario tres proyectos, uno de los cuales lleva la firma del presidente del cuerpo, Luis Rubeo; otro de Eduardo Toniolli (Movimiento Evita) y el restante es del bloque 100% Santafesino que integran Marcela Aeberhard, Germán Khalow y Darío Vega.
En la provincia, desde la segunda etapa de la gestión de Víctor Reviglio (1987-1991) se fue formando -vía decretos- un Consejo de la Magistratura para pre seleccionar los postulantes a jueces y camaristas que luego debían ser enviados por el gobernador a la Legislatura para lograr su aprobación. Cada mandatario impuso un sello diferente al órgano asesor. El actual esquema del Consejo fue creado por un decreto de diciembre de 2007 y funciona en el ámbito de la Dirección Provincial del Consejo de la Magistratura y jueces comunales. La gestión del Frente Progresista ideó un sistema que se caracteriza por no tener miembros permanentes sino que la integración es dinámica: salvo la Presidencia del Consejo, que permanece, los demás jurados se renuevan para cada concurso. El argumento esgrimido es que el Poder Ejecutivo, sin renunciar a su facultad y deber constitucional, tiene la menor injerencia posible en la evaluación de los aspirantes.
Ideas en danza
Desde la oposición se formularon observaciones al funcionamiento del organismo y si bien el Consejo no está previsto en la Constitución de Santa Fe, como sí en la Nacional, intentan evitar la discrecionalidad a la hora de la conformación del sistema y dejarlo definido por ley.
Rubeo señaló que el proceso actual “es lento y engorroso; además de limitar el acceso de muchos profesionales”. Su iniciativa propone que el Consejo sea presidido por el secretario de Justicia y esté integrado por los Colegios de Abogados, Magistrados, empleados del Poder Judicial, Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales con asiento en la provincia y legisladores, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores, los que formarán parte del cuerpo colegiado entrevistador.
Prevé que los representantes de cada una de las corporaciones e instituciones durarán dos años
en sus funciones y serán elegidos mediante el voto directo de sus pares y propone que uno de cada tres concursos deberá ser convocado exclusivamente para abogados de la matrícula provincial que nunca se hayan desempeñado en cargos remunerados por el Poder Judicial Nacional o Provincial.
En el caso de 100% Santafesino sostienen que una ley “brindará un plus de institucionalidad” a la
hora de designar jueces. El proyecto consiste en la creación por ley de un consejo integrado por 19 miembros, tres de ellos elegidos mediante el voto popular como órgano permanente del Ejecutivo. La integración prevista pone a la cabeza al secretario de Justicia y los restantes serían tres jueces, cuatro legisladores provinciales, cuatro representantes del Colegio de Abogados, dos docentes titulares de las facultades de derecho, tres representantes directamente elegidos por el pueblo en las mismas elecciones convocadas para elegir gobernador dos por la mayoría y uno por la minoría, dos representantes de los empleados del Poder Judicial y un representante de la Corte Suprema de la provincia.
Toniolli también sumó a comienzos de abril un proyecto con su firma y solicitó un tratamiento conjunto con el de sus pares que es la tarea que se dará desde mañana la Comisión de Asuntos Constitucionales.
En Diputados tienen estado parlamentario tres proyectos, uno de los cuales lleva la firma del presidente del cuerpo, Luis Rubeo; otro de Eduardo Toniolli (Movimiento Evita) y el restante es del bloque 100% Santafesino que integran Marcela Aeberhard, Germán Khalow y Darío Vega.
En la provincia, desde la segunda etapa de la gestión de Víctor Reviglio (1987-1991) se fue formando -vía decretos- un Consejo de la Magistratura para pre seleccionar los postulantes a jueces y camaristas que luego debían ser enviados por el gobernador a la Legislatura para lograr su aprobación. Cada mandatario impuso un sello diferente al órgano asesor. El actual esquema del Consejo fue creado por un decreto de diciembre de 2007 y funciona en el ámbito de la Dirección Provincial del Consejo de la Magistratura y jueces comunales. La gestión del Frente Progresista ideó un sistema que se caracteriza por no tener miembros permanentes sino que la integración es dinámica: salvo la Presidencia del Consejo, que permanece, los demás jurados se renuevan para cada concurso. El argumento esgrimido es que el Poder Ejecutivo, sin renunciar a su facultad y deber constitucional, tiene la menor injerencia posible en la evaluación de los aspirantes.
Ideas en danza
Desde la oposición se formularon observaciones al funcionamiento del organismo y si bien el Consejo no está previsto en la Constitución de Santa Fe, como sí en la Nacional, intentan evitar la discrecionalidad a la hora de la conformación del sistema y dejarlo definido por ley.
Rubeo señaló que el proceso actual “es lento y engorroso; además de limitar el acceso de muchos profesionales”. Su iniciativa propone que el Consejo sea presidido por el secretario de Justicia y esté integrado por los Colegios de Abogados, Magistrados, empleados del Poder Judicial, Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales con asiento en la provincia y legisladores, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores, los que formarán parte del cuerpo colegiado entrevistador.
Prevé que los representantes de cada una de las corporaciones e instituciones durarán dos años
en sus funciones y serán elegidos mediante el voto directo de sus pares y propone que uno de cada tres concursos deberá ser convocado exclusivamente para abogados de la matrícula provincial que nunca se hayan desempeñado en cargos remunerados por el Poder Judicial Nacional o Provincial.
En el caso de 100% Santafesino sostienen que una ley “brindará un plus de institucionalidad” a la
hora de designar jueces. El proyecto consiste en la creación por ley de un consejo integrado por 19 miembros, tres de ellos elegidos mediante el voto popular como órgano permanente del Ejecutivo. La integración prevista pone a la cabeza al secretario de Justicia y los restantes serían tres jueces, cuatro legisladores provinciales, cuatro representantes del Colegio de Abogados, dos docentes titulares de las facultades de derecho, tres representantes directamente elegidos por el pueblo en las mismas elecciones convocadas para elegir gobernador dos por la mayoría y uno por la minoría, dos representantes de los empleados del Poder Judicial y un representante de la Corte Suprema de la provincia.
Toniolli también sumó a comienzos de abril un proyecto con su firma y solicitó un tratamiento conjunto con el de sus pares que es la tarea que se dará desde mañana la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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