El gobierno santafesino firmó un convenio con el Inecip (Instituto de Estudios Comparados y Ciencias Penales y Sociales) con el objetivo de recibir colaboración en lo que respecta a la construcción de una política de seguridad democrática. De esa manera, la ONG ayudará a la provincia al proceso de descentralización de la policía y a organizar a la nueva Policía de Investigaciones.
En la ocasión, Alberto Binder dijo: “Hoy los sistemas de seguridad y de justicia hay que adaptarlos a las nuevas exigencias de una democracia moderna, más plural, tolerante e inclusiva”. Al respecto, consideró que “Santa Fe tiene para la provincia y para el país la posibilidad de ser un ejemplo importante” en lo relativo a implementar un modelo de seguridad democrático y que dé respuestas a la ciudadanía.
“Esto es un desafío técnico –continuó– que esperamos poder seguir contribuyendo. Necesitamos extremar nuestra preocupación técnica porque estamos en la frontera de lo que se viene construyendo en nuestro país y es un desafío político que me consta queel gobierno de Santa Fe lleva adelante. También, es un desafío social, porque esto reclama paciencia, comprensión y un nuevo diálogo con la sociedad en estos temas”.
“Nosotros tenemos una larga experiencia no sólo en este país sino también en muchos países de acompañar los procesos de puesta en marcha de una nueva Justicia Penal y de reorganización del sistema. Esto implica el diseño de algunos instrumentos técnicos, mucha actividad de capacitación, de reorganización de algunas instituciones, de métodos de coordinación, de transferencia de experiencias. Es un proceso inteligente tratar de no repetir los errores que se cometieron en los últimos años”, agregó el especialista en derecho penal.
—¿Qué significa democratizar a la seguridad pública?
—Finalmente, todo tiene que reducirse para que sean cosas concretas en un mejor servicio cotidiano al ciudadano. Para llegar a que esto sea una realidad, hay que dar pasos muy grandes. Santa Fe está entrando en una política de descentralización del servicio policial, que es romper y dar vuelta toda la tradición centralizada que hemos tenido en este campo.
“Irse hacia un modelo policía cercana a la comunidad, vinculada a la comunidad, transparente a la comunidad y que entienda los intereses de la comunidad, es un proceso que va a llevar un tiempo pero es la dirección necesaria y más adecuada a la estructura federalista y municipalista de este país y de esta provincia”, finalizó Alberto Binder.
De la teoría a la práctica
El Inecip colaborará con el armado de “herramientas para la gestión local de la seguridad, dirigida a funcionarios municipales y comunales”. El Ministerio de Seguridad aseguró que cuanto más involucramiento haya de los gobiernos comunales, más fácil es el diagnóstico que se puede tener con los problemas que acarrea el delito y la violencia en toda la provincia. A su vez, hay mayor claridad de cuáles podrían ser las soluciones que cada caso necesita.
El Inecip colaborará con el armado de “herramientas para la gestión local de la seguridad, dirigida a funcionarios municipales y comunales”. El Ministerio de Seguridad aseguró que cuanto más involucramiento haya de los gobiernos comunales, más fácil es el diagnóstico que se puede tener con los problemas que acarrea el delito y la violencia en toda la provincia. A su vez, hay mayor claridad de cuáles podrían ser las soluciones que cada caso necesita.
La ONG también ayudará a capacitar a funcionarios y cuadros intermedios del Estado en modelos de seguridad y asesorará “en procesos permanente de descentralización policial”. En ese plano se inscribe la idea de salir del actual modelo de un jefe y un subjefe policial a nivel provincial para ir a otro en el que el territorio se divida en cinco unidades regionales con cabeceras en los nodos Reconquista, Venado Tuerto, Santa Fe, Rosario y Rafaela.
Además, se asesorará a la provincia en el diseño y la implementación de un organismo de control civil de las fuerzas de seguridad; en la redefinición de la participación comunitaria; en el desarrollo de indicadores para evaluación y reconocimiento de las dependencias policiales de acuerdo a criterios de personal, edificios, satisfacción ciudadana, articulación con el gobierno local; en la planificación estratégica de los programas de seguridad comunitaria; en la estrategia de comunicación; y en un plan de formación para la policía a partir del diseño del perfil profesional de cada agente.
También, el Instituto de Estudios Comparados y Ciencias Penales y Sociales brindará su experiencia para la optimización de sistemas estadísticos e información para el análisis político y criminal. A ello se sumará el asesoramiento y capacitación en materia de criminalidad económica, y en el proceso de creación y organización de la Policía de Investigaciones.
Mediante el acuerdo, la provincia y el instituto además se comprometen a realizar “trabajos de investigación en políticas públicas para una Seguridad Democrática; consultas técnicas sobre leyes, proyectos legislativos, estrategias, planes de acción y sobre otros asuntos que puedan ser de mutuo interés con el propósito de coordinar actividades y lograr los objetivos institucionales”. Y se establece “el patrocinio conjunto de conferencias, seminarios, talleres y otros encuentros académicos o eventos, sobre políticas públicas para una seguridad democrática y procesos de reformas institucionales, que abran espacios para la discusión y el intercambio de experiencias”.
“Estos temas no son casuales, están enmarcados en una definición del programa de seguridad democrática. Necesitamos pasar de la planificación de un plan a su ejecución a través de las distintas acciones que llevemos adelante. Sin dudas, para esta tarea que es difícil y compleja, contar con la experiencia, el reconocimiento y el prestigio del Inecip, para nosotros es fundamental”, dijo el ministro Raúl Lamberto.
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