Desde la organización Igualdad Argentina advierten que existen 4 millones de metros cuadrados construidos pero sólo un bajo porcentaje se ofrece en alquiler. Hoy, conferencia sobre la problemática.
Alquilar en Rosario sigue siendo un problema. No sólo el costo es elevado y se hace cuesta arriba pagarlo cada mes, sino que es complicado conseguir viviendas disponibles. El Centro de Estudios Universitarios, Políticos y Sociales, denominado Igualdad.Argentina, le puso un rótulo a la situación: “Vivienda ociosa”. Para este grupo de profesionales y estudiosos de la ciudad, en Rosario es difícil alquilar porque existe un alto porcentaje de inmuebles que no se ocupa ni se ofrece para tal fin.
Este jueves, a las 18.30, plantean el debate en la sede de Igualdad.Argentina, Santiago 1550, a través del panel “Alquileres: Intervención del Estado para garantizar el derecho a la vivienda”. La iniciativa cuenta como disertantes con el arquitecto Eduardo Reese, docente del Programa de Licenciatura del Instituto del Conurbano (Universidad Nacional General Sarmiento) y la arquitecta Florencia Almansi (integrante del Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo - América Latina IIED-AL) quienes expondrán sobre el mercado de alquileres en Argentina y Rosario.
También presentarán propuestas para trabajar en los tres niveles del Estado, la doctora Patricia Lagarrigue y el arquitecto Daniel Morlas, ambos integrantes de la Comisión de Acceso al Suelo, Vivienda y Desarrollo Urbano de Igualdad.Argentina. Lagarrigue adelantó algunos de los conceptos con los que analizan la problemática.
“Cerca de 70.000 viviendas ó sea el 17 % del parque habitacional del área metropolitana de Rosario se encuentra deshabitada”, sostuvo. “Si tenemos en cuenta que los inquilinos, según los datos citados de fines de 2011, tenían un nivel de ingreso 15% superior a aquellos que eran propietarios de vivienda y del terreno, desde el punto de vista de la accesibilidad social, podemos concluir que la gente tiene los ingresos suficientes para alquilar viviendas pero ellas no se encuentran disponibles en el mercado”, sorprendió.
A continuación, recordó que la actual ley de locaciones urbanas Nº 23.091 contempla la aprobación de normas en el orden provincial para establecer gravámenes diferenciales sobre las viviendas deshabitadas y promover beneficios impositivos para locaciones destinadas a vivienda, “lo que promovería la incorporación de más unidades de vivienda al mercado de alquileres”, observó.
Consultada acerca de la relación entre el denominado “boom de la construcción” y el mercado actual de alquileres, indicó: “En Rosario se estima que existen 4 millones de metros cuadrados construidos en los últimos años, producto de la inversión volcada en ladrillos y como consecuencia de la desconfianza de la población en el sistema bancario, pero sólo un bajo porcentaje de esas viviendas se ofrecen para alquiler”.
Según explicó “esa vivienda se llama ociosa y entendemos que el grave déficit habitacional exige una pronta intervención del Estado impulsando medidas que pongan en el mercado esas unidades de vivienda”.
En cuanto a su visión sobre los créditos bancarios y el rol del Estado, respondió: “Se estima que cerca del 30% de los habitantes no tiene resuelto su problema de vivienda. Este grave problema exige una mayor intervención del Estado, no sólo con otorgamiento de créditos, sino generando otras alternativas como la creación de un fondo de garantías que faciliten el acceso al alquiler, regulando la actividad inmobiliaria para proteger a la parte más débil que es el inquilino cautivo del mercado, quien debe someterse a las condiciones que se le imponen respecto de ajuste del precio, depósito, mejoras, pagos de impuestos, inspeccionando el estado de los inmuebles y haciendo cumplir el Reglamento de edificación en cuestiones de salubridad, seguridad, saneamiento, etc”.
Una foto del mercado inmobiliario
Lagarrigue sostuvo que, según datos basados en la Encuesta Permanente de Hogares a fines del año 2011, existían en Rosario 91.762 inquilinos, representado ello el 21,4 % del total de hogares con viviendas con tenencia regular, de los que el 65,9% eran propietarios. En esa misma época, según estimaciones de la Cámara inmobiliaria, entraban al mercado 6 mil unidades de viviendas nuevas, el 70 % de las mismas construidas con la finalidad de inversión y no de habitat propio, la mayoría departamentos de 1 o 2 dormitorios o monoambientes.
“Para los propietarios y las inmobiliarias que alquilan, una vivienda es considerada como un negocio. En general las familias se encuentran en una situación de desprotección y no sólo en la forma de contratación, precio del alquiler, garantías, sino también se verifica en el estado de las viviendas que se buscan y encuentran en el mercado”, remarcó.
En este sentido, enumeró el desgaste propio del inmueble y la inseguridad en la instalación de los servicios instalados: calefones dentro de los baños o falta de disyuntores o llaves términcas y tambi{en los llamados vicios ocultos (cañerìas de agua, filtraciones, etc.). “Las reparaciones son un punto de discusión de quien se hace cargo de los gastos y cómo se debe solucionar dichos problemas sin que quede claro o esté establecido en alguna normativa cómo se establece la responsabilidad del inquilino por el mal uso o si es un problema de la vivienda y corresponde al propietario”, puso como ejemplo.
Este jueves, a las 18.30, plantean el debate en la sede de Igualdad.Argentina, Santiago 1550, a través del panel “Alquileres: Intervención del Estado para garantizar el derecho a la vivienda”. La iniciativa cuenta como disertantes con el arquitecto Eduardo Reese, docente del Programa de Licenciatura del Instituto del Conurbano (Universidad Nacional General Sarmiento) y la arquitecta Florencia Almansi (integrante del Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo - América Latina IIED-AL) quienes expondrán sobre el mercado de alquileres en Argentina y Rosario.
También presentarán propuestas para trabajar en los tres niveles del Estado, la doctora Patricia Lagarrigue y el arquitecto Daniel Morlas, ambos integrantes de la Comisión de Acceso al Suelo, Vivienda y Desarrollo Urbano de Igualdad.Argentina. Lagarrigue adelantó algunos de los conceptos con los que analizan la problemática.
“Cerca de 70.000 viviendas ó sea el 17 % del parque habitacional del área metropolitana de Rosario se encuentra deshabitada”, sostuvo. “Si tenemos en cuenta que los inquilinos, según los datos citados de fines de 2011, tenían un nivel de ingreso 15% superior a aquellos que eran propietarios de vivienda y del terreno, desde el punto de vista de la accesibilidad social, podemos concluir que la gente tiene los ingresos suficientes para alquilar viviendas pero ellas no se encuentran disponibles en el mercado”, sorprendió.
A continuación, recordó que la actual ley de locaciones urbanas Nº 23.091 contempla la aprobación de normas en el orden provincial para establecer gravámenes diferenciales sobre las viviendas deshabitadas y promover beneficios impositivos para locaciones destinadas a vivienda, “lo que promovería la incorporación de más unidades de vivienda al mercado de alquileres”, observó.
Consultada acerca de la relación entre el denominado “boom de la construcción” y el mercado actual de alquileres, indicó: “En Rosario se estima que existen 4 millones de metros cuadrados construidos en los últimos años, producto de la inversión volcada en ladrillos y como consecuencia de la desconfianza de la población en el sistema bancario, pero sólo un bajo porcentaje de esas viviendas se ofrecen para alquiler”.
Según explicó “esa vivienda se llama ociosa y entendemos que el grave déficit habitacional exige una pronta intervención del Estado impulsando medidas que pongan en el mercado esas unidades de vivienda”.
En cuanto a su visión sobre los créditos bancarios y el rol del Estado, respondió: “Se estima que cerca del 30% de los habitantes no tiene resuelto su problema de vivienda. Este grave problema exige una mayor intervención del Estado, no sólo con otorgamiento de créditos, sino generando otras alternativas como la creación de un fondo de garantías que faciliten el acceso al alquiler, regulando la actividad inmobiliaria para proteger a la parte más débil que es el inquilino cautivo del mercado, quien debe someterse a las condiciones que se le imponen respecto de ajuste del precio, depósito, mejoras, pagos de impuestos, inspeccionando el estado de los inmuebles y haciendo cumplir el Reglamento de edificación en cuestiones de salubridad, seguridad, saneamiento, etc”.
Una foto del mercado inmobiliario
Lagarrigue sostuvo que, según datos basados en la Encuesta Permanente de Hogares a fines del año 2011, existían en Rosario 91.762 inquilinos, representado ello el 21,4 % del total de hogares con viviendas con tenencia regular, de los que el 65,9% eran propietarios. En esa misma época, según estimaciones de la Cámara inmobiliaria, entraban al mercado 6 mil unidades de viviendas nuevas, el 70 % de las mismas construidas con la finalidad de inversión y no de habitat propio, la mayoría departamentos de 1 o 2 dormitorios o monoambientes.
“Para los propietarios y las inmobiliarias que alquilan, una vivienda es considerada como un negocio. En general las familias se encuentran en una situación de desprotección y no sólo en la forma de contratación, precio del alquiler, garantías, sino también se verifica en el estado de las viviendas que se buscan y encuentran en el mercado”, remarcó.
En este sentido, enumeró el desgaste propio del inmueble y la inseguridad en la instalación de los servicios instalados: calefones dentro de los baños o falta de disyuntores o llaves términcas y tambi{en los llamados vicios ocultos (cañerìas de agua, filtraciones, etc.). “Las reparaciones son un punto de discusión de quien se hace cargo de los gastos y cómo se debe solucionar dichos problemas sin que quede claro o esté establecido en alguna normativa cómo se establece la responsabilidad del inquilino por el mal uso o si es un problema de la vivienda y corresponde al propietario”, puso como ejemplo.
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