miércoles, 10 de abril de 2013

La fiscalía pedirá suspender el juicio a los represores de cordón del Gran Rosario


La fiscal Mabel Colalongo reclama que se acumulen y unifiquen las causas que involucran a represores que actuaron contra estudiantes y trabajadores durante la dictadura.
La Capital | 

La fiscalía pedirá suspender el juicio a los represores de cordón del Gran Rosario
El pasado viernes 21 de marzo comenzó en el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) de Rosario el juicio a tres represores por crímenes de lesa humanidad cometidos en la zona de San Lorenzo. Mañana, cuando se reanude el juicio, la fiscal Mabel Colalongo pedirá que se suspenda este proceso hasta tanto se unifique con otras causas.
El juicio que se lleva adelante hoy en el TOF 1 se refiere al secuestro y tormentos sufridos por el dirigente gremial Manuel Casado, y que tiene como imputados a los ex militares Rubén Osvaldo Cervera (ex jefe del Batallón de Arsenales 121 de Fray Luis Beltrán ) y Horacio Hugo Maderna (ex oficial en esa unidad), y al civil Pedro Alberto “Pili” Rodríguez, ex director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San Lorenzo.
Sin embargo, el de Casado es el único caso elevado a juicio oral de una cantidad mucho mayor de víctimas en el cordón industrial, en su mayoría trabajadores, dirigentes gremiales, militantes sociales y estudiantes. Una zona a la que el ex dictador Alejandro Agustín Lanusse bautizara como “el cinturón rojo de la ribera del Paraná”.
Esto llevó oportunamente a la Fiscalía a solicitar la acumulación de todos los hechos. Ese pedido fue denegado, aunque ahora la fiscal Mabel Colalongo insistirá mañana con esa solicitud ante el TOF1, integrado por los jueces Omar Paulucci, José María Escobar Cello y María Ivón Vella.
El pedido de la fiscalía para la acumulación de la causa con el resto de las violaciones a los derechos humanos en el Cordón Industrial es acompañado por querellantes y organizaciones sociales.
Para la fiscal Mabel Colalongo, mantener la fragmentación de las causas “mantiene la impunidad”, ya que impide conocer la trama complicidades entre la dictadura y las empresas del cordón industrial, como Somisa, Acindar, Molinos Río de la Plata y Bunge y Born.
"Mi planteo es: estamos negando verdad. Qué verdad le ofrecemos a Casado, la víctima de este juicio. La misma verdad que le negamos a todos los restantes desaparecidos", se preguntó esta mañana la fiscal Colalongo.
En este marco, explicó que mañana la audiencia se va a iniciar con las medidas preliminares. Y que desde la fiscalía pedirá "la suspension hasta tanto se acumulen las restantes causas", porque "llevar este juicio adelante implica una violación a los pactos, convenios y a lo que se viene sosteniendo".
El caso. Según consta en el expediente, el gremialista Manual Casado volvía junto a sus hermanas del cementerio cuando, al descender del colectivo frente la Jefatura policial, fue interceptado por un grupo de militares, y subido a un vehículo militar. Fue trasladado a la Municipalidad de San Lorenzo, donde fue golpeado e interrogado por Maderna, Cervera y Rodríguez, quien, según la denuncia y varios testimonios, fue el que les señaló a Casado a los militares. “Esta es la última que hacés. No te salvás”, lo amenazaban en medio de la golpiza.
Luego, fue encapuchado y llevado al Batallón de Arsenales (entonces 121). Allí fue torturado con picana eléctrica, golpeado duramente en varias ocasiones y encerrado en una celda donde “apenas podía sentarme”, declaró Casado. Los tres imputados participaron del interrogatorio y mientras Casado era torturado le preguntaban sobre unas supuestas armas que habrían obrado en poder del gremio municipal.
Los imputados. Cervera, hoy de 82 años, vive actualmente en Buenos Aires. Maderna, de 62, es un vecino de San Lorenzo. Por su parte, Pili Rodríguez, fue asesor del Sindicato de Aceiteros, concejal en San Lorenzo y diputado provincial por el PJ. En 2004 fue destituido del Concejo al quedar procesado en esta causa, pero en 2009 volvió a ser electo concejal de San Lorenzo, esta vez por un partido vecinal, aunque el cuerpo le impidió asumir su banca por estar encartado en una causa por delitos de lesa humanidad, basado en los antecedentes de Antonio Domingo Bussi y Luis Abelardo Patti, a quienes el Congreso nacional les negó el ingreso.

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