martes, 2 de octubre de 2012

Paraná: avanza la causa contra el cura pedófilo


Comenzaron a testimoniar ayer sacerdotes y ex seminaristas que comprometieron a Justo Ilarraz, acusado de abusar a un grupo de menores en formación espiritual entre los años 1984 y 1991. La defensa embarra la cancha mientras prepara una estrategia basada en la prescripción.

El cura Justo Ilarraz está aun paso de la indagatoria. El juez de instrucción penal entrerriano que lleva adelante la causa por abusos cometidos por el prelado hace 20 años ha acumulado pruebas contundentes que complican más la situación de Ilarraz, que estaría esperando el momento de su declaración en Buenos Aires, lejos de Paraná y del pueblo de Monteros, en Tucumán, donde legó en 1994 luego de haber sido freezado por la propia Iglesia católica un año en el Vaticano.

Dos ex seminaristas dijeron conocer en detalles los abusos de Ilarraz a los menores que pasaron por el seminario, uno de ellos como víctima directa, otro, como testigo. El juez interviniente trabaja en sintonía con los fiscales que impulsan la acusación, luego que el propio Procurador de la Corte, Jorge García, ordenara una investigación tras la publicación de la Revista Análisis de Paraná en donde se relataban una serie de situaciones de abuso y corrupción de menores en perjuicio de, al menos, 50 chicos.

El semanario de actualidad que se edita en Paraná hace dos décadas señaló que podrían ser 50 los casos de adolescentes abusados, aunque  fuentes cercanas a la causa dijeron a Notife que “no creo que lleguemos a ese número, pero creo que serán más de una decena los que dejarán su testimonio en la justicia, muchos de ellos aún sienten vergüenza pero ven en otros denunciantes un impulso para lograr paz”.

La causa judicial conmueve a la sociedad paranaense y mucho más a la feligresía local puesto que en los años en que se abrió una investigación interna (también llamado juicio diocesano) quienes lo tramitaron fueron el entonces arzobispo Estanislao Karlic (hoy cardenal) y el entonces tutor del seminario Juan Alberto Puíggari, hoy obispo de Paraná. Ambos le tomaron declaración notarial a un grupo de seminaristas que hicieron llegar a los oídos de la cúpula de la Iglesia los abusos. “Puíggari tomaba la declaración pero cuando el relato hacía mención a los abusos Karlic les pedía a los chicos que escribiesen esas situaciones de puño y letra y lo pongan en un sobre dirigido a él. No sabemos si esa información estará incorporada en el juicio diocesano, pero no tendría relevancia si hoy todos los que sufrieron abusos lo declarasen en la Justicia”, dijo un funcionario judicial.

“A un grupo de muchachos los trasladaron a Mendoza apenas estalló el escándalo en 1992, no querían que estén al alcance de ninguna situación que los coloque en una postura solidaria con los chicos que decidieron denunciar los abusas de Ilarraz”, explica un familiar de un joven que pasó por el seminario en los años que se investigan las conductas delictivas. “Hay chicos que quieren denunciar otras hechos que tienen a otros abusadores como protagonistas, pero eso se tramitaría como un incidente de esta causa”, se entusiasma la fuente.

La defensa de Ilarraz presentó en los últimos días un pedido de prescripción del delito, pero el juez la rechazó de plano. Para el abogado de una de las víctimas, el planteo es absurdo, puesto que “se sabe más o menos cuñando comenzaron los abusos pero no cuándo cesaron, no sabemos si Ilarraz siguió con esa conducta hasta junio o agosto de este año”, señala Marcos Rodríguez Allende.

Los abogados que tienen de pupilo al cura acusado estudian pedir pericias sicológicas para los testigos de los abusos a los propios abusados para establecer si los relatos son ciertos o mentirosos. “Es lo mejor que podría pasar para poner blanco sobre negro todo los dichos, nosotros vamos a pedir que Ilarraz también se someta a la pericia, aunque él podría negarse como un acto de defensa”, comenta un futuro testigo.

Para la querella constituida en el expediente “es muy difícil que Ilarraz quede preso tras la indagatoria, porque en Entre Ríos un escaso porcentaje de imputados por delitos medianamente graves o graves tiene prisión preventiva. No es como en Santa Fe que los porcentajes son al revés, y es muy difícil tener éxito en una excarcelación”.

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