Así lo hicieron saber públicamente los dos máximos referentes, el fiscal general Julio de Olazábal y el defensor general Gabriel Ganón. Dijeron estar muy preocupados por la imposibilidad de poner en funcionamiento el nuevo sistema de justicia penal. Explicaron que la posibilidad de la renuncia a sus cargos fue evaluada. Bonfatti se comprometió a trabajar a destajo para arribar a una solución.
Antes de ingresar a la reunión con la mesa de diálogo, el fiscal general Julio de Olazábal y el defensor general Gabriel Ganón, expresaron su marcada preocupación por la situación imperante, y periodistas de todos los medios de comunicación local y regional, los consultaron sobre la posibilidad de renunciar al cargo, cuestión que admitieron tenerla planteada en forma personal.
La mesa de diálogo permanente es un espacio de debate interinstitucional de carácter público que fue creada a fines de 2011 y que se reune quincenalmente. Las reuniones se dan en el marco de de la reforma procesal penal que se lleva a cabo para la implementación definitiva del nuevo sistema de enjuiciamiento penal en la provincia de Santa Fe.
La reunión fue presidida por el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, quien dijo sobre la reunión de esta jornada: "veo que esta mesa avanza y da sus frutos, que hay un buen clima y predisposición de las partes para llevar adelante esta transformación tan importante para la provincia". "Expresó, una vez más, que personalmente tomaba el compromiso de involucrarse más con esta reforma".
Esta reunión que fue la octava desde su constitución estuvo avocada al tratamiento de la gestión de los tribunales penales y a la transición del viejo modelo inquisitivo al adversarial y acusatorio. Además fue tratada la cuestión relativa a la cantidad y calidad de las salas de audiencias orales y públicas, que son el eje del nuevo proceso, lo que permitirá mayor transparencia y publicidad.
Del encuentro participaron, además de Bonfatti, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, el anterior ministro del área, Héctor Superti, la secretaria de transformación de los sistemas judiciales, María Cecilia Vranicich, entre otros funcionarios de alto rango del poder ejecutivo, y por la corte suprema de justicia lo hicieron los miniistros Daniel Erbetta y Rafael Gutiérrez, y por los nuevos institutos del ministerio público de la acusación, el fiscal general Julio de Olazabal y el defensor general Gabriel Ganón.
El planteo del ministerio público de la acusación
En un documento que entregaron antes del inicio de la reunión de esta mañana, aa los periodistas de distintos medios de comunicación, expresaron:
Que los integrantes del ministerio público de la acusación reiteramos que es nuestra intención comenzar a ejercer cuanto antes las específicas funciones de persecución penal que por ley tenemos encomendadas. Para lograr eso, además de cumplir con nuestras propias tareas internas de diseñar y preparar la nueva institución, hemos colaborado en todo cuanto pudimos en la preparación de la implementación del nuevo código procesal, tareas que nos son ajenas en virtud de que no somos autoridad de implementación.
El MPA presentó conforme lo convenido en la última mesa de diálogo un cronograma que contenía las acciones imprescindibles para la puesta en marcha total del nuevo sistema de justicia penal, con indicación de los plazos que demandarían cada una de ellas. Pese al largo tiempo transcurrido, aunque se ha avanzado, no se ha llegado a resultado satisfactorio: para dar sólo un ejemplo de lo afirmado, nos consta que se han remitidio a la legislatura pliegos de algunos Fiscales, pero concretamente al día de hoy, no se ha designado ninguno. Lo mismo puede decirse de los empleados.
El futuro parece plantearse también complejo porque conforme a lo que surge del proyecto de presupuesto analítico para el año 2013 enviado recientemente a la legislatura, resulta que del total de lo solicitado por el MPA sólo se ha previsto un 23,46 por ciento de los recursos estimados como necesarios. La suma señalada resulta notoriamente insuficiente para poner en funcionamiento una nueva fiscalía en todo el territorio provincial, brindando un servicio de calidad acorde a las exigencias legales y sociales.
Como consecuencia del paso del tiempo y el estado de avance referido, se hace imprescindible definir estrategias de implementación progresiva del nuevo sistema de justicia penal. Hasta el presente, distintos actores han propuesto diversas alternativas: a) implementación parcial por materias; b) implementación parcial por territorio; c) implementación que conviene en parte las alternativas señaladas en los puntos anteriores; d) integración del viejo y nuevo sistema; etc.
Conforme la descripción realizada, este Ministerio Público de la Acusación propone definir urgentemente una estrategia de implementación progresiva, que posibilite la constitucionalización del proceso penal santafesino.
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