En 10 de cada 100 hogares de la
ciudad, los rosarinos debieron modificar su dieta e incluso reducirla.
Muchos pasaron hambre por sus problemas económicos, según los datos de
una investigación realizada por la Universidad Católica Argentina (UCA) y
publicada en el Barómetro de la Deuda Social, el estudio que
identifica, monitorea y evalúa la dinámica y los alcances del déficit en
las capacidades de desarrollo humano.
La Capital |
La investigación se realizó sobre los
datos del año pasado en una muestra de 5.712 hogares distribuidos en 952
puntos de los grandes centros urbanos del país, entre ellos Rosario.
Uno de los ítems analizados fue la inseguridad alimentaria, es decir la
reducción de la comida o la experiencia del hambre por problemas
económicos. "Este indicador colabora para evaluar en qué medida los
planes sociales llegan o no a toda la población y si realmente cubren
las necesidades. Los números demuestran que no", manifestó uno de los
autores del trabajo, Dan Adaszko.
La información constituye un indicador
directo del nivel de vida y de la satisfacción de las necesidades.
"Aquellos hogares que experimentan alguna de estas dos privaciones
básicas (como el recorte en alimentos y salud) están sufriendo un serio
riesgo en sus condiciones de subsistencia y además dejan en claro que el
Estado no estaría cumpliendo eficientemente su función social", explicó
Adaszko.
La pregunta central que se hacen los
investigadores, al medir este indicador, es en qué medida las mejoras
laborales y de ingresos generados por el régimen macroeconómico y las
transferencias de fondos de las políticas sociales lograron o no
garantizar el derecho a la seguridad económica de los hogares.
Gastos del hogar. Los
hogares jerarquizan dentro de sus gastos la adquisición de bienes y
servicios básicos, como el alimento y la salud. Por la importancia que
tienen estos gastos, son los últimos en ser recortados en los períodos
de dificultades económicas.Por eso, cuando la reducción de gastos
alcanza al consumo necesario para satisfacer los requerimientos
alimentarios y los de la salud, esto repercute de manera directa en el
bienestar de las personas y vulnera los llamados derechos consagrados.
Los investigadores señalan que
"aquellos hogares que experimenten alguna de estas privaciones no sólo
estarían sufriendo un serio riesgo en sus condiciones de subsistencia,
sino que también el Estado no estaría cumpliendo plena o eficientemente
su función social”, manifestó Adaszko.
Más alarmante es la situación si tiene
en cuenta que sucede en un país que es uno de los principales
productores alimentarios del mundo. “Este tipo de inseguridad no deriva
de un problema vinculado con la escasez de alimentos, sino con la
distribución y el acceso lo que, nuevamente, pone en cuestión la
eficacia de las políticas sociales, y dentro de ellas la alimentaria”
señaló.
Los números reflejan que en Rosario, el
10 por ciento de los hogares sufre inseguridad alimentaria. A su vez,
si se desglosa este número se advierte que en 3 de estos 10 hubo un
grado de severidad, lo que significa que sus integrantes directamente
pasaron hambre.
En tanto, el 6,9 tuvo inseguridad
alimentaria moderada (la gente se vio obligada a modificar la dieta por
cuestiones económicas).
El mayor riesgo se observó en los
hogares cuyo principal sostén económico era una mujer o en aquellos en
los que el hombre se encontraba en situación de precariedad laboral.
Por otra parte, el cambio de
alimentación por una comida más insuficiente se dio mayormente en los
hogares con jefes en condiciones de trabajo endebles.
En lo que respecta a la presencia de
menores, los datos arrojan que en aquellos domicilios en los que vivían
niños y adolescentes se experimentaban niveles de inseguridad
alimentaria superiores a aquellos donde sólo había adultos. Así, los
hogares con niños duplicaron las chances de padecer este tipo de
problemática.
El estudio también demostró que existe
claramente una franja de población vulnerable en lo que hace a la
inseguridad alimentaria que se encuentra radicada tanto en villas y
asentamientos precarios, como en las zonas más pobres dentro de la traza
urbana formal.
A nivel nacional, el año pasado, el 25
por ciento de los hogares que padecían inseguridad alimentaria severa y
el 43 por ciento de aquellos con inseguridad moderada no recibían
ningún tipo de asistencia económica por parte del Estado.
Según el trabajo, “los datos relevados
permiten inferir que en las políticas públicas existe una dificultad en
lo que hace a las estrategias para llegar a los hogares más
necesitados”.
Esto plantea interrogantes sobre la
efectividad de los programas sociales para resolver problemas asociados
con la pobreza. “Sería de suma importancia dirigir los esfuerzos a estos
hogares”, concluyeron los analistas.
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