Impuestos: Bonfatti pidió media sanción antes de las vacaciones

Fuera de la Casa Gris, volvieron a verse las caras socialistas y radicales. Fue luego de la frustrada invitación -del 4 de junio- que había extendido el gobernador Antonio Bonfatti.

 La reunión se realizó fuera de la Casa Gris. Los cronistas vieron salir al gobernador Antonio Bonfatti y su ministro de Gobierno Rubén Galassi de prisa y sin ánimo de dar explicaciones sobre su destino. Unos y otros, tanto los hombres que llevaban sus sacos en el brazo como los que portaban sus grabadores, sabían que la reunión con los radicales iba a llevarse a cabo, pero en otro ámbito menos expuesto a los periodistas.

Para fumar la pipa de la paz, radicales y socialistas fueron a otra carpa. La sede el Ejecutivo provincial tenía demasiadas miradas extrañas, que hubieran podido minar de incomodidades la fumata. En medio del humo y de las indefiniciones que subsisten sobre el proyecto (no está acordada “la letra chica”) hubo al menos acuerdo para que el oficialismo se comporte como uno solo en Senadores a la hora de pedir una preferencia a la mayoría justicialista.

Sin flashes

No fueron a sacarse una foto, sino a hablar de política. Y eso ocurrió, ayer, en la oficina que el diputado Eduardo Di Pollina tiene frente a la Legislatura.

Para cuando los radicales llegaron al edificio de General López al 3000 ya los estaban aguardando el gobernador Antonio Bonfatti y el ministro de Gobierno Rubén Galassi. Luego se sumó el senador Miguel Lifschitz.

Esta vez, el dato del escenario no es menor. Di Polina había jugado en la interna del socialismo del lado de Rubén Giustiniani (no junto a Binner y a Bonfatti), pero es quien de su paso como presidente de la Cámara de Diputados conserva una aceitada relación con los principales jefes de los bloques del balcanizado peronismo en Diputados. Y como ayer explicó El Litoral, entre los diputados del socialismo se mueven las fichas para redeterminar roles tras la salida impensada de Raúl Lamberto, el flamante ministro de Seguridad.

Por otra parte, en el caso Lifschitz, el ex intendente de Rosario, es senador por ese departamento con un caudal de votos impresionante, y con una clara pertenencia al sector del PS que encabezan el actual y el anterior gobernador. Sin dudas, tiene un peso político propio.

Al misterio de la reunión se le sumó -además de sus protagonistas- el lamentable servicio de telefonía celular, que ayer otra vez hizo que los usuarios de medio país notaran cuán importante es.

Al terminar la negociación, se acordó tanto revisar qué se había dicho puertas adentro como qué se habría de decir fuera de la oficina de Di Polina. El comunicado de prensa que remitió el gobierno provincial tuvo el visto bueno de los legisladores radicales Felipe Michlig, Hugo Marcucci y Santiago Mascheroni que se entrevistaron con Bonfatti, y -según se dice- salieron de buen humor.

Criterios

El planteo del radicalismo sobre qué ocurrirá con la actualización de los avalúos en el impuesto inmobiliario fue abordado tanto para los inmuebles rurales como los urbanos. La UCR advirtió que no sólo los propietarios de los campos chicos que hasta aquí no pagaban ganancias ni bienes personales serían arrojados a la lista de los contribuyentes a esos impuestos nacionales, también les ocurriría lo mismo a miles de dueños de una casa en cualquier ciudad.

Se habló de “encontrar una fórmula” que les permita salir adelante. Desde el gobierno, se mostró algo más de apertura a revisar el tema, aunque también se les recordó a los radicales que la cuestión es especialmente espinosa para la mayoría justicialista de ambas Cámaras, ya que por lo mismo (los avalúos fiscales en la provincia de Buenos Aires, actualizados por decreto) hubo un paro nacional de las entidades del agro.

El argumento que más parece haber prendido en el Ejecutivo es que no es buena idea tocar los avalúos de los inmuebles (sobre todo los urbanos) mientras el gobierno nacional no mueva el mínimo no imponible de ganancias y bienes personales. Tanto para el primero de los impuestos (por decreto) como para el segundo (requiere una ley), el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tiene los instrumentos al alcance de la mano para la actualización (que entre otros reclama el líder de la CGT Hugo Moyano).

Otro punto que parece que van a “analizar” los miembros del oficialismo es qué hacer con el impuesto a los ingresos brutos que pagan las 21 mil industrias que existen en Santa Fe, pero gozan de excepciones unas 120 (que facturan individualmente más de 50 millones anuales) y están ubicadas en el Gran Rosario. “Es difícil explicarles a las demás empresas por qué los que más pueden pagan menos”, se dijo en la reunión.