lunes, 7 de mayo de 2012

SANTA FE: Insisten en la creación de un registro provincial de violadores

Es la tercera vez que la diputada justicialista, Silvia De Césaris, ingresa el proyecto, pero nunca fue debatido. La información podría ser consultada por “todo aquel que invoque un interés legítimo”.

 

Haciendo un uso fino del oportunismo, tras la conmoción social que generó el caso de la joven abusada en la Peatonal santafesina, la diputada justicialista Silvia De Césaris, presidenta del bloque Producción y Trabajo en el Frente para la Victoria volvió a presentar en la Cámara baja de la provincia un proyecto para crear un Registro de Condenados por delitos contra la Integridad Sexual.


Se trata de una iniciativa que ya fue presentada en los períodos 2008 y 2010, pero en ambas oportunidades perdió estado parlamentario y ni siquiera llegó a ser discutido. Con las marchas en reclamo de un “cambio en la legislación”, para que los violadores “no salgan más”, De Césaris volvió a la carga con su proyecto que implicaría que el Ministerio Público Fiscal registre a las personas con condena firme por delitos contra la integridad sexual, ya sea un abuso o una violación.


A grandes rasgos, la idea sería sumar esta información al ya existente Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas. “Junto con la creación de este registro, que debe contener todos los datos de la investigación más fotos, huellas dactilares e información de la causa, también se prevé la creación de un registro de ADN, que son datos propios de cada personas que son absolutamente inalterables”, explicó la diputada.


“Está comprobado –continuó– que la mayoría de los abusadores sexuales y criminales violentos tienen un alto porcentaje de reincidencia; la reiteración de sus delitos es prácticamente instintiva. Por eso resulta importante tener el registro de ADN, pues la información que contiene, podrá ser consultada por todo aquel que invoque un interés legítimo, como por ejemplo, autoridades educativas”, sostuvo De Césaris para justificar la iniciativa.



Las dos caras del problema
En este sentido, la legisladora diferenció dos caras de la problemática: “la condición de abusador sexual es un estigma que acompaña de por vida al autor y eso puede impedirle acceder a la vida en comunidad. Pero, por otra parte, las estadísticas indican el altísimo nivel de reincidencia, que sustentan el derecho de los miembros de esa misma comunidad a conocer la existencia de un eventual riesgo y protegerse”, argumentó la autora del texto. Luego evaluó: “Con todo lo que ha pasado, con lo que vemos en la ciudad de Santa Fe, donde ya ni el lugar de trabajo es seguro, espero que los diputados nos pongamos los pantalones largos y discutamos” este tema.


Recordó que la ley puede ser modificada y mejorada, y que no se trata de información de acceso libre, ya que prevé que quien quiera acceder al registro deberá fundamentar un interés legítimo. “Muchos dicen que es estigmatizar al victimario, pero mi posición es clara: entiendo que las cárceles no son lugares donde al delincuente se los forme para reinsertarlos en la sociedad. Pero de esto debe encargarse el Estado. Yo me preocupo y ocupo por la víctima. Entiéndase: no va a haber afiches en la calle con la cara de los violadores, sólo será un registro al que tendrá acceso quien compruebe su interés legítimo. Esto se ha implementado con éxito en varios países y en nuestro país en Mendoza. No es una caza de brujas, la ley está analizada y guarda todas las formas jurídicas. Por una vez, debemos pensar en las víctimas y en la inseguridad que estamos viviendo”, concluyó.


En debate permanente
Uno de los países que dispone de una de las bases de datos más grandes del mundo es Inglaterra, con más de 38 millones de huellas genéticas de autores de delitos contra la integridad sexual y de homicidios. Además, cuenta con un sistema de seguimiento satelital a delincuentes sexuales.


También en Europa, Francia aprobó en 1998, la ley que permite almacenar ADN de personas sospechadas de este tipo de delitos, e incluso el ex primer ministro Sarkozy propuso la aplicación voluntaria de la castración química para los pederastas después de cometido el delito. En Estados Unidos, una ley de 1996, autoriza a la publicación de un sitio web de los datos personales de quienes han sido penalizados por este tipo de delitos para evitar su reincidencia en otra jurisdicción del país.


Sin embargo, el debate está lejos de estar cerrado. Y la sucesión de proyectos presentados en los últimos años en Argentina, en legislaturas de distintas provincias, demuestra que la conflictividad de este tipo de delitos es muy particular, pero de una resolución compleja. Una de las ocasiones que tuvo mayor repercusión, por lo extremo de la propuesta fue en el mes de marzo de 2010, cuando el por entonces gobernador mendocino, Celso Jaque, planteó la idea de castración química para violadores. En aquel momento, Jaque expresaba que los condenados por delitos sexuales podrían elegir si aceptaban o no esa alternativa, cuya ventaja era la eliminación del deseo sexual que los lleva a cometer delitos.


Esa propuesta de Jaque tuvo eco en la provincia de Santa Fe, donde los legisladores del peronismo Alberto Monti y Jorge Lagna, se apoyaron en el debate que se dio en la sociedad mendocina para impulsar una medida penal tendiente a castrar químicamente a los agresores sexuales. Sin embargo, aquella iniciativa tampoco prosperó.

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