ROSARIO: El Consejo de Seguridad pidió combatir la narcocriminalidad

Con la presidencia del gobernador Antonio Bonfatti se reunió el Consejo Provincial de Seguridad que tuvo una respuesta amplia a la convocatoria. Coincidencia en lamentar la ausencia de representantes de la Justicia santafesina y se enfocó en la necesidad de encarar el combate de la “narcocriminalidad”.

 “Soy ciudadano, soy padre y soy abuelo. Y los mismos delitos nos comprenden a todos”, concluía Bonfatti en el encuentro realizado el pasado viernes en Rosario y agregaba que “me preocupa que persigamos hormigas cuando en realidad buscamos el hormiguero” y celebró la convocatoria “que deberemos ampliar para comprender a todos” en reuniones que sean “productivas, aunque vayamos resolviendo de un tema a la vez”, sostuvo el mandatario provincial.

Así se cerraba una jornada de discusión entre representantes del gobierno de la provincia y de entidades -principalmente rosarinas- del primer encuentro del Consejo Provincial de Seguridad, convocado en el Salón Blanco de la sede de gobierno en el sur provincial. A esta reunión le sucederá otra que tendrá como sede la ciudad de Santa Fe.

Varias intervenciones celebraron la decisión del gobierno -expresada por el ministro de Seguridad, Leandro Corti- de plantear una dura batalla contra la denominada “narcocriminalidad” que expresa un sistema más complejo que la represión de los locales o de la distribución de sustancias prohibidas.

En ese sentido Corti explicó las medidas dispuestas mediante el decreto provincial 1369 que establecen que tanto las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), como la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones (ex Drogas Peligrosas) y la División Unidad Especial de Apoyo y Coordinación para la Prevención y Lucha contra la Trata de Personas, dependerán operativamente en forma directa del Ministerio a su cargo.

“Fue una decisión política saludable” para avanzar en la estrategia de disminuir los delitos relacionados al narcotráfico, justificó el funcionario para aclarar que “no se trata de la solución del tema, sino que es un paso enorme en la reestructuración de la política estratégica del Estado para afrontar un delito tan complejo como es la narcocriminalidad en todo el territorio provincial y puntualmente en la ciudad de Rosario”.

La intervención de la intendenta de Rosario, Mónica Fein, también permitió tomar dimensión de lo que se enfrenta: “Sabemos que los ‘kiosquitos’ de barrio que distribuyen droga afectan a los sectores más jóvenes y los más pobres -en síntesis, los más vulnerables- pero este es un circuito que no concluye allí sino que se extiende y abarca a barrios acomodados de Rosario donde, además, seguramente hay actividad comercial o productiva en negro. Y esto permite advertir de la compleja situación de la que estamos hablando”.

Mayor participación

En otro tramo del encuentro el gobernador Bonfatti coincidió en el pedido de reformulación de la reglamentación del consejo provincial en general y de Rosario en particular. “Tenemos que tratar dijo que a esta reunión vengan todos los actores involucrados en el tema. Todos estamos marcados por la necesidad de resolver estas cuestiones”, recalcó.

Los representantes de las entidades convocadas coincidieron -en varias oportunidades- en destacar la importancia de la convocatoria pero lamentaron que “hemos perdido dos años ya que es el tiempo que pasó desde la anterior reunión” y deslizaron sugerencias para incluir mayor participación tanto del Poder Legislativo, de las Organizaciones de la Sociedad Civil como de otros protagonistas sociales como el de los presidentes de clubes de fútbol, en donde la violencia -y otras conductas- se hacen presentes de manera recurrente.

Otra de las coincidencias tuvo que ver con las actitudes de algunos profesionales del Derecho que, más que defender a una persona, “al parecer se suman a una cadena delictiva. Se debe revisar el límite ético para que no haya extralimitaciones”, fue el pedido que se elevó en la reunión.

Concluidas las intervenciones Bonfatti propuso que “nos demos un tiempo para que cada cual haga su propuesta de cómo se debería articular este consejo de Rosario en particular. Después, con el ministro (Corti) se verá el provincial porque esta problemática de la droga en Rosario, en menor escala, se repite de igual modo hasta en el pueblito más chico”.

“Tomo nota de las noticias, tomo nota de nuestra responsabilidad que nos cabe como gobierno, la de todos nosotros, lo que ocurre en el barrio, lo que dijeron los legisladores. Vayamos con un plan de trabajo avanzando y sabiendo que esto es complejo, que no tendremos soluciones de un día para el otro pero que al menos vamos a seguir un camino”, puntualizó el gobernador.

Asistentes

El gobernador Antonio Bonfatti y el ministro Leandro Corti estuvieron acompañados por los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi; de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, y de Desarrollo Social, Mónica Bifarello; la intendenta de Rosario, Mónica Fein; el secretario de Seguridad Pública de la provincia, Marcos Escajadillo; legisladores provinciales, el jefe de Policía Provincial, Hugo Tognoli, y el jefe de Policía de Rosario, Walter Miranda. También asistieron al encuentro, representantes de las cámaras de Agencias de Seguridad Privada, de las universidades nacionales de Rosario y del Litoral, de la Universidad Católica Argentina, miembros del Arzobispado de Rosario y de otras religiones; integrantes de Gendarmería, del Foro Regional Rosario y de la Federación de Entidades Mutualistas, entre otros asistentes.

El nuevo sistema

La transformación de la justicia comunal o de paz en justicia comunitaria de pequeñas causas es, junto con la reforma procesal penal y la mediación prejudicial obligatoria en materia civil y comercial, una de las tres patas de la transformación de los sistemas judiciales en la provincia.

En mayo de 2009, el Poder Ejecutivo le dio impulso a la modernización del modelo al enviar un mensaje a la Legislatura e incluso pedir su tratamiento en extraordinarias. En marzo de 2011 las Cámaras lo convirtieron en ley, estableciendo un procedimiento moderno, oral y breve para causas que involucren montos menores de dinero, entre otras innovaciones, como por ejemplo la incorporación de la mediación comunitaria y, de manera progresiva, la separación de funciones jurisdiccionales y de Registro Civil que históricamente estaban subsumidas en los jueces comunales.

Según este esquema, los nuevos juzgados comunitarios se verán potenciados al absorber causas que hoy se direccionan al fuero de Circuito, es decir, que estos cambios tendrán incidencia en todo el fuero civil y comercial. Además de los juzgados de este tipo que se extienden por todo el territorio santafesino, se crearán otros en las principales ciudades de la provincia, los cuales serán localizados en distintos barrios.

Los principios que sustentan a la nueva justicia comunitaria, además de la oralidad, son la simplicidad, la celeridad, la economía y la inmediatez. También se busca, en un sentido amplio y a largo plazo, disminuir la litigiosidad.

En cuanto a la selección de jueces comunitarios, una de las primeras acciones del ex gobernador Binner fue modificar el mecanismo de designación a tono con los principios que rigen el Consejo de la Magistratura. Se llevó adelante un concurso para cubrir vacantes en las cinco circunscripciones cuando aún estaba vigente la justicia comunal y actualmente se encuentra en marcha otro concurso múltiple para seleccionar jueces que actuarán en este nuevo sistema, donde por ley el concurso es obligatorio al igual que el acuerdo legislativo para los magistrados