La situación de precariedad en
la actividad fue denunciada desde el sindicato. Además, indicaron que
desde que se creo el registro, en 2009, se realizó un sólo curso de
capacitación, con 15 asistentes.
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En la edición del domingo, Diario UNO publicó la denuncia
del padre de un joven de 19 años, que fue agredido - junto a su primo y
la novia- por patovicas en una discoteca santafesina, ubicada sobre la
ruta 168. La repercusión de la noticia sumó ahora la voz del
representante del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión
y Permanencia (Sutcapra) en Santa Fe, el abogado Andrés Egea, quien
brindo detalles sobre la situación de precariedad por la que está
atravesando la actividad en la ciudad de Santa Fe.
Al respecto, Egea explicó que desde el propio sindicato y en conjunto con el ministerio de Trabajo de la Nación, se impulsó en diciembre pasado una inspección general en las discotecas de la ciudad y los resultados fueron alarmantes: ningún boliche cumplía los requisitos legales respecto de los controladores.
“En la ciudad de Santa Fe debe haber unas 200 personas que trabajan en la actividad. Sin embargo, no más de 20 trabajadores están en blanco, y entre estos 20, sólo 15 deben tener el curso de capacitación hecho”, detalló.
La laxitud en los controles municipales, derivó que en los tres años que pasaron desde que se dictó la ordenanza 11.598, que creaba el registro de trabajadores de control, admisión y permanencia hizo que, desde entonces, el curso de capacitación se haya dictado una sola vez. Pero además, permite que el propietario de una discoteca tenga menos personal que el requerido por ley (un controlador cada 80 personas) y que además, tenga a sus trabajadores no registrados.
“Esta precariedad no le brinda seguridad jurídica a nadie. Ni a los trabajadores, para profesionalizarse, ni a los empresarios y mucho menos a la sociedad. Entonces, lo que falta es un firme compromiso de todos los sectores, porque este es un trabajo con una implicancia social muy fuerte”, agregó el abogado.
Además de la ordenanza municipal Nº 11.598, la actividad también está regulada por la ley provincial Nº12.305 que se adhiere a la ley nacional Nº 26370. Esta normativa también detalla que el curso de capacitación debe ser de 240 horas y debe incluir técnicas de control no agresivas.
Con la sola presencia
“Esta capacitación es lo que falló en el caso de los chicos conocido ayer. Falló la prevención y también la cantidad de controladores que debe haber en el lugar. La función del personal de control es intimidar y reducir con la misma presencia física y la cantidad que son. Si aparece un sólo controlador, los amigos de la persona que esté causando problemas le van a querer pegar, si aparecen cuatro o cinco controladores, la situación se neutraliza por la sola presencia”, graficó Egea.
Y agregó: “La escasa cantidad de personal, la no capacitación y su condición de trabajador en negro, es decir sin continuidad laboral, generan un cóctel explosivo”, indicó Egea.
En este sentido, el abogado indicó que está prevista la realización de una reunión con el subsecretario de control de la Municipalidad, Sebastián Montenotte y que se están coordinando controles en conjunto y el dictado de cursos de capacitación para formalizar la actividad.
“Lo que hemos hablado es la posibilidad de actualizar el registro y dictar los cursos correspondientes. La idea es que esta capacitación no sea abierto al público en general en una primera instancia, sino específicamente destinado para quienes ya están trabajando en la actividad y poder regularizar la situación existente. Luego sí podría ser abierto como una salida laboral”, indicó.
Al respecto, Egea explicó que desde el propio sindicato y en conjunto con el ministerio de Trabajo de la Nación, se impulsó en diciembre pasado una inspección general en las discotecas de la ciudad y los resultados fueron alarmantes: ningún boliche cumplía los requisitos legales respecto de los controladores.
“En la ciudad de Santa Fe debe haber unas 200 personas que trabajan en la actividad. Sin embargo, no más de 20 trabajadores están en blanco, y entre estos 20, sólo 15 deben tener el curso de capacitación hecho”, detalló.
La laxitud en los controles municipales, derivó que en los tres años que pasaron desde que se dictó la ordenanza 11.598, que creaba el registro de trabajadores de control, admisión y permanencia hizo que, desde entonces, el curso de capacitación se haya dictado una sola vez. Pero además, permite que el propietario de una discoteca tenga menos personal que el requerido por ley (un controlador cada 80 personas) y que además, tenga a sus trabajadores no registrados.
“Esta precariedad no le brinda seguridad jurídica a nadie. Ni a los trabajadores, para profesionalizarse, ni a los empresarios y mucho menos a la sociedad. Entonces, lo que falta es un firme compromiso de todos los sectores, porque este es un trabajo con una implicancia social muy fuerte”, agregó el abogado.
Además de la ordenanza municipal Nº 11.598, la actividad también está regulada por la ley provincial Nº12.305 que se adhiere a la ley nacional Nº 26370. Esta normativa también detalla que el curso de capacitación debe ser de 240 horas y debe incluir técnicas de control no agresivas.
Con la sola presencia
“Esta capacitación es lo que falló en el caso de los chicos conocido ayer. Falló la prevención y también la cantidad de controladores que debe haber en el lugar. La función del personal de control es intimidar y reducir con la misma presencia física y la cantidad que son. Si aparece un sólo controlador, los amigos de la persona que esté causando problemas le van a querer pegar, si aparecen cuatro o cinco controladores, la situación se neutraliza por la sola presencia”, graficó Egea.
Y agregó: “La escasa cantidad de personal, la no capacitación y su condición de trabajador en negro, es decir sin continuidad laboral, generan un cóctel explosivo”, indicó Egea.
En este sentido, el abogado indicó que está prevista la realización de una reunión con el subsecretario de control de la Municipalidad, Sebastián Montenotte y que se están coordinando controles en conjunto y el dictado de cursos de capacitación para formalizar la actividad.
“Lo que hemos hablado es la posibilidad de actualizar el registro y dictar los cursos correspondientes. La idea es que esta capacitación no sea abierto al público en general en una primera instancia, sino específicamente destinado para quienes ya están trabajando en la actividad y poder regularizar la situación existente. Luego sí podría ser abierto como una salida laboral”, indicó.
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