Desde Apyme y Festram se
manifestaron a favor de cambio impositivos en la provincia, pero sólo
para grandes contribuyentes. “Que tributen los grupos económicos que
mantienen exenciones desde los 90”, dijeron.
A propósito de la intención del gobierno provincial de
reavivar la discusión en torno a un proyecto de reforma tributaria,
desde Apyme Rosario, organización que nuclea a pequeñas y medianas
empresas, dijeron estar a favor de una modificación integral de la
estructura impositiva santafesina, siempre y cuando se fije una carga
mayor para los sectores productivos que obtienen más rentabilidad y con
rebajas para los pequeños contribuyentes, según indicó el presidente de
la entidad, Juan José Sisca. En la misma línea, desde la Festram,
federación que agrupa a sindicatos municipales de la provincia, rechazan
“enérgicamente” cualquier propuesta de aumento de impuestos, aunque
acuerdan con una reforma equilibrada para que tributen grandes grupos
económicos, tal como lo afirmó el secretario general de la organización,
Claudio Leoni.
Tras finalizar el ejercicio 2011 con déficit en sus cuentas públicas, el
gobierno de Santa Fe reconoció la necesidad de aumentar la recaudación
en un contexto de apertura de negociaciones salariales con los
trabajadores estatales. Y para ello buscó reinstalar el debate
político-económico que habilite una reforma tributaria, proyecto negado
por sectores agroindustriales y la oposición justicialista en dos
oportunidades durante la administración Binner, por considerar a la
iniciativa como “un mero aumento de impuestos”.
El gobernador Antonio Bonfatti admitió que el tema está “en estudio” y
hasta propuso abrir una discusión a nivel nacional. El mandatario se
colocó por un rato el delantal de cocinero de la Cada Gris y apeló a la
metáfora “hay que dar vuelta la tortilla”, para reconocer que el actual
sistema impositivo “es injusto”, ya que “perjudica a los menos tienen”.
Apyme Rosario sentó posición: “Hablar de pagar más es siempre
antipático, pero hay que impulsar un equilibrio fiscal. La reforma
debería rebajar a pequeños y aumentar a grandes empresas. Una reforma
tributaria en la provincia y a nivel nacional debería apuntar a que
tributen quienes más ganan, con una diferenciación hacia las pymes, que
son las mayores generadoras de puestos de trabajo, tienen un impacto en
el producto interno nacional de más del 50 por ciento y, en la mano de
obra, de más del 70 por ciento. El debate sobre una reforma tributaria
integral es una materia pendiente”, sostuvo Sisca ante la consulta de
este diario.
Ingresos Brutos es un tributo que el fisco provincial percibe de manera
integral, pese a que la actividad industrial está exenta. Otros ingresos
directos a las arcas de la Casa Gris se conciben a través del impuesto
Inmobiliario, Sello y Patente, ya que el resto de los recursos provienen
de la Nación. “Deberían pagar más los que mayor rentabilidad tienen”,
insistió Sisca, y agregó: “El mismo criterio se debería aplicar en
Ingresos Brutos. Las grandes empresas y las cerealeras deben pagar este
tributo, incluso rebajando la alícuota a pequeños comercios”.
En igual sintonía se pronunciaron desde la Federación de Sindicatos
Municipales de la provincia de Santa Fe (Festram), que viene denunciando
una “distorsión” de las cargas tributarias “a favor de los sectores con
mayor rentabilidad y concentración económica, en desmedro de las
pequeñas y medianas empresas, profesionales, comerciantes, trabajadores y
sectores populares de menores ingresos”.
El titular de la federación, Claudio Leoni, expuso la postura de la
entidad gremial con relación a una eventual reforma tributaria: “No
queremos que los impuestos lo sigan pagando los mismos de siempre.
Reclamamos una participación activa del Estado provincial para que
tributen los grandes grupos económicos que mantienen exenciones
impositivas desde la década del 90”, señaló el sindicalista.
Al mismo tiempo, propuso “que el Ejecutivo y la Legislatura examinen con
responsabilidad institucional y justicia social las exenciones
impositivas establecidas a los sectores de alta rentabilidad, como
exportadores, terminales portuarias, grandes industrias vinculadas a la
actividad primaria y al sector financiero, entre otros, que se quedan
con más de 2.900 millones de pesos”. Y completó: “En este grupo hay más
de cien empresas multinacionales que operan en la provincia sin pagar un
solo peso de impuesto”.
“Irracionalidad tributaria”
Tanto Apyme como Festram coincidieron, además, en la necesidad de
actualizar a valores del mercado los impuestos Inmobiliario Urbano y
Rural. En este último caso, entidades ruralistas, como la Federación
Agraria, volvieron a rechazar –como en 2009– la idea impulsada por el
gobierno provincial, al argumentar que los productores están hoy ante un
escenario de “pérdida de rentabilidad” como consecuencia de la sequía
que afectó el normal desarrollo de los cultivos de soja y maíz.
La FAA planteó que acuerda con un cambio del actual “modelo regresivo en
el cobro de gravámenes”, pero consideraron “inoportuna” la iniciativa
lanzada por el gobernador Bonfatti de aumentar la alícuota del
Inmobiliario Rural. La cuestión genera una feroz resistencia en los
hombres de campo, siempre audaces a la hora de esquivar al fisco. En
este sentido, el Ejecutivo santafesino entiende que no hay relación
entre la valuación patrimonial de un pedazo de tierra fértil en la Pampa
Húmeda con el tributo correspondiente.
Al respecto, Sisca opinó: “Debería haber una suba en el Inmobiliario
Rural, para las grandes extensiones, sobre todo en la provincia de Santa
Fe en los lugares de mayor producción. En la denominada zona núcleo la
rentabilidad de las tierras es muy elevada, y en algunos casos el
impuesto Inmobiliario que se paga es ridículo en función de lo que vale
la tierra y de lo que produce, diferenciando a los sectores más
pequeños”. Y continuó: “No tiene que ser un aumento de impuestos, sino
una reforma integral. Se intentó hacer con el Inmobiliario Rural y ante
las presiones de los grandes productores se frenó. Pero… si no pagan
ellos, ¿quién va a pagar?, ¿el trabajador en detrimento del mercado
interno?”.
Por su lado, Festram pidió que “no se sigan ocultando los valores reales
de las propiedades urbanas y rurales. El impuesto Inmobiliario se
aumenta en porcentajes para ocultar el patrimonio efectivo de sus
propietarios, fomentando la evasión a toda tributación vinculada con la
riqueza”. Para la organización gremial, “la irracionalidad tributaria
queda expuesta con la siguiente comparación: un acoplado con tres años
de antigüedad que transporta la producción y cuyo costo es de 60 mil
pesos paga 600 de Patente anual, mientras que una hectárea, cuyo valor
en zona fértil supera los 90 mil pesos, sólo abona 100 al año de
impuesto Inmobiliario. Un trabajador que percibe el salario mínimo
pagará 6.300 pesos anuales sólo por impuestos al consumo. Nosostros no
queremos aumento de impuestos, exigimos la equidad tributaria”.
Leoni aseguró que en la provincia de Santa Fe, “las corporaciones se
siguen imponiendo sobre la política” y solicitó que se dejen de lado la
“pirotecnia partidaria, porque al final el resultado siempre es el
mismo: a los trabajadores bajos salarios y a los grupos económicos
exenciones impositivas”.
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