El caso ocurrió en Rufino hace
dos años. Los imputados vienen denunciando irregularidades. Para la
defensa, la Cámara Penal venadense \"no es imparcial\". Por eso pide que
se aparte.
El escabroso proceso judicial por el crimen de un policía
ocurrido en Rufino en 2010 sigue acumulando controversias dignas de un
libro. Mientras la Cámara Penal de Venado Tuerto ordenó un nuevo juicio
oral que comenzará el 12 de marzo y un juez de Melincué prorrogó la
prisión preventiva de los tres acusados, la defensa insiste en que la
causa está atravesada por graves irregularidades y considera que el
actual tribunal no es imparcial. Así, los imputados pidieron el
avocamiento —es decir, la intervención— de la Corte Suprema de Justicia
santafesina para que el máximo tribunal provincial declare la nulidad de
todo lo realizado por la Cámara venadense y le ordene "abstenerse de
seguir interviniendo en el proceso".
Si en algo podrían coincidir las partes
es en la gran complejidad de esta causa originada con la muerte del
agente Emiliano Célis, de 18 años, el 9 de marzo de 2010. El homicidio
causó en Rufino una conmoción tan profunda como las anomalías que se
denunciaron respecto de la investigación, entre las que se destaca una
muy particular: la víctima fue inhumada sin que se le practicara la
autopsia.
Así, en los últimos meses en la causa
se vienen sucediendo fallos, recusaciones, denuncias por apremios
ilegales y hasta tres condenas acordadas mediante un juicio abreviado
que finalmente fue dejado sin efecto. Y mientras la Justicia avanza en
el proceso, la defensa de los imputados desconoce la competencia de la
Cámara Penal venadense y reclama que el caso sea resuelto por un
"tribunal imparcial"
Persecución. Hijo de
un comisario inspector, el agente Emiliano Célis llevaba seis meses en
la policía cuando murió el 9 de marzo de 2010, participando de la
persecución a los ladrones que habían maniatado y robado a un matrimonio
en Rufino. Esa noche uno de los delincuentes, Enrique Zapata, recibió
un impacto de bala de goma y se entregó.
Otro maleante, Diego Guzmán, corrió
hacia un complejo deportivo seguido por tres policías armados. En ese
marco se hicieron los disparos que provocaron la muerte de Célis e
hirieron de cuatro balazos a Guzmán, quien luego fue acusado de matar al
joven policía a partir del hallazgo de un arma cerca del lugar donde lo
hirieron. El tercer imputado, José Darío Guajardo, está señalado como
autor intelectual del robo que dio origen a la fatal persecución.
Abreviado. Con los
tres ladrones tras las rejas y uno de ellos acusado del crimen del
policía, se desarrolló una causa muy compleja y con varias objeciones
por parte de la defensa, que viene denunciando violaciones a las
garantías de los imputados. Entre otras, cuestiona que Guzmán pasó los
seis meses iniciales del trámite sin defensa; que no hubo pericias que
establecieran de qué arma salieron las balas homicidas, que extrañamente
no se practicó la autopsia al cuerpo de la víctima y que hubo denuncias
no atendidas de apremios ilegales contra los implicados.
En este marco enmarañado, los propios
imputados aceptaron en septiembre del año pasado una propuesta de la
fiscalía venadense para resolver el caso mediante un acuerdo de juicio
abreviado. Los tres admitieron las imputaciones y aceptaron las condenas
de 23 años para Guzmán, nueve para Zapata y seis para Guajardo.
Sin embargo, el entonces defensor de
los imputados dejó a salvo la opción de recurrir a la Corte Suprema en
virtud de las violaciones constitucionales que hubo durante el juicio. A
raíz de esa salvedad, el tribunal oral que debía homologar el acuerdo
lo dejó sin efecto. Es que si se homologaba la condena, se argumentó, el
juicio tenía que terminar allí, de lo contrario dejaba de ser
abreviado.
Esta resolución fue apelada tanto por
la fiscalía como por la defensa y el caso pasó a la Cámara Civil
venadense, aunque en el medio tuvo un reciente paso por la Cámara Penal
en feria de Rosario, que la devolvió a Venado Tuerto.
Avocamiento. En este
ida y vuelta de fallos, recusaciones y apelaciones, Gregorio Gómez, el
abogado de los tres imputados, presentó un pedido de avocamiento a la
Corte Suprema de la provincia. "Hay serias irregularidades de orden
constitucional que afectan al proceso y gravosas violaciones que hacen
que el derecho de defensa quede en letra muerta. Por ello se acude a la
Corte Suprema para que ésta salvaguarde las garantías constitucionales y
los derechos", explicó el letrado, para quien "los distintos órganos
que intervinieron en la causa (la Cámara Penal de Venado Tuerto y el
juzgado de Sentencia de Melincué) están lejos de ser imparciales".
"Hemos planteado recusaciones —añadió—
contra dos integrantes de la Cámara venadense para que se aparten de la
causa porque ya habían emitido opinión varias veces, lo cual generaba
una sospecha de parcialidad. Pero en vez de apartarse, la Cámara
prácticamente se apropia de la causa: rechaza todos los planteos
defensivos e inclusive genera actos tendientes a que el trámite continúe
sin atender a los plazos de resolución de algunos de nuestros
planteos".
Con su pedido ante el máximo órgano
judicial santafesino, la defensa espera que el trámite se detenga hasta
que se resuelvan sus planteos y así encauzar el proceso.
Anticipo. Mientras
tanto la causa sigue avanzando. En principio, ante la posibilidad de que
los imputados exijan su liberación por cumplirse —el próximo 9 de
marzo— dos años de proceso sin condena, la fiscalía de Cámaras venadense
pidió la prórroga de la prisión preventiva de los acusados. El
miércoles pasado el juez de Melincué Daniel Curik la extendió por un año
más.
"Más allá de que planteamos la nulidad
de esta audiencia, porque no estaba firme la posibilidad de que ese juez
interviniera ya que había sido recusado, extender la prisión preventiva
por un año a tres personas que dentro de veinte días serán juzgadas es
como un anticipo de pena", sostuvo Gómez respecto de otra novedad que,
obviamente, también fue apelada.
En este marco, el juicio oral por el
crimen del joven policía comenzará el próximo 12 de marzo. Salvo que la
Corte Suprema de Justicia de Santa Fe decida otra cosa. "Pretendemos que
la Corte tome conocimiento del caso, aparte a los jueces que creemos
que no son imparciales. Es necesario que esto lo defina la Corte y que
el proceso pueda inscribirse en el marco de lo normativo. Sólo
pretendemos que actúe un tribunal transparente, imparcial e
independiente", advirtió Gómez, dispuesto a llegar "si es necesario" a
la Corte Suprema de la Nación.
Queja
Además del avocamiento solicitado a la
Corte Suprema de Justicia santafesina, la defensa de los imputados en el
caso del crimen de un policía interpuso días atrás un recurso de queja
ante el máximo tribunal de la provincia. “La Cámara Civil de Venado
Tuerto denegó una recusación que hicimos a la Cámara Penal, entonces
interpusimos un recurso de inconstitucionalidad y también fue rechazado.
Por eso interponemos la queja, porque las consecuencias jurídicas de
ese rechazo son como una sentencia definitiva, ya que no permite seguir
discutiendo en otra instancia”, explicó el abogado Gregorio Gómez.
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